El informe de la OECD analiza los principales modelos de financiación de redes de transporte eléctrico y ofrece una guía práctica para responsables públicos que deben movilizar inversiones en un contexto de transición energética.
El documento sostiene que las redes eléctricas se han convertido en uno de los principales cuellos de botella para integrar renovables y garantizar seguridad energética. Para cumplir los objetivos climáticos y triplicar la capacidad renovable antes de 2030, la inversión anual en redes deberá casi duplicarse hasta superar los 600.000 millones de dólares a nivel global. En julio de 2024, más de 1.600 GW de capacidad renovable en fases avanzadas de desarrollo esperaban conexión a la red, lo que equivale a algo más del 40% de la capacidad renovable actualmente en operación.
En los mercados emergentes y economías en desarrollo, el reto es especialmente desafiante. El 60% de las empresas eléctricas no logra cubrir sus costes operativos y financieros, lo que limita su capacidad de inversión. El modelo tradicional —una empresa pública integrada que planifica financia y opera la red— resulta insuficiente ante las necesidades actuales de expansión, modernización y digitalización.
El informe examina distintos modelos de financiación: inversión pública, participación privada minoritaria, asociaciones público-privadas, proyectos de transmisión independientes, líneas “merchant”, concesiones integrales y privatización total. A partir de cinco estudios de caso (Brasil, Francia, India, Filipinas y Reino Unido), identifica factores de éxito y lecciones aprendidas.
Entre las conclusiones, destaca que los Independent Transmission Projects, adjudicados mediante procesos competitivos y con remuneración basada en disponibilidad, pueden ser una opción eficaz para ampliar redes en contextos con recursos públicos limitados. Estos modelos permiten movilizar capital privado, ofrecer ingresos previsibles a largo plazo y mantener el control operativo en manos del operador del sistema.
No obstante, todos los modelos comparten desafíos comunes: necesidad de marcos regulatorios estables, modelos de ingresos creíbles, planificación integrada del sistema y adecuada gestión de riesgos como la adquisición de terrenos y los permisos. El informe subraya que la previsibilidad regulatoria y la planificación a largo plazo son condiciones esenciales para reducir costes de capital y atraer inversión.
El documento concluye con un conjunto estructurado de criterios —escala de inversión requerida, capacidad fiscal, estructura del mercado eléctrico y grado deseado de implicación pública— que orientan a los responsables políticos en la selección del modelo más adecuado según el contexto nacional.
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