Mensajes clave
- A pesar de registrar 18 incidentes violentos desde 2016, Costa de Marfil ha logrado contener la amenaza yihadista en su fase de implantación. Ello se debe a la respuesta militar desplegada tras el ataque de Kafolo (2020), a iniciativas de desarrollo y consolidación de la presencia estatal, así como a factores de protección endógenos, como la tolerancia interreligiosa arraigada y el rechazo de la mayoría al proyecto ideológico yihadista. Sin embargo, la frontera continúa bajo presión de grupos insurgentes: el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, JNIM) sigue utilizando el norte del país como espacio de tránsito, refugio y aprovisionamiento, y los factores estructurales de vulnerabilidad permanecen.
- Costa de Marfil ha desarrollado un enfoque de prevención y lucha contra el extremismo violento (EV) que destaca en la región por su vocación integral: consciente de las limitaciones de las respuestas exclusivamente militarizadas que han predominado en el Sahel central, el Estado articula su respuesta en torno a tres ejes complementarios –defensa, mejora de las condiciones de vida y consolidación de la presencia estatal–, supervisados desde el Consejo Nacional de Seguridad. Su visión es coherente con la naturaleza del problema y su arquitectura de coordinación, sólida; el principal reto pendiente es la implementación: la estrategia es difícil de operacionalizar, carece de indicadores de evaluación claros, y su ritmo de ejecución resulta insuficiente ante la inminencia de la amenaza.
- La parálisis de los principales mecanismos regionales de cooperación en materia de seguridad, agravada por el deterioro de las relaciones entre Costa de Marfil y sus vecinos sahelianos, debilita la respuesta colectiva frente a una amenaza transnacional. En ese contexto, Costa de Marfil diversifica sus alianzas internacionales desde una posición de creciente autonomía. A España, cuya cooperación con Costa de Marfil en materia de seguridad se ha centrado hasta ahora en la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad, se le abren oportunidades concretas de consolidar su papel, especialmente si el proyecto GAR-SI llega a implementarse en el país.
Análisis[1]
En África Occidental, la violencia yihadista ya no se circunscribe al Sahel central: especialmente a partir de 2021, la amenaza se ha extendido progresivamente hacia las costas del golfo de Guinea. Aunque Benín y Togo son los países más afectados –sufrieron, respectivamente, 82 y 6 incidentes violentos con participación de al menos un grupo yihadista en 2025–, Costa de Marfil experimenta una presión sostenida sobre su frontera norte, especialmente en el límite con Burkina Faso. Desde 2016, el país ha registrado al menos 18 ataques con implicación de actores extremistas violentos.[2]
Costa de Marfil presenta factores específicos de vulnerabilidad a la radicalización conducente al terrorismo. El norte del país, fronterizo con Malí y Burkina Faso,[3] arrastra déficits estructurales históricamente desatendidos:[4] mientras el sur concentra la actividad industrial, portuaria y del sector servicios –cerca del 40% del PIB se genera en Abiyán–, el norte permanece rezagado en términos de desarrollo y de presencia estatal. Esta desigualdad se traduce en tasas de alfabetización y acceso a servicios sanitarios significativamente inferiores a la media nacional, con una ratio de médicos por habitante 8,5 veces menor y mayores niveles de mortalidad materna e infantil. Agravada por la guerra civil (2002-2011), esta brecha ha alimentado un sentimiento extendido de abandono frente a un Estado percibido como ineficaz y depredador, asociado a la corrupción y a los abusos de la fuerza. En este contexto, los discursos antiestatales promovidos por los grupos insurgentes encuentran una audiencia especialmente receptiva.
La erosión de otras fuentes de autoridad agrava esta vulnerabilidad. En el norte predomina un islam sufí moderado, bien implantado en torno a las cofradías Tijaniyya y Qadiriyya,[5] cuya histórica función estabilizadora se ve limitada por la pérdida de legitimidad de sus líderes, percibidos en ocasiones como demasiado cercanos al poder político. A esta fragilidad se suma la presión demográfica derivada de la creciente aridez del Sahel, que empuja a comunidades de ganaderos nómadas hacia las zonas más tropicales del norte marfileño, intensificando la competencia por recursos ya escasos como el agua, los pastos y las tierras cultivables. Además, conflictos intercomunitarios preexistentes –como los que enfrentan a comunidades peul, tradicionalmente ganaderas y marginadas, con grupos agrícolas como los lobi y los koulango, especialmente en el noroeste fronterizo con Ghana y Burkina Faso– ofrecen a los grupos insurgentes un vector adicional para su implantación y captación de apoyos.
