De Minneapolis a Chicago, el control migratorio se ha vuelto cada vez más visible, violento y abiertamente político en Estados Unidos (EEUU). Este giro no sólo se refleja en la escala y el estilo de las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, sino también en la reacción pública que han provocado. A medida que los agentes federales de inmigración han tomado las calles en gran número, la ciudadanía ha respondido con protestas y pancartas con lemas como “ICE is not welcome” y “ICE out of our cities”. Estos eslóganes, hoy recurrentes en las movilizaciones urbanas, expresan un rechazo más amplio a la presencia permanente y agresiva del control migratorio en los espacios cotidianos de la vida cívica. Lo que se cuestiona no son únicamente operaciones concretas, sino la transformación del control migratorio en una forma de actuación policial altamente visible, confrontacional y significada políticamente.
El uso del ICE para disciplinar jurisdicciones santuario no es nuevo, pero la vinculación explícita entre las operaciones de enforcement, la administración electoral y la supervisión de derechos civiles, como se ha visto en el caso de Minnesota, marca un salto cualitativo.
Las recientes redadas del ICE en Minneapolis (Operation Metro Surge) pueden conectarse analíticamente con anteriores picos de aplicación de controles en otras grandes ciudades estadounidenses, lo que revela un patrón que permite hablar de la expansión de operaciones urbanas más que considerarlos incidentes aislados. En Chicago, la Operation Midway Blitz, lanzada en septiembre de 2025, marcó una de las primeras grandes campañas de control migratorio en el interior del país bajo la actual Administración, con cientos de agentes federales desplegados por la ciudad y sus suburbios y un uso documentado de la fuerza durante las detenciones.
La Operation Metro Surge, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como la mayor operación de control migratorio jamás realizada, comenzó en Minnesota a comienzos de 2026 con el despliegue de alrededor de 2.000 agentes en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul. A mediados de enero de 2026, había dado lugar a cerca de 3.000 detenciones, en un contexto de enfrentamientos diarios, protestas y al menos dos civiles muertos a manos de agentes federales. Junto a la movilización ciudadana, las autoridades estatales y locales han tratado de frenar estas campañas del ICE. En particular, el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul presentaron una demanda federal para detener el despliegue masivo de agentes, alegando que estas actuaciones vulneran derechos constitucionales y la legalidad federal, y calificándolas de una suerte de “invasión federal” de los espacios locales que ha alterado gravemente la vida cívica y las libertades civiles.
Más allá de estos casos, se han registrado informes de una intensificación de la actividad del ICE, y de protestas paralelas, en otras áreas urbanas como Los Ángeles, Nueva York, Portland, Memphis e incluso en comunidades más pequeñas. Todo ello refleja que esta nueva orientación de la aplicación del control migratorio se está produciendo en múltiples contextos territoriales y está generando una resistencia de alcance nacional. En conjunto, estos episodios muestran cómo el control migratorio en EEUU ha evolucionado a lo largo de tres dimensiones interrelacionadas: la capacidad institucional y la cultura organizativa, las consecuencias humanas y la instrumentalización política.
De las limitaciones de capacidad al despliegue intensivo: ¿qué ha cambiado en el ICE?
Los primeros análisis sobre los planes de deportaciones masivas de Donald Trump subrayaban la existencia de importantes limitaciones estructurales para llevar a cabo deportaciones rápidas y a gran escala, en particular las carencias crónicas de personal del ICE y los largos periodos de formación necesarios, que restringían el alcance operativo de la agencia y retrasaban necesariamente el despliegue sobre el terreno para garantizar una actuación segura y conforme a la legalidad. Ese diagnóstico ya no describe plenamente el panorama actual del control migratorio.
En aquel momento, miles de puestos de trabajo en el ICE permanecían vacantes y los nuevos agentes requerían meses de preparación especializada. Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, la plantilla del ICE se ha más que duplicado en el último año, pasando de unos 10.000 agentes y funcionarios a más de 22.000 a comienzos de 2026. Esta expansión ha sido posible gracias a nuevos flujos de financiación aprobados en 2025, incluidas las disposiciones del denominado One Big Beautiful Bill, que priorizó una ambiciosa campaña de reclutamiento, con más de 220.000 solicitudes y aceleró la contratación mediante incentivos como primas de incorporación.
