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• Ocho organizaciones que apoyan a estas mujeres se han coordinado para publicar un documento en el que reclaman más conciencia social, datos desagregados, formación especializada y una atención integral centrada en los derechos y la voz de las propias mujeres.
Madrid, 20 de enero de 2026.- Plena inclusión España formó hace unos meses un grupo de trabajo junto a organizaciones sociales con experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual y de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La iniciativa buscaba profundizar en cómo afecta a las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo un fenómeno delictivo demasiado extendido en el mundo. Formaban parte de este grupo Women Enabled International, Plena inclusión Madrid, Fundación A LA PAR, Amaranta (Fundación de las Adoratrices), APRAMP, Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad y Fundación de la Abogacía de España.
El resultado de este intercambio de experiencias e información ha sido la publicación de ‘Trata de mujeres y niñas con discapacidad intelectual. Miradas compartidas y propuestas de cambios’, un documento coordinado por Plena inclusión España que acaba de ver la luz. El documento explica la necesidad urgente de nombrar y visibilizar a las mujeres y niñas con discapacidad como posibles víctimas de trata, especialmente con fines de explotación sexual. “Hablamos de una realidad invisible que genera mucho dolor a las personas y a sus familias. Por eso hemos acometido la tarea de compartir experiencias y comenzar a trabajar sobre un tema muy desconocido”, argumenta Natalia Pérez, una de las coordinadoras de la publicación de Plena inclusión España.
Desde Plena inclusión se subraya también la escasa conciencia social e institucional existente sobre la violencia sexual que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, y aún más sobre su presencia como víctimas de trata. “A esta situación se suma la falta de datos desagregados y de investigaciones específicas, lo que dificulta dimensionar el problema y diseñar políticas públicas eficaces”, recuerda Cristina Vallelado, responsable de Mujer de Plena inclusión España y otra de las coordinadoras de la publicación.
MÁS FORMACIÓN E INFORMACIÓN
El documento llama la atención, además, sobre la falta de formación específica y de herramientas adaptadas en los procesos de identificación. Plantea la necesidad de sensibilizar y formar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los equipos de calle, a los recursos de acogida, a los servicios sanitarios y sociales, y a los operadores jurídicos, tanto para detectar situaciones de trata como para identificar posibles discapacidades, especialmente la discapacidad intelectual y del desarrollo. Sucede con frecuencia que los recursos no están adaptados a sus necesidades de apoyo ni garantizan entornos verdaderamente accesibles y seguros, muchas veces porque no contemplan la interseccionalidad de situaciones que viven.
El documento publicado por Plena inclusión incide en que existe una doble invisibilidad hacia estas personas en la sociedad, tanto por razón de género como por discapacidad, y destaca que ninguna organización puede afrontar esta realidad en solitario.
Para garantizar una respuesta eficaz y respetuosa con los derechos humanos, resulta imprescindible el trabajo en red, la coordinación interinstitucional y el diálogo constante entre los ámbitos de la discapacidad, la lucha contra la trata, la violencia de género, las migraciones, la salud mental y la justicia.
Ante este contexto, Plena inclusión España y las organizaciones impulsoras del documento reclaman:
• Reconocer la trata y explotación sexual de la mujeres y niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las políticas públicas y aumentar la sensibilización social y profesional.
• Mejorar la identificación de la discapacidad intelectual en contextos de trata.
• Asegurar intervenciones accesibles, integrales y centradas en la persona, que garanticen entornos seguros donde las mujeres y niñas se sientan escuchadas, creídas y respetadas, con tiempos y apoyos ajustados a sus necesidades.
• Fortalecer la coordinación entre el sistema público de atención y las organizaciones sociales que las apoyan, para ofrecer respuestas coherentes y eficaces.
