En Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, muchas mujeres asumen el liderazgo en la defensa de los territorios frente a las agresiones ocasionadas por la industria agroalimentaria o los grandes proyectos energéticos, así como para denunciar el recorte de libertades ciudadanas y la persecución de los grupos opositores a las clases gobernantes. Seis de ellas han realizado una gira por Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco para visibilizar su situación. Desde Farmamundi compartimos este reportaje realizado por la periodista Jùlia Mas y publicado en La Directa. El artículo resume la gira de varias activistas por los derechos humanos promovida por Protection International Mesoamérica, Farmamundi y el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Años atrás, en las zonas boscosas del centro de Guatemala abundaban el cedro, el rosul y el canchán, y vivían diversas especies de primates y aves. Actualmente, su lugar lo ocupan grandes plantaciones de palma de aceite, inmensos parches de un color verde uniforme. Estos monocultivos, más allá de amenazar la gran biodiversidad de la zona, generan una grave afectación a un bien básico para la subsistencia de todas las formas de vida: el agua. Este tipo de planta necesita un riego intensivo que obliga a desviar ríos, los cuales se quedan secos. Y, además, los pesticidas que se vierten acaban también en los cursos fluviales, los contaminan y los dejan sin vida. El vertido de productos tóxicos ha hecho desaparecer los peces y el desvío de caudales ha secado los humedales.
En la Franja Transversal del Norte, en el corazón de este país mesoamericano, viven diferentes comunidades mayas q’eqchi’ que están viendo cómo la base de su supervivencia se ve amenazada por las industrias palmeras. “Estas empresas, que se presentan como proyectos de desarrollo, son en realidad proyectos de muerte, porque al dejarnos sin agua o haciéndonos beber agua contaminada, afectan y alteran nuestra salud, alimentación y forma de vida”, afirma un portavoz de la comunidad. Ahora las más de 3.000 personas que viven en la zona han dejado de consumir el agua del río San Román y deben hacer largos desplazamientos hasta otros lugares para poder lavar la ropa y abastecerse de agua potable, una tarea que recae principalmente en las mujeres.
Las defensoras toman la palabra
Como respuesta a esta problemática, desde las comunidades mayas de Alta Verapaz se creó el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och’, que en q’eqchi’ significa ‘madre tierra’. Este colectivo denuncia que los gigantes de la agroindustria de la región, como Palmas del Ixcán, Industria Chiquibul y NaturAceites, están vulnerando los derechos humanos de las comunidades y atentando gravemente contra el medioambiente. A la vez, exige al gobierno guatemalteco que “asuma su obligación de regular la expansión de las palmeras de aceite en nuestros territorios y sancione a los responsables de la contaminación ambiental y las violaciones de los derechos humanos”. Según un informe del colectivo ecologista Madre Selva del año 2019, el crecimiento exponencial de la producción de esta palmera se debe a las “ventajas comparativas otorgadas, como beneficios legales, ausencia de ley de aguas, existencia de abundantes fuentes hídricas y una frágil legislación ambiental e institucional”.
El activismo del Qana’ Ch’och’ está logrando frenar la expansión de este monocultivo apelando a los pequeños propietarios de tierras para que no las vendan a las industrias y fomentando que cada vez más comunidades se involucren en contra de las plantaciones. Sin embargo, esta firme oposición ha traído consigo consecuencias en forma de represión y criminalización: las autoridades de varios poblados organizados han sido denunciadas, y se han producido intimidaciones y amenazas.
Este caso no es el único. Si ampliamos el foco, el escenario en el que se reprime a activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos es mucho más amplio. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos (IM-Defensoras) denuncia que, en los últimos diez años, se han documentado 28.863 agresiones contra 7.738 activistas y 880 organizaciones de defensa de los derechos humanos. Marta Reina Coy Choc forma parte del Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua y es una de las seis defensoras de derechos humanos de Mesoamérica que, en junio de 2024, realizaron una gira por Cataluña, el País Valencià y el País Vasco para visibilizar sus luchas. Se trata de una iniciativa de la ONG Farmamundi y la organización Protection International Mesoamérica, con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
La represión contra defensores de derechos humanos en Guatemala está totalmente normalizada, especialmente en áreas rurales donde habitan comunidades indígenas. Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), en el primer semestre de 2024 se documentaron 1.115 agresiones, incluyendo 155 amenazas, 34 casos de criminalización, 13 asesinatos y 10 intentos de asesinato. En este contexto, Marta asegura que la ayuda de organizaciones internacionales es clave para que las defensoras puedan continuar con sus luchas. “Estamos muy agradecidas por el acompañamiento que recibimos. A veces sentimos que estamos solas, pero en realidad hay muchas personas que nos apoyan desde diferentes partes del mundo”, concluye.
