Fundación Naturgy ha presentado el informe «Energías renovables: desarrollo e integración social y territorial», elaborado por Institut Cerdà. El documento analiza el papel de las energías renovables en la transición energética, así como los retos y oportunidades que plantea su despliegue en España desde una perspectiva social, territorial y de política pública, identificando beneficios, barreras y buenas prácticas. Además, pone el foco en la importancia de integrar los proyectos en el territorio y en las comunidades locales como condición imprescindible para avanzar hacia una transición energética eficaz, justa y sostenible.
La transición energética se ha consolidado como una prioridad ineludible para alcanzar un modelo energético más sostenible, seguro y competitivo. En este contexto, el despliegue de energías renovables —con especial protagonismo de la solar fotovoltaica, la eólica y los gases renovables como el biometano— es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar la seguridad del suministro y cumplir con los compromisos climáticos asumidos por España y la Unión Europea.
En la presentación del informe, el jueves 29 de enero en Madrid, participaron Marta Bellera, directora del Área de Riesgos, Crisis y Resiliencia del Institut Cerdà, y Lluís Inglada, director del Área de Innovación y Gestión del Territorio.
En su intervención, Marta Bellera destacó que el despliegue acelerado de renovables “está transformando el territorio y las dinámicas socioeconómicas locales”. Según Bellera, “la clave no es solo dónde se implantan los proyectos, sino cómo se planifican, cómo se comunican y cómo se distribuyen sus beneficios”.
El informe subraya que España cuenta con un extraordinario potencial renovable, pero advierte de que la complejidad administrativa, la judicialización de proyectos y la falta de aceptación social pueden ralentizar el ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca una hoja de ruta ambiciosa hacia 2030 y 2050. No obstante, alcanzar estas metas exige un despliegue de infraestructuras energéticas, acompañado de redes, sistemas de almacenamiento y soluciones que aseguren la estabilidad del sistema. El documento remarca que este despliegue tiene un impacto directo sobre el territorio y las comunidades locales, especialmente en el ámbito rural, donde se concentran la mayoría de las instalaciones. Si bien las energías renovables generan importantes beneficios económicos, sociales y ambientales —como la creación de empleo, el impulso al desarrollo local y la mejora de la autonomía energética—, también plantean retos ligados al uso del suelo, la protección del paisaje, la biodiversidad y la convivencia con las actividades tradicionales.
Por ello, la aceptación social y la integración territorial se convierten en factores determinantes para el éxito de los proyectos. El informe pone el acento en la responsabilidad compartida de materializar las infraestructuras que necesitamos para hacer frente a la emergencia climática. Por lo que se refiere a las empresas, más allá de la exigencia de hacer proyectos de calidad y cumpliendo todos los requisitos de un contexto normativo que es garantista, deben seguir desarrollando su desempeño social mediante procesos de diálogo temprano, transparencia, escucha activa, adecuación de proyectos al entorno y visualización de los beneficios tangibles para la comunidad. La falta de una gestión adecuada del componente social puede derivar en conflictos, retrasos administrativos y judicialización de proyectos estratégicos para la transición energética.
Estos aspectos fueron los que Lluís Inglada destacó en el coloquio posterior con Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Jorge Barredo, director general de Generación Renovable de Naturgy, y José Díaz Ibáñez, alcalde de Tabernas (Almería).
Inglada señaló “que es necesario que el territorio sea un actor activo en los proyectos energéticos, pero procurando que la respuesta no sea únicamente emocional, sino también racional y constructiva y teniendo en consideración el equilibrio entre el bien local y global. La complejidad de estos procesos recae muchas veces sobre las empresas que, a su vez, demandan a los decisores públicos un papel más activo en planificar y equilibrar los intereses individuales y locales con el interés colectivos, evitando la paralización de los proyectos”. Y resaltó que “es por ello por lo que las empresas han evolucionado en los últimos años incorporando elementos sociales y mejorando la forma en la que explican los proyectos, aunque todavía queda mucho por hacer por parte de todos los agentes implicados”.