Ante el aumento de la presión de la amenaza yihadista sobre su frontera norte, Costa de Marfil ha desarrollado un enfoque de prevención y lucha contra el EV con vocación holística que, por su carácter innovador, podría servir de referencia para otros países del golfo de Guinea expuestos a la misma amenaza. El presente análisis tiene por objeto el enfoque marfileño de prevención y lucha contra el EV: describe su naturaleza, identifica sus fortalezas y señala sus principales áreas de mejora. Para contextualizarlo, aborda previamente la naturaleza y evolución de la amenaza yihadista en el país.
Para ello, se basa en 12 entrevistas semiestructuradas realizadas en Abiyán entre octubre y diciembre de 2025. Los perfiles consultados incluyen responsables y técnicos marfileños en los ámbitos de la defensa, la seguridad, la gestión fronteriza y el sistema penitenciario; organizaciones de la sociedad civil dedicadas al estudio y la prevención del EV; y actores europeos y españoles, entre los que figuran fuerzas y cuerpos de seguridad y personal diplomático y técnico.[6] [7] Estas fuentes primarias se complementan con el tratamiento de una base de datos especializada en violencia política –Armed Conflict Location & Event Project– y con la revisión de la literatura académica y gris relevante. El texto que sigue se estructura en tres apartados: el estado de la amenaza yihadista, los principales ejes del enfoque marfileño de prevención y lucha contra el EV, así como el papel de los socios internacionales, con especial atención a España.
Estado de la amenaza
La amenaza yihadista en Costa de Marfil es, por el momento, de baja intensidad: desde 2016, el país ha registrado 18 incidentes violentos con participación de al menos un grupo yihadista. El primero, en marzo de ese año, fue perpetrado por al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que atacó la ciudad costera de Grand Bassam –destino turístico frecuentado por expatriados– en una operación de alto impacto mediático. Los 17 incidentes restantes, a partir de 2020, son obra del JNIM, filial de al-Qaeda en África Occidental, cuyo modus operandi responde a una lógica distinta: no la espectacularidad, sino la infiltración paciente y de escala local.
Para interpretar esta evolución, resulta útil el modelo de fases de expansión de movimientos EV propuesto por Assale.[8] Distingue entre implantación, caracterizada por la construcción de redes y sustitución gradual del Estado; desestabilización, con ataques sistemáticos a símbolos e instituciones del Estado, infraestructuras económicas estratégicas, junto con la explotación de conflictos intercomunitarios preexistentes; y, por último, una fase de consolidación, en la que se busca establecer un proto-Estado. Costa de Marfil se encuentra en la primera fase, de implantación, puesto que el JNIM prioriza tejer redes sociales, económicas y religiosas, así como situarse como actor de sustitución del Estado en comunidades donde éste es percibido como ausente o depredador. Construyen, por ejemplo, centros de salud, pozos o escuelas coránicas con el objetivo de ir creando una dependencia material y simbólica en el seno de las poblaciones del norte marfileño.
El pico de violencia registrado en 2021 –12 incidentes en la franja nororiental, 11 de ellos dirigidos contra fuerzas y cuerpos de seguridad– apunta a un intento de avanzar hacia la fase de desestabilización. Éste fue frenado tanto por la militarización del norte del país, como por la contraofensiva burkinesa al otro lado de la frontera. Desde entonces, los ataques han remitido significativamente: un ataque en 2022, ninguno en 2023 y uno en 2024 y 2025 respectivamente. El norte del país, y especialmente las zonas boscosas como el parque de Camoe, opera hoy principalmente como espacio de tránsito, refugio y aprovisionamiento para militantes sahelianos y sus familias. Este cambio en el patrón de actividad refleja una contención parcial, pero no la desaparición de la amenaza: las ambiciones expansivas del JNIM se mantienen, al igual que los factores de vulnerabilidad en las regiones septentrionales.