Este aumento de personal ha venido acompañado de un fuerte incremento de la actividad de la agencia. De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración afirma haber llevado a cabo más de 675.000 deportaciones en su primer año, una cifra que agrega expulsiones realizadas por distintas agencias, incluidas las expulsiones aceleradas en frontera y otras formas de retorno gestionadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Las estimaciones disponibles sugieren que las deportaciones ejecutadas únicamente por el ICE podrían acercarse e incluso superar las 200.000, lo que refleja una ampliación significativa del alcance y la intensidad de su actividad.
Para comprender mejor las cifras del ICE, los datos desagregados centrados específicamente en el control migratorio en el interior del país ofrecen una imagen más precisa. Los análisis de los registros de actuación indican que los agentes del ICE detuvieron a más de 220.000 personas en 2025, incluidas más de 75.000 sin antecedentes penales durante los primeros nueve meses de la Administración, lo que pone de manifiesto un cambio sustancial en los patrones de detención bajo la estrategia de actuación intensificada.
Las grandes operaciones urbanas reflejan esta nueva capacidad. El despliegue en Minnesota, descrito por las autoridades federales como la mayor operación migratoria jamás realizada en el estado, implicó a miles de agentes federales y se tradujo en alrededor de 3.000 detenciones sólo en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul.
Lo que ha cambiado, por tanto, no es únicamente la retórica, sino el alcance operativo. Sin embargo, la velocidad y la urgencia política de esta expansión plantean interrogantes serios sobre los estándares de formación, los mecanismos de supervisión y la cultura institucional, preocupaciones que se hacen visibles en el espacio público.
La dimensión humana del enforcement intensificado
Las consecuencias humanas de este giro en la actividad han sido contundentes. En Minneapolis, dos muertes causadas por agentes federales de inmigración se produjeron en el plazo de pocas semanas, durante operaciones altamente visibles de los agentes de control migratorio. La primera, el 7 de enero de 2026, fue la de Renée Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, que murió abatida por un agente del ICE durante una redada, lo que provocó protestas inmediatas y una fuerte conmoción pública.
El caso más reciente, el pasado 24 de enero de 2026, fue el de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años en Minneapolis, que participaba en una protesta contra el despliegue federal y fue mortalmente herido por agentes federales. Los vídeos y testimonios presenciales parecen contradecir la versión oficial de que se trató de un acto de legítima defensa, mostrando a Pretti grabando a los agentes y tratando de ayudar a otras personas antes de ser rociado con gas pimienta y abatido.
Estos episodios han generado protestas, denuncias por vulneración de derechos civiles y amplias demandas de investigaciones independientes, con autoridades estatales y locales cuestionando tanto la necesidad como la proporcionalidad de las operaciones federales. El impacto humano no se limita a las muertes: en un caso ampliamente difundido, agentes federales retuvieron a un niño de cinco años en Minneapolis tras detener a su padre, lo que intensificó la indignación pública y las preocupaciones sobre los efectos de estas redadas en menores y familias. En este contexto, responsables políticos como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han condenado los hechos y exigido mecanismos de rendición de cuentas transparentes.
Este patrón recuerda a anteriores picos de actividad de los agentes federales migratorios en ciudades como Chicago, donde fueron desplegados en operaciones altamente visibles y basadas en el uso de la fuerza, generando una controversia política desproporcionada en relación con los resultados efectivos en términos de deportaciones. La consecuencia es una forma de control migratorio urbano que incrementa el riesgo de confrontación y de daños colaterales, especialmente cuando las operaciones priorizan la rapidez, la visibilidad y la fuerza frente a la desescalada, la supervisión independiente y una rendición de cuentas clara en el uso de la fuerza letal.
Las preocupaciones sobre la rendición de cuentas se han intensificado aún más tras conocerse que una agente del FBI que investigaba al agente del ICE implicado en la muerte de Renée Good dimitió después de haber recibido presiones desde la dirección del organismo en Washington para abandonar una investigación por vulneración de derechos civiles. Según informaciones de The New York Times y Reuters, este episodio ha suscitado serias dudas sobre la interferencia política en los mecanismos de supervisión policial y sobre la capacidad de éstos para operar con independencia en un contexto de enforcement intensificado.
Más allá del enforcement: la instrumentalización política de la actividad del ICE
Quizá lo más llamativo es que la actividad reciente del ICE ha adquirido una dimensión política explícita que va mucho más allá del control migratorio. Tras el reciente tiroteo mortal en Minneapolis, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, exigió formalmente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, que cooperara con el Departamento de Justicia facilitando el acceso a los registros estatales de votantes para su revisión por parte de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Esta petición se vinculó de manera explícita a las preocupaciones federales sobre la cooperación del estado en materia de enforcement migratorio y de orden público tras las redadas.
