La vivienda no se negocia: frente al abandono institucional, movilización social

Tras el abandono deliberado por parte del gobierno del intento de mantener la ya de por sí insuficiente moratoria de desahucios, y la aprobación de un decreto de protección a inquilinos claramente limitado, una vez celebrada este fin de semana la XXXV Asamblea Estatal de la PAH, manifestamos:

La protección a las personas inquilinas no es una concesión, es una reivindicación arrancada en las calles durante años de lucha. Y hoy es más urgente que nunca: los precios del alquiler siguen desbocados, más de 600.000 contratos renovados en pandemia llegan a su fin, y grandes tenedores como Cerberus, Blackstone o Caixabank ya preparan nuevas oleadas de ventas de vivienda.

Ante este escenario, el decreto aprobado no está a la altura. Aunque se presenta como avance, deja fuera a miles de familias con contratos vencidos en 2026 antes de su entrada en vigor, condenándolas a la desprotección. Limitar la prórroga a solo 2 años no garantiza estabilidad: es una patada hacia adelante que aplaza el conflicto social mientras deja intactas las causas que lo provocan. No es una solución, es una tregua para el mercado.

Pero lo más grave es la renuncia consciente del Gobierno a recuperar la moratoria antidesahucios. Una herramienta que, aunque insuficiente, estaba protegiendo a más de 70.000 familias. Su abandono no es un error: es una decisión política que deja a miles de hogares a la intemperie. Una decisión que se suma al bloqueo reiterado de PP, Vox y Junts, que han votado en contra de proteger a las familias más vulnerables.

Desde la PAH lo decimos claro: no aceptar la paralización de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es incumplir los Derechos Humanos y vulnerar la propia Constitución. Es elegir proteger el negocio por encima de la vida.

Ante decretos de mínimos y derechos recortados, responderemos con movilizaciones de máximos. Llamamos a todos los movimientos sociales, organizaciones y a la ciudadanía a organizarse y salir a la calle para exigir lo que es de sentido común: que nadie sea expulsado de su casa sin alternativa, que la vivienda deje de ser un activo financiero y pase a ser, de una vez por todas, un derecho garantizado.

Porque si no lo hacen las instituciones, lo haremos nosotras.