Amenaza exógena o homegrown
La amenaza yihadista en el norte de Costa de Marfil es principalmente exógena: proviene en su mayor parte de individuos originarios de las vecinas Malí y Burkina Faso. A pesar de la presencia de factores de vulnerabilidad –en particular, la precariedad de la juventud rural, el vacío de gobernanza, y la menor cohesión social en el noreste fronterizo con Burkina Faso–, los procesos de radicalización locales, o homegrown, continúan siendo minoritarios.[9] En general, la población rechaza el proyecto ideológico insurgente: los flujos de refugiados,[10] especialmente burkineses, actúan como recordatorio cotidiano del coste humano de la inestabilidad al otro lado de la frontera. A ello se suma una arraigada tolerancia interreligiosa, ilustrada por matrimonios mixtos y la celebración compartida de festividades religiosas, que también actúa como un factor de protección frente a versiones fundamentalistas del islam. En este contexto, la colaboración con grupos insurgentes responde menos a la adhesión ideológica al salafismo yihadista que a incentivos económicos o al deseo de proteger a la familia.[11]
A pesar de estos elementos de contención, el JNIM despliega esfuerzos sostenidos de captación en el norte de Costa de Marfil, dirigidos especialmente a comunidades peul. El terreno ha sido abonado por años de influencias religiosas externas. Por una parte, de predicadores salafistas saudíes, sudaneses y pakistaníes, tradicionalmente presentes en ciudades norteñas como Odienné, Boundiali y Khorogho; por otra, de marfileños formados en escuelas coránicas radicales en Mauritania y el norte de Nigeria. Transforman la precariedad económica y el resentimiento hacia la clase política en una retórica de guerra santa que se difunde en escuelas coránicas, lugares de culto y redes sociales, creando una suerte de contracultura yihadista. Así, la combinación de una implantación creciente del JNIM en el tejido social y económico del norte y de años de influencias religiosas externas podría, con el tiempo, ampliar la base de adhesión ideológica al proyecto yihadista entre la población autóctona.
La influencia religiosa se ve complementada por flujos económicos opacos provenientes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que exportan versiones rigoristas del islam, canalizados a través de organizaciones caritativas o fundaciones islámicas que financian la construcción de pozos, dispensarios, escuelas coránicas y mezquitas.[12] La creciente presencia de forasteros con músculo económico impresiona y atrae a muchos jóvenes con perspectivas limitadas. A ello se suma el papel de los combatientes marfileños retornados, principalmente de Malí y Burkina Faso, que favorecen la creación de células durmientes locales y actúan como conectores entre las zonas de conflicto en el Sahel central y Costa de Marfil. De hecho, el primer ataque perpetrado por el JNIM en suelo marfileño (Kafolo, 2020), contó con la implicación de combatientes marfileños retornados de Burkina Faso.[13] Así, el proceso de implantación del JNIM se ve favorecido por apoyos externos, tanto financieros como humanos.
Vínculos con tráficos ilícitos
El contrabando de gasolina, cigarrillos y otros bienes es una práctica históricamente extendida en el norte de Costa de Marfil, de la que depende una parte significativa de la población en un contexto de precariedad económica y abandono por parte de la administración central. De forma unánime, los actores entrevistados señalan que es común que, por dinero o por desconocimiento, se establezcan intercambios comerciales con miembros de grupos insurgentes procedentes de países vecinos. De este modo, militantes van tejiendo redes sociales y comerciales, infiltrándose progresivamente en distintas localidades del norte del país.
Además de facilitar su implantación en comunidades locales, los tráficos ilícitos también constituyen una fuente de ingresos para los grupos insurgentes, complementaria a flujos procedentes del exterior. Los vínculos entre estos grupos y las economías ilícitas adoptan diversos grados de intensidad en función del tipo de actividad. La conexión más estrecha se observa en el robo de ganado: los beneficios de su venta constituyen una fuente de financiación directa. Además, los mercados de ganado son espacios de contacto y encuentro entre yihadistas y poblaciones locales. Por otra parte, existen también vínculos indirectos, como en el caso de la minería clandestina: distintos testimonios apuntan a relaciones basadas en acuerdos económicos o inversiones, mediante los cuales militantes proporcionan maquinaria a los mineros a cambio de una parte de la producción –en ocasiones hasta un 40% del oro extraído– y adquieren además el oro restante con fines de reventa. Asimismo, actores extremistas ofrecen protección a las explotaciones frente a bandidos y a la vigilancia de las fuerzas de seguridad.[14] Por último, en otros tráficos, como el de madera y carburante, su implicación es más difusa y se articula a través de intermediarios.
