El 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, queremos destacar la situación crítica que enfrentan quienes buscan protección en España. Esta fecha, establecida para fomentar la comprensión y empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas, también nos brinda la oportunidad de reconocer su resiliencia en la reconstrucción de sus vidas. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre los desafíos burocráticos que obstaculizan su integración y acceso a derechos básicos.
Contexto y definición del refugio
La condición de refugio se otorga a personas que, debido a temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual, se encuentran fuera de su país de origen y no pueden o no desean regresar. Según la Ley 12/2009, estas personas enfrentan una vulnerabilidad extrema y necesitan protección inmediata. Además, es fundamental recordar que detrás de cada solicitud de asilo hay una historia de vida marcada por la adversidad y la esperanza de encontrar un lugar seguro donde vivir.
Principales obstáculos burocráticos
- Acceso al procedimiento de asilo: Las demoras en obtener citas para formalizar solicitudes impiden que los solicitantes accedan a derechos básicos, dejándolos en situaciones de especial vulnerabilidad. España incumple la Directiva de Procedimientos (2013/32/UE) que establece que las solicitudes deben registrarse dentro de tres días hábiles. La falta de cumplimiento agrava la irregularidad administrativa y la falta de acceso a recursos públicos.
- Obstáculos para la realización de trámites: Las dificultades para obtener citas y el colapso del sistema telemático, junto con las denegaciones de empadronamiento por motivos no legales, agravan la situación. Esta problemática ha generado un mercado ilegal de citas y documentación, donde las citas se venden por precios que oscilan entre 50 y 500 euros en portales de compra-venta.
- Acceso a la protección Internacional: Las citas telemáticas insuficientes y los retrasos en la resolución de expedientes, con más de 100,000 pendientes, generan incertidumbre y perpetúan la vulnerabilidad de los solicitantes. La falta de resolución rápida y efectiva deja a muchas personas en una situación de limbo administrativo.
- Exclusión económico-financiera: Las entidades bancarias suelen negar la apertura de cuentas a solicitantes de asilo, incumpliendo la normativa vigente y exacerbando su exclusión social y económica. Sin una cuenta bancaria, no se puede acceder a servicios básicos, firmar contratos de trabajo ni recibir prestaciones sociales, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
- Brecha digital: La mayoría de los procedimientos administrativos requieren medios electrónicos, lo cual es un obstáculo para quienes carecen de acceso a herramientas digitales y asistencia administrativa adecuada. La falta de traducción e interpretación especializada, junto con el desconocimiento del personal administrativo sobre la documentación de las personas refugiadas, agrava la situación.
