La sanidad es, desde hace tiempo, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Así lo reflejan los barómetros de opinión y así se constata en la conversación cotidiana: la dificultad para conseguir una cita en Atención Primaria, la espera para ver a un especialista, la demora en una prueba diagnóstica o la incertidumbre ante una intervención quirúrgica. La salud no es un debate ideológico abstracto; es la experiencia directa de millones de personas que dependen cada día de un sistema público que, siendo uno de los grandes logros de nuestro Estado del bienestar, atraviesa tensiones evidentes.
En este contexto, sorprende conocer que el principal impulso legislativo del Ministerio de Sanidad se centre en limitar al máximo la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud. El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS prioriza la gestión directa y relega la colaboración con centros privados a supuestos excepcionales, con múltiples filtros técnicos y administrativos. El mensaje político es populista, torticero y malintencionado: “la sanidad no se vende, se defiende”. Como si el problema central del sistema fuera la titularidad de la gestión y no la capacidad real de ofrecer atención de calidad en tiempo y forma.
La experiencia navarra ilustra bien esta paradoja. En 2025 se registraron 107.630 derivaciones a centros concertados, un 8% más que el año anterior, según publicaba este mismo medio de comunicación. Más de 5.600 pacientes fueron enviados a primeras consultas y 9.500 a intervenciones quirúrgicas. El grueso de las derivaciones corresponde a pruebas diagnósticas, especialmente ecografías y resonancias magnéticas, que crecieron de forma significativa. No se trata de un capricho, sino de una respuesta operativa ante cuellos de botella que el sistema público, por sí solo, no está resolviendo con la agilidad necesaria.
Paradójicamente, a pesar de todas esas derivaciones, las listas de espera apenas se reducen. Hay casi 62.000 pacientes en espera para una primera consulta especializada, prácticamente en el mismo nivel que el ejercicio anterior, pese a las medidas extraordinarias adoptadas. Es decir, el sistema incrementa el esfuerzo, pero no consigue aliviar de forma significativa la presión asistencial. Por lo que se hace imprescindible un cambio de calado en la gestión sanitaria.
Otro indicador revelador es el crecimiento sostenido de los seguros privados de salud. Cada vez más navarros optan por contratar una póliza por necesidad: buscan rapidez diagnóstica, accesibilidad y mayor certidumbre. En 2024 había en Navarra más de 81.000 habitantes con seguro privado de salud, una cifra que ha crecido un 100% en nueve años. Y aquí me vuelvo a preguntar lo mismo que con las derivaciones: ¿qué ocurriría si todos esos navarros con seguro privado dejaran de pagarlo e hicieran uso exclusivamente del sistema público? Eso sin contar con que, cuando una parte creciente de la ciudadanía decide pagar dos veces por el mismo servicio -vía impuestos y vía póliza- el mensaje de alarma es evidente: el sistema ya no es social ni universal y corre grave riesgo de perder la equidad.
Desde Institución Futuro hemos insistido en que el debate sanitario no puede reducirse a una dicotomía simplista y maniquea entre público y privado. La prioridad debe ser garantizar resultados en salud, con calidad, accesibilidad, equidad y sostenibilidad a largo plazo. Eso exige abordar una buena planificación de recursos humanos, flexibilizar la organización, introducir incentivos ligados a desempeño y resultados, reforzar la evaluación independiente de políticas y aprovechar, cuando sea necesario, la colaboración público-privada bajo criterios transparentes y medibles.
En Navarra, además, la nueva Ley Foral de Salud acumula retrasos relevantes. El propio Consejero ha reconocido que la norma, inicialmente prevista para 2024, se ha ido posponiendo por cuestiones internas y su complejidad técnica. Mientras tanto, el sistema opera con un marco normativo de 1990 que dificulta, según el propio departamento, la incorporación ágil de nuevos perfiles profesionales o la reorganización de recursos. Es difícil defender que el principal problema sea la gestión privada cuando ni siquiera se ha culminado la actualización del armazón legal básico que debe permitir modernizar el sistema.
La sanidad pública necesita menos consignas y más gestión. Necesita transparencia en los datos, evaluación rigurosa de resultados y valentía para introducir reformas estructurales. Necesita atraer y retener talento, adaptar plantillas a la nueva realidad demográfica y tecnológica, y garantizar que cada euro invertido genere valor en salud. Y, sobre todo, necesita poner al paciente en el centro.
¿Cómo se financia el sistema en una sociedad envejecida? ¿Cómo se cubren plazas de profesional que hoy quedan vacantes? ¿Cómo se reducen tiempos de espera? ¿Cómo se consigue mayor eficiencia en el sistema? ¿Cómo se garantiza la equidad territorial? Esas son las cuestiones que deberían ocupar la agenda del Ministerio. La colaboración público-privada no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que puede ser útil o no en función de su diseño, control y resultados. Convertirla en el enemigo principal es una necedad porque no resolverá los problemas estructurales que de verdad preocupan a los ciudadanos.