En cuanto al tráfico de bienes ilícitos, el nivel de evidencia disponible varía considerablemente según la actividad. La proliferación de armas en las regiones fronterizas alimenta sospechas fundadas sobre su participación en este tráfico: cada ataque a un puesto militar supone una captura de armamento, parte del cual se destina a la reventa. Respecto al tráfico de drogas, la ruta terrestre saheliana hacia Europa es poco frecuentada por el crimen organizado, que prefiere la vía aérea; aun así, un testimonio recogido en el marco de este estudio apunta a que el JNIM percibe pagos para permitir el paso de cargamentos de cocaína. Por el contrario, los actores consultados fueron unánimes en descartar cualquier vínculo entre grupos insurgentes y el tráfico de personas en Costa de Marfil.
Enfoque de prevención y lucha contra el EV
La respuesta de Costa de Marfil a la amenaza yihadista contrasta con la que, durante la última década, ha predominado en el Sahel central, donde el énfasis en la dimensión militar demostró ser insuficiente para contener una violencia enraizada en agravios socioeconómicos, vacíos de gobernanza y otros factores estructurales. Consciente de esas limitaciones, el Estado marfileño ha desarrollado un enfoque con vocación integral, articulado en torno a tres ejes complementarios: el refuerzo de las capacidades de defensa, la mejora de las condiciones de vida de la población en las regiones septentrionales y la consolidación de la presencia estatal en todo el territorio nacional. Este enfoque carece aún de un documento estratégico formal –la aprobación oficial del tercer borrador de una estrategia nacional está previsto para 2026–, pero su lógica subyacente refleja un aprendizaje deliberado de los errores ajenos.
Dicho borrador trae consigo un cambio conceptual: la sustitución del término “terrorismo” por el de “extremismo violento”, desplazando el foco de la lucha contra una táctica a la prevención de la radicalización en una ideología que justifica la violencia como medio legítimo para lograr sus fines. La decisión de no utilizar, además, el término “yihadismo” refleja una sensibilidad política deliberada: en un país con gran diversidad religiosa, se ha preferido evitar señalar al islam como factor de desestabilización. Para la elaboración de este borrador, el Consejo Nacional de Seguridad –órgano vinculado a la Presidencia que coordina los esfuerzos en materia de prevención y lucha contra el EV– se apoya en un comité técnico que reúne a funcionarios ministeriales, fuerzas y cuerpos de seguridad, representantes de la sociedad civil y organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). A falta de un texto estratégico público, el análisis que sigue examina el enfoque marfileño tal y como se materializa en la práctica.
El primer eje, de refuerzo de las capacidades de defensa, es el que cuenta con mayores recursos. El ataque de Kafolo (2020), por ser el primero desde el de Grand Bassam (2016) y por cobrarse la vida de 14 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, actuó como detonante: en respuesta, el Estado militarizó los distritos septentrionales de Denguélé, Savanes y Zanzan mediante la creación de la Zona Operativa Norte, que establece un mando único en Khorogho, bajo liderazgo del ejército de tierra, para coordinar el conjunto de las Fuerzas de Defensa y Seguridad. Sobre el terreno, esto se traduce en el despliegue progresivo de brigadas de gendarmería en zonas rurales –bajo tutela del Ministerio de Defensa–, efectivos policiales en núcleos urbanos –dependientes del Ministerio del Interior– y brigadas del Ministerio de Aguas y Bosques en espacios naturales como el Parque de Comoé. En 2025, el número de efectivos ascendía a 3.000. El objetivo es claro: ocupar espacios, reforzar las fronteras y la capacidad de respuesta del Estado, enviando una señal inequívoca a los grupos insurgentes que pretenden infiltrarse e implantarse en territorio marfileño.
El despliegue no estuvo exento de dificultades, especialmente en sus fases iniciales. Los efectivos enviados al norte procedían de otras regiones del país, sin compartir lengua ni vínculos étnicos con las comunidade
