Institución Futuro publica el informe “Toma de Posición: Anteproyecto de Ley Foral de Salud”, que incluye un análisis y propuestas para mejorar el texto legal, que está abierto a la participación ciudadana a través del portal de Gobierno Abierto. El objetivo no es otro que aportar a la mejora de la sanidad navarra, en un momento en el que está atravesando por una importante crisis, como lo demuestra sus graves problemas de accesibilidad (largas listas de espera), de cada vez mayor insatisfacción por parte de los ciudadanos o de pérdida de atractivo para los profesionales. Esta crisis que no se ha resuelto a pesar del espectacular incremento de recursos de los últimos cinco años.
Tras el análisis del anteproyecto de Ley, Institución Futuro plantea las siguientes conclusiones:
El sistema sanitario público navarro se asienta en una serie de puntales que lo han hecho durante muchos años uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo y un orgullo para los ciudadanos. Sin embargo, tras el análisis de Institución Futuro, podemos concluir que el anteproyecto de la nueva Ley Foral de Salud no parece que vaya a resultar efectiva a la hora de atajar la crisis en la que está sumido el sistema.
El nuevo borrador de ley recoge en su memoria justificativa la idea de una verdadera “autonomía financiera y de gestión del SNS-O con flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones y sin corsés funcionariales, que permita atraer talento y retener el que ya tiene”. Pero en la ley no se concreta con claridad que el SNS-O se vaya a convertir en una entidad pública empresarial. También sería conveniente explicitar con claridad el nivel de autonomía de los centros y servicios sanitarios.
El actual sistema funcionarial aplicado al sistema sanitario es muy rígido, lento, muy centralizado y excesivamente burocratizado. Se necesita un sistema orientado al logro, al desempeño, con un nuevo modelo retributivo y con nuevos sistemas de incentivos principalmente ligados a la calidad. Lamentablemente, la ley no se entra a detallar en absoluto un cambio de modelo.
No se hace ninguna referencia al desarrollo profesional (creación de una carrera profesional asistencial, una carrera docente-investigadora), cuando la actual carrera profesional ha perdido el concepto de desarrollo profesional, habiéndose convertido en una especie de antigüedad, sin ningún aspecto incentivador. A este respecto, cabe destacar que en los próximos 10 años se jubilarán el 42% de los actuales médicos del sistema sanitario público navarro, sin que la ley arroje propuestas realistas para la atracción de profesionales.
Se mantienen sin modificación los Consejos de Salud (Consejo Navarro de Salud, de Zona Básica, ahora de distrito), y las Juntas Técnico-Asistenciales para los profesionales, cuando nunca han funcionado adecuadamente. Se debiera buscar un sistema que potencie la participación ciudadana no exclusivamente de una forma consultiva.
En el tema de la investigación, se debiera potenciar el incremento de la masa crítica de investigadores, mejorar la captación de fondos para la investigación fomentando la participación en convocatorias de ayudas a la investigación y mejorar la atracción de capital privado. También, mejorar la calidad investigadora, definiendo una política de alianzas con vínculos de investigación pública y privada, alianzas con centros de reconocido prestigio y colaboraciones con empresas tecnológicas del entorno, entre otras y favorecer la transferencia del conocimiento científico mediante políticas de transferencia de los resultados. Poco o nada se menciona de estas medidas en la ley.
Se hace necesaria una clara apuesta por una colaboración público-privada, separando con claridad la financiación del servicio (quién paga) de la provisión del servicio (quién realiza la práctica clínica), procurando que esta última sea de excelencia, accesible y sin esperas, la realice la sanidad pública o la sanidad privada.
La creación, según indica la ley, de 13 distritos sanitarios y la reducción de tres a una única área sanitaria arroja serias dudas sobre si la medida provocará un aumento burocrático y de estructuras. Tampoco parece que dicha medida vaya a favorecer la atracción de profesionales sanitarios.
