Entre el 16 y el 19 de febrero, una delegación de UGT Servicios Públicos del País Valencià regresó a República Dominicana para fortalecer, junto a Sindicalistas sin Fronteras ISCOD UGT y CIMTRA, una apuesta política que se consolida para construir espacios laborales seguros, libres de violencia y con igualdad real.
El mundo vive un repunte preocupante de la violencia por razones de género en el trabajo. La OIT estima que una de cada cinco personas trabajadoras ha sufrido violencia o acoso en su vida laboral, y que las mujeres —en especial las que ocupan empleos precarizados— continúan siendo las más expuestas. República Dominicana no es ajena a esta realidad. A pesar de que el país ha avanzado con la ratificación del Convenio 190, los retos para su implementación siguen siendo enormes. La violencia laboral no es un fenómeno aislado, sino que tiene profundas raíces estructurales, culturales, y arraigadas en un sistema patriarcal.
Ese fue el marco en el que esta misión tomó sentido. Más allá de la agenda formal, la visita abrió un espacio de trabajo donde se cruzan experiencias sindicales, instituciones públicas y organizaciones de mujeres con un objetivo claro y compartido de pasar del diagnóstico a la transformación.
El inicio fue la presentación del proyecto financiado por la cooperación valenciana. No fue un acto protocolario, sino un recordatorio necesario de que la violencia laboral exige protocolos aplicables, sindicatos fortalecidos, instituciones comprometidas y un diálogo social que no tema nombrar lo incómodo. La igualdad no se decreta; se construye con trabajo diario y voluntad política.
Las reuniones institucionales aportaron nuevas capas al trabajo colectivo. En la Oficina de Cooperación Española se identificaron sinergias para reforzar políticas de igualdad en el empleo. En la Escuela Magaly Pineda, durante el encuentro con la Ministra de la Mujer, se evidenció lo que viven miles de trabajadoras en el país, con largas jornadas, acoso, represalias por sindicalizarse o por denunciar y, en consecuencia, incómodos silencios forzados y cómplices con la violencia en el entorno laboral.
Allí quedó claro que aplicar el Convenio 190 implica recursos, formación, mecanismos de denuncia eficaces y un compromiso político que sobreviva a los cambios de gobierno.
Mientras tanto, en los talleres, más de veinte mujeres sindicalistas dominicanas avanzaban en un proceso decisivo: saber qué hacer cuando la violencia aparece, cómo actuar, cómo acompañar, cómo exigir. Diseñar protocolos, analizar casos reales, revisar cláusulas de igualdad para la negociación colectiva… herramientas técnicas que se vuelven pequeñas, enormes conquistas.
La visita cerró con algo más valioso que cualquier informe: trabajo compartido, alianzas más sólidas y objetivos comunes. La cooperación sindical al desarrollo demuestra, una vez más, que no es un ejercicio asistencial, sino un compromiso político que se sostiene en la organización, la escucha y la valentía de quienes deciden cambiar las cosas desde dentro.
En República Dominicana, ese cambio ya está en marcha. Y se está construyendo paso a paso entre talleres, reuniones y conversaciones donde emerge lo esencial —que el trabajo digno solo existe cuando el miedo desaparece de los centros laborales.