La lucha por el acceso al agua y el respeto al territorio va mucho más allá de las fronteras de Guatemala. En el municipio de Reitoca, en Honduras, la comunidad indígena lenca lleva años luchando para proteger el río que sostiene su supervivencia. En 2016, la empresa Progelsa (Promotora de Generación de Energía Limpia) inició el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en la parte alta del río Petacón, lo que redujo considerablemente el caudal del río y la población de peces que lo habitan. Desde la comunidad se afirma que, al avalar este proyecto, el Estado incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a consultar e informar sobre cualquier proyecto que pueda afectar a las comunidades indígenas.
El proyecto hidroeléctrico al río Petacón (Honduras)
Actualmente, 12.000 personas podrían estar afectadas por esta infraestructura: la poca agua que les llega está contaminada y, al igual que en el caso de las comunidades de la Franja Transversal del Norte de Guatemala, a menudo son las mujeres quienes deben desplazarse para abastecerse. El riego de los cultivos se ha vuelto inviable, y por ello la comunidad ha abandonado la pequeña agricultura.
“Dicen que traen desarrollo y empleo, pero lo que realmente traen es destrucción y miseria,” asegura un portavoz de la autoridad indígena. Por otra parte, la resistencia contra este proyecto ha sido reprimida con dureza. Gissela Rodas, miembro del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, denuncia que la lucha que emprendió desde 2016 le ha significado violencia policial, heridas de bala, acoso en redes sociales y un proceso judicial contra su hermano y su esposo. A pesar de todo, se mantiene firme en “defender nuestra tierra, lo que es nuestro.”
Contra la violencia del Estado
Si nos trasladamos hacia el sur, en Nicaragua encontramos el régimen del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta del país, respectivamente. Ambos han sido objeto de denuncias de diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. De hecho, el año pasado, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU demostró y responsabilizó al gobierno de Ortega y Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2018, que se saldaron con 355 muertes en cinco meses.
Desde la llegada al poder del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 2007, la represión contra la disidencia política ha sido una constante, con encarcelamientos, torturas y también exnacionalizaciones. Este es el caso de Edipcia Dubón, exdiputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua y dirigente opositora, quien fue destituida en 2016 “de forma ilegal,” según ella misma afirma. En 2018, la dirección de su partido fue arrestada. Dubón logró exiliarse, pero uno de sus compañeros, Hugo Torres, murió en prisión. Dubón es una de las personas a las que el gobierno nicaragüense retiró la nacionalidad, junto con otras 92 exiliadas, a las que ya se sumaban 222 personas expulsadas a los Estados Unidos. Entre las personas afectadas por este proceso se encuentran periodistas, miembros del profesorado, líderes estudiantiles y miembros de órdenes religiosas, quienes fueron condenados por “actos delictivos que atentaron contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional.”
La exnacionalización, que también incluye la confiscación de bienes, deja a las personas afectadas en condición de apátridas, un estado legal en el que, según ACNUR, quienes lo padecen “tienen dificultades para ejercer sus derechos fundamentales, como la educación, la salud, el trabajo y la libertad de movimiento.” Edipcia Dubón señala que en su país “todo el espacio cívico ha sido desmantelado.”
Más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil cerradas
Se han cerrado más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil y prácticamente se han vulnerado los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. En este contexto, también se ha reprimido con fuerza la disidencia política: “Nicaragua se ha convertido en una gran prisión para todo aquel que piense diferente, a quien se le ha robado el derecho a pensar, expresarse, votar y decidir”, expresa la opositora.
