- Expertas y expertos internacionales concluyen que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, que el 27 de marzo cumplirá cuatro años de vigencia, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución. La investigación indica que estos hechos obedecen a una política conocida y promovida por los más altos mandos del gobierno.
- Las cifras son contundentes: más de 89,000 personas han sido detenidas arbitrariamente o sin debido proceso legal; el propio presidente Bukele reconoció públicamente “que al menos 8,000 eran inocentes”; 403 muertes en cárceles hasta agosto de 2025, incluidos cuatro niños; y 540 casos de desaparición forzada, hasta febrero de 2025.
- Reconocen que El Salvador tiene el deber ineludible de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, pero dicha responsabilidad no puede ejercerse perpetrando crímenes internacionales.
- Instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una misión internacional de determinación de hechos violatorios de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas; y recomiendan al Estado de El Salvador establecer una comisión independiente de revisión de casos con apoyo internacional; así como poner fin al régimen de excepción y a las reformas penales, violatorias del derecho internacional, que lo acompañan.
9 de marzo de 2026. En una iniciativa de alcance internacional, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presenta su informe final titulado: "El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública". El GIPES está conformado por cinco juristas de reconocimiento internacional: Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Canton. El informe está respaldado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto, de la Universidad Ghent (Bélgica).
Para elaborar el informe que incluye un análisis exhaustivo del impacto del régimen de excepción en la democracia y el Estado de derecho en El Salvador, el GIPES revisó investigaciones periodísticas, información oficial, informes nacionales e internacionales y se reunió con víctimas, sociedad civil, academia, abogados y periodistas.
El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Los casos documentados indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno del presidente Nayib Bukele.
“En ese contexto, y conforme a los estándares aplicados por la CPI, los hechos documentados apuntan a la comisión de crímenes internacionales contra la población civil, entre ellos encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional —incluyendo la detención de niñas, niños y adolescentes—, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos”, declaró Susana SáCouto.
Las cifras documentadas revelan la magnitud del problema. La aplicación del régimen de excepción que cumplirá este mes cuatro años de vigencia ininterrumpida ha derivado en la detención sin debido proceso de más de 89,000 personas. El propio presidente Bukele aceptó públicamente “que al menos 8,000 personas detenidas eran inocentes”. Hasta agosto de 2025 se han documentado 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños, y hasta febrero de 2025 se registraron 540 casos de desaparición forzada.
“Las cifras hablan por sí solas: no se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen crímenes a gran escala y de manera sistemática”, afirmó José Guevara.
“La prolongación indefinida del régimen de excepción y la adopción de decenas de decretos legislativos modificando normativa en materia penal, procesal penal y de justicia penal juvenil, unida a la captura del poder judicial, han consolidado un entramado legal, que permite la violación sistemática de derechos fundamentales como el de no ser privado arbitrariamente de la libertad, no ser sujeto a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la vida y al debido proceso, para miles de salvadoreños y salvadoreñas”, señaló Claudia Martin.
El GIPES subraya que, si bien el Estado tiene el deber ineludible de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, dicha responsabilidad no puede ejercerse cometiendo crímenes internacionales. Su ejercicio debe estar guiado por el apego al Estado de derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos. El incumplimiento de este principio conlleva el riesgo de que el propio Estado se convierta en fuente de violencia, contraviniendo los valores que le corresponde defender.
El GIPES identifica el punto de quiebre institucional en mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, destituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General. Esta Sala capturada avaló la reelección presidencial ignorando la prohibición constitucional; en 2025 se aprobó una reforma que habilitó la reelección ilimitada. El gobierno ha impulsado, además, campañas de estigmatización y criminalización contra la sociedad civil y la prensa. En mayo de 2025, la Ley de Agentes Extranjeros impuso restricciones severas a las organizaciones que reciben financiamiento internacional.
Ante este panorama, el GIPES formula recomendaciones urgentes. A nivel internacional, insta a la creación por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una misión internacional de determinación de hechos violatorios de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas e impulsar procesos de investigación penal internacional que garanticen la rendición de cuentas. A las autoridades salvadoreñas les recomienda establecer una comisión independiente de revisión de casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción, con apoyo internacional, a fin de atender la crisis carcelaria; poner fin al régimen de excepción, y revertir las reformas penales contrarias al derecho internacional que lo acompañan.
El informe será presentado en dos eventos públicos.
El primero, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el lunes 10 de marzo, a las 2:00 p.m. (Centroamérica), 4:00 p.m. (Washington D.C.) y 9:00 p.m. (Ginebra), mismo que será transmitido por el canal de YouTube de la CIDH.
La segunda discusión de los hallazgos del informe se llevará a cabo en un Evento Paralelo a la 61ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el miércoles 11 de marzo, a las 8:00 a.m. (Centroamérica), 10:00 a.m. (Washington D.C.) y 3:00 pm (Ginebra) con transmisión en vivo por el canal de YouTube de DPLF.