La politización del control migratorio se ha trasladado también al ámbito legislativo federal. Tras los tiroteos en Minneapolis, representantes demócratas en el Congreso advirtieron públicamente de que podrían bloquear o retrasar acuerdos presupuestarios, llegando a plantear la posibilidad de un “cierre parcial del Gobierno” si no se garantizaban mayores mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre las operaciones federales de control migratorio. Este episodio ilustra hasta qué punto el enforcement migratorio ha quedado imbricado en conflictos partidistas e institucionales más amplios, desbordando claramente el ámbito de la política migratoria en sentido estricto.
La iniciativa de Pam Bondi ha sido ampliamente criticada como un intento de utilizar el control migratorio para ejercer presión política sobre la administración electoral y sobre las relaciones entre el gobierno federal y los estados. Al vincular las operaciones migratorias con el acceso a datos electorales y la supervisión de derechos civiles, la Administración ha difuminado la frontera entre la actuación policial y la estrategia política, ampliando el alcance del enforcement hacia el ámbito de la política.
Esta instrumentalización política no es completamente nueva. En anteriores episodios de redadas en ciudades como Chicago, especialmente durante la Operation Midway Blitz de septiembre de 2025, la actividad del ICE ya se utilizó para disciplinar jurisdicciones consideradas “santuario” y para intensificar el conflicto entre niveles de gobierno mediante redadas urbanas altamente visibles. En esos casos, la acción de los agentes migratorios federales funcionó como una forma de señalización política dirigida a autoridades locales percibidas como poco cooperativas.
Lo que distingue al caso de Minnesota es la vinculación explícita entre el control migratorio, la administración electoral y la supervisión de derechos civiles, lo que supone una forma más directa e institucionalizada de presión política. El ICE deja así de operar únicamente como un instrumento técnico de control migratorio para convertirse crecientemente en una herramienta de señalación política, utilizada para disciplinar gobiernos estatales, movilizar narrativas electorales y proyectar la autoridad federal sobre ámbitos de gobernanza en disputa.
Conclusiones
En conjunto, las recientes redadas del ICE en Minneapolis, junto con los anteriores picos de redadas en ciudades como Chicago, ponen de manifiesto una transformación profunda del control migratorio en EEUU. Lo que en un primer momento podía interpretarse como una ampliación de la capacidad operativa del ICE y las agencias federales ha derivado en un cambio más amplio en la forma en que el control migratorio se ejerce, se experimenta y se moviliza políticamente en los entornos urbanos.
La ampliación de personal y el despliegue acelerado han permitido intervenciones masivas dentro del país, lejos de la frontera, pero a costa de un aumento del riesgo para las personas, de fallos visibles en la rendición de cuentas y de una intensificación del conflicto con las autoridades estatales y locales. Las muertes, la implicación de menores en operaciones de detención y las crecientes demandas de investigaciones independientes ilustran las consecuencias humanas de estrategias que priorizan la rapidez, la visibilidad y la disuasión frente a la contención y las garantías procedimentales.
Al mismo tiempo, los acontecimientos recientes apuntan a una politización más profunda del control migratorio. El uso del ICE para disciplinar jurisdicciones santuario no es nuevo, pero la vinculación explícita entre las operaciones de enforcement, la administración electoral y la supervisión de derechos civiles, como se ha visto en el caso de Minnesota, marca un salto cualitativo. El control migratorio deja de circunscribirse al ámbito de la política migratoria o de la seguridad pública para convertirse en un instrumento de señalación política, presión institucional y proyección de poder federal sobre áreas de gobernanza disputadas.
Lo que emerge, por tanto, no es simplemente un control de inmigración más duro, sino un modelo en el que el control migratorio opera como una herramienta de visibilidad, confrontación y poder político. Lo que está en juego no es sólo la eficacia del control migratorio, sino la propia integridad de la gobernanza democrática. Cuando el control migratorio se convierte en un medio de presión política en lugar de una función administrativa delimitada, los riesgos se extienden más allá de las personas migrantes y de las comunidades afectadas, alcanzando los cimientos de la rendición de cuentas, las libertades civiles, el federalismo y el Estado de derecho.
