El concepto de Debida Diligencia (Due Diligence en inglés) ha evolucionado para convertirse en un elemento clave que transforma la estrategia corporativa en Europa, especialmente en el marco del impulso hacia la sostenibilidad. La Unión Europea ha diseñado un conjunto de regulaciones y directivas que no solo promueven, sino que también exigen a las empresas operar de manera responsable en áreas como el medio ambiente, los derechos humanos y la gobernanza corporativa; y el proceso de Debida Diligencia se ha establecido como una herramienta esencial para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones éticas y legales.
El papel de la CSDDD en la estrategia corporativa y de sostenibilidad
Uno de los marcos regulatorios más relevantes en esta área es la Directiva de Debida Diligencia en materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD o CS3D). Esta normativa tiene como objetivo promover el comportamiento empresarial responsable y sostenible, al exigir que las empresas incorporen consideraciones no financieras en sus prácticas comerciales. Esto incluye la identificación, prevención y remediación de impactos negativos en los derechos humanos, las condiciones laborales y el medio ambiente a lo largo de sus operaciones y cadenas de suministro.
La CSDDD se alinea con otras regulaciones europeas, como la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR). Estas normativas imponen requisitos de divulgación y transparencia, obligando a las empresas a informar sobre sus impactos y riesgos relacionados con factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La interconexión entre estas regulaciones asegura un enfoque integral hacia la sostenibilidad y refuerza la rendición de cuentas corporativa.
¿Qué implica la Debida Diligencia para las empresas?
En términos prácticos, el proceso de Debida Diligencia exige que las empresas identifiquen, evalúen y mitiguen los riesgos asociados a su impacto en los derechos humanos, el medio ambiente y la sociedad en general. Esto significa que la Debida Diligencia no es solo una medida preventiva, sino que también implica acciones correctivas cuando se detectan violaciones o impactos adversos.
Este enfoque preventivo se extiende a toda la cadena de valor de una empresa. Las organizaciones deben llevar a cabo evaluaciones de riesgos no solo dentro de sus operaciones directas, sino también en sus proveedores y socios comerciales. El objetivo es garantizar que las prácticas de terceros también cumplan con los criterios ESG. Las evaluaciones incluyen el análisis de factores como las condiciones laborales, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. El incumplimiento de estas normas puede tener consecuencias legales y reputacionales para las empresas.
El rol del paquete de finanzas sostenibles
Dentro de este marco, el Paquete de Finanzas Sostenibles de la UE juega un papel fundamental. Se trata de una serie de políticas que buscan redirigir el capital hacia actividades más sostenibles y garantizar que las inversiones financieras consideren los riesgos de sostenibilidad:
- Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation).
- Reglamento de la Taxonomía de la UE.
- Reglamento sobre Bonos Verdes de la UE.
- Planes de Acción del Pacto Verde Europeo.
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
- Planes de Movilización del Capital Privado.
Una de las piezas clave de este paquete, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), obliga a los participantes del mercado financiero a informar sobre cómo integran los riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión.
El SFDR no solo fomenta la transparencia, sino que también impone responsabilidades sobre los impactos de las inversiones en sostenibilidad. Esto está en línea con los principios de la CSDDD, asegurando que las empresas y las entidades financieras trabajen en conjunto para promover prácticas responsables que aborden el cambio climático, la desigualdad social y otros desafíos globales.
Otro componente importante del Paquete de Finanzas Sostenibles es el Reglamento sobre la Taxonomía de la UE, que establece un sistema de clasificación para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Las empresas deben garantizar que sus operaciones se alineen con esta taxonomía, contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad climática de la UE. La taxonomía ayuda a proporcionar una base común para identificar qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles, promoviendo una mayor coherencia en la transición hacia una economía más verde.