Los retrocesos en materia de derechos humanos también preocupan en otro estado de la región, El Salvador. Amaranta Portillo, presidenta de la asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) y activista salvadoreña por los derechos humanos, define la situación política de su país y del gobierno del presidente Nayib Bukele como una “dictadura que se reelige de forma ilegal, pasando por encima de la Constitución de la República.” En este sentido, considera que se trata de un “régimen de excepción disfrazado de una estrategia para luchar contra el crimen organizado que luego se instrumentaliza para perseguir y criminalizar a luchadores sociales y defensores de derechos humanos.” Su preocupación es compartida por diversas organizaciones, que alertan que, desde el inicio del estado de excepción decretado en marzo de 2022, la política de mano dura contra el crimen organizado ha estado acompañada de detenciones arbitrarias y sin garantías. Los datos son alarmantes: en un año y medio, aproximadamente 70.000 personas fueron detenidas, y se reformó la ley para permitir el encarcelamiento de menores, en algunos casos de menos de 12 años.
Unas 3000 menores detenidas en El Salvador
En julio de 2024, Human Rights Watch publicó un informe que recogía las violaciones de derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes durante este régimen de excepción: unas 3.000 niñas, niños y adolescentes habrían sido detenidos en redadas indiscriminadas, y hasta un millar fueron condenados, principalmente por cargos de pertenencia a un grupo delictivo organizado. Las violaciones de derechos humanos documentadas en el informe van desde irregularidades en la detención, torturas o agresiones sexuales, hasta la falta de acceso a alimentos o medicamentos.
Amaranta Portillo denuncia que “actualmente hay líderes y lideresas, sindicalistas, detenidos sin pruebas, represaliados, perseguidos y criminalizados por el régimen.” La asociación que representa Portillo no está sola: también se suman a estas denuncias el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la organización Socorro Jurídico Humanitario, que denuncian persecución policial, presiones, infiltraciones y procesos judiciales arbitrarios.
Propagadoras de resistencias
En la región de Mesoamérica, las violaciones a los derechos humanos son constantes y graves. Las personas que luchan por defender las libertades civiles están en la mira de los dictámenes económicos vinculados a intereses extractivistas, con la complicidad de los gobiernos locales. Por ello, diversas defensoras se han agrupado para trabajar conjuntamente con tres objetivos claros: reforzar las herramientas de los colectivos amenazados para fortalecer, a su vez, la lucha por la defensa de los derechos humanos; fortalecer las capacidades de organización local en procesos de criminalización; y aumentar la visibilidad y el apoyo a estas luchas en los ámbitos nacional e internacional. Ellas son Katia Orantes, Martqa Reina Coy, Gissela Rodas, Amaranta Portillo, Edipcia Dubón y Denia castilla.
Katia Orantes
Katia Orantes es una defensora de derechos humanos guatemalteca que acompañó a las defensoras durante la gira en su paso por la Comunidad Valenciana, Cataluña y el País Vasco. Comunicadora social con estudios de posgrado en criminalística y criminología, tiene experiencia en investigación social, búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en su país y en periodismo feminista.
Actualmente, trabaja como oficial de protección en Protection International Mesoamérica con defensoras del territorio y del medio ambiente en comunidades rurales de Guatemala. Esta es una organización dedicada a apoyar la defensa de los derechos humanos mediante programas de protección integral que fortalecen sus capacidades para gestionar su seguridad de manera efectiva. Promueve acciones de incidencia dirigidas a garantizar que los responsables de proteger los derechos humanos cumplan con sus obligaciones, al tiempo que trabaja para involucrar a otros actores clave en la protección de estas personas.
Marta Reina Coy
Marta Reina Coy, de 40 años, pertenece a la comunidad maya q’eqchi’. Es defensora de los derechos humanos y forma parte del consejo del Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och’ (“Madre Tierra”). Desde la llamada Franja Transversal del Norte, en Guatemala, y las regiones de Ixcán y Raxruhá, en Alta Verapaz, este movimiento forma parte de la lucha contra la agroindustria intensiva de palma de aceite, que está arrasando los bosques de la zona, contaminando el agua de los ríos, destruyendo la pesca y poniendo en riesgo la supervivencia de las comunidades que dependen de estos recursos.
La reivindicación del movimiento por la defensa del agua tiene un gran significado para estas comunidades, que entienden la naturaleza, la tierra y los ríos como un sistema de elementos vivos entre los que se encuentra el ser humano, quien necesita de la Madre Tierra para vivir y desarrollarse. Marta Reina Coy Choc es ama de casa, vive en la zona fronteriza entre Guatemala y México, y habla maya poqomchi’, maya q’eqchi’ y español.
