Siete entidades sociales de Navarra han denunciado en un comunicado la “incapacidad” del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra para dar respuesta al problema de las personas sin hogar. Según estimaciones del propio ayuntamiento, entre 150 y 200 personas viven y duermen en la calle en pleno invierno “en una ciudad que presume de ser la primera de Europa en calidad de vida”. “Esta situación no es fruto del azar, sino de la combinación de los límites estructurales de la política institucional y de una falta sonrojante de voluntad por parte del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona”, señalan en el comunicado.
Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, Derecho a Techo, PIM (Punto de Información para personas Migrantes), Apoyo Mutuo, Kontseilu Sozialista Iruñerria, SOS Racismo Nafarroa han consensuado este comunicado a raíz de la reciente ola de frío de los días 4,5 y 6 de enero, con temperaturas de -5ºC y una sensación térmica de hasta -8ºC. El Ayuntamiento de Pamplona activó el protocolo de emergencia humanitaria pero únicamente ofreció 40 plazas en un local de la Txantrea. Estas asociaciones tuvieron que hacer un sobreesfuerzo para atender a las más de 150 personas que tuvieron que pasar esas tres noches en la antigua ikastola Jaso, en el antiguo convento de Aranzadi o bajo puentes.
“Ante esta dejación de responsabilidades, en particular por parte del Ayuntamiento de Pamplona, resulta inadmisible e insultante que el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, y el director de Acción Social, Rubén Unanua, hayan ofrecido una rueda de prensa haciendo gala de su gestión del sinhogarismo”, señala el comunicado de las entidades sociales. “Se trata, en la práctica, de una externalización encubierta de funciones públicas, mediante la cual el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra trasladan de facto a las entidades sociales la responsabilidad de garantizar derechos básicos”, añaden.
Estos colectivos recuerdan que la exposición prolongada al frío extremo tiene consecuencias directas y graves sobre la salud y la vida de las personas sin hogar: aumento de hipotermias, agravamiento de patologías crónicas, problemas respiratorios, mayor vulnerabilidad frente a infecciones y un riesgo real de muerte evitable. “No se trata de administrar una situación incómoda, sino de hacer frente a una emergencia humanitaria que exige una respuesta inmediata y proporcional a su gravedad”, dicen.
Las entidades sociales denuncian que el recurso extraordinario habilitado por el ayuntamiento con 40 plazas estaba destinado exclusivamente a personas previamente registradas en los servicios municipales, “sin que se haya informado de su existencia ni a las entidades sociales ni al propio Servicio de Información y Orientación Básica (SIOB)”. “Esta actuación no es una excepción, sino la expresión concreta de lo que se prevé en la reciente licitación adjudicada a Cruz Roja para la gestión de la emergencia (lote 3), que contempla la activación, incluso en situaciones extremas, de un máximo de 40 plazas. Es decir, con independencia del número real de personas que permanezcan en situación de calle, el propio diseño del dispositivo institucional asume de antemano que no se atenderá a más de 40 personas”, añaden en su comunicado.
En su análisis, las entidades sociales consideran que Navarra afronta el “agotamiento histórico y político de un determinado modelo de gestión de corte progresista, que se muestra incapaz de garantizar de forma efectiva derechos básicos en un contexto de creciente precarización, desigualdad y exclusión”.
“En este sentido, resulta especialmente grave la contradicción entre el discurso público autocomplaciente de determinados responsables políticos y la realidad material que viven las personas sin hogar, particularmente la juventud en situación de calle. Mientras se exhiben datos y balances, la Policía Municipal continúa persiguiendo, desplazando y hostigando a jóvenes que no tienen alternativa habitacional, criminalizando su mera existencia en el espacio público al tiempo que se les abandona institucionalmente. Esta combinación de retórica progresista, insuficiencia estructural y prácticas punitivas y racistas configura una forma especialmente perversa de violencia institucional, que no solo no resuelve el problema del sinhogarismo, sino que lo agrava y lo cronifica”, constatan.
Por todo ello, las entidades exigen al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona un “plan de choque inmediato que garantice el alojamiento y la manutención de todas las personas sin hogar en un espacio residencial de calidad y estable”. “Se trata de una exigencia mínima e inaplazable para evitar daños mayores y muertes evitables, no de una solución definitiva. Al mismo tiempo, llamamos a la organización colectiva, a la movilización social y a la articulación de alianzas amplias que permitan sostener en el tiempo la presión política necesaria para la ampliación efectiva de derechos y la transformación de las políticas públicas en este ámbito”.
Las entidades terminan su comunicado recordando las palabras del alcalde Joseba Asirón: “Mientras haya una sola persona que está durmiendo todavía al aire libre, no tenemos nada que celebrar y nada de lo que sacar pecho”. “Esta situación interpela directamente a todos los partidos que conforman el actual equipo de gobierno, especialmente a aquellos que en el pasado pronunciaron frases o promovieron políticas de expulsión y exclusión claramente incompatibles con la defensa de los derechos humanos, y que hoy deberían actuar con mayor prudencia y coherencia antes de reivindicar una gestión que sigue dejando a personas durmiendo en la calle”, concluyen.
