Hablamos con Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, para analizar la situación de las pymes en España, su capacidad de adaptación en un entorno exigente y el papel que desempeñan en sectores estratégicos como el reciclaje.
A lo largo de la entrevista, aborda cuestiones como la carga burocrática, la necesidad de seguridad jurídica, la falta de armonización normativa o el impacto de los costes operativos en la competitividad empresarial. Asimismo, pone en valor la importancia de la colaboración público-privada y del diseño de políticas que tengan en cuenta la realidad de las empresas, bajo el principio europeo Think Small First.
1. El reciclaje de papel y cartón es uno de los ejemplos más consolidados de economía circular en España. Desde CEPYME, ¿qué papel otorgan a las pymes de este sector?
El reciclaje y la economía circular es uno de los retos que afrontan las pymes, y en el que sectores como el del papel y cartón, representado por Repacar, han dado muestras de una buena gestión e integración de estos requerimientos en la estrategia de las empresas, para conseguir un crecimiento sostenible.
2. En un contexto de incertidumbre internacional y aumento de costes operativos, ¿cómo están resistiendo las pymes? y ¿qué medidas considera clave para evitar una pérdida de competitividad en sectores como el reciclaje?
Vivimos una contradicción entre unos datos macroeconómicos que pueden transmitir una imagen de fortaleza que, sin embargo, no refleja la realidad de muchas de nuestras pymes.
El aumento de los costes laborales, la elevada presión fiscal, el encarecimiento de la energía y las dificultades de financiación están reduciendo de forma significativa la rentabilidad de las pymes y limitan su capacidad de invertir, modernizarse y ganar competitividad.
A ello se suma un entorno regulatorio cada vez más complejo y cambiante, especialmente en materia ambiental, que genera incertidumbre jurídica y una carga administrativa difícil de asumir para empresas de pequeño y mediano tamaño. La falta de estabilidad normativa y de armonización entre territorios añade costes adicionales que penalizan la actividad.
En este contexto, la confianza empresarial se resiente. Las pymes siguen adelante, pero lo hacen en un entorno de elevada incertidumbre que dificulta la planificación y la toma de decisiones a medio y largo plazo. Por eso, desde CEPYME insistimos en la necesidad de generar un marco más favorable para estas empresas, con menos cargas, mayor seguridad jurídica y políticas que tengan en cuenta la realidad de las pymes, que son clave para la transición hacia una economía más circular y competitiva.
3. Las empresas del sector señalan la carga burocrática como uno de sus principales obstáculos. ¿Comparte este diagnóstico? y ¿qué medidas de simplificación administrativa considera prioritarias para las pymes?
La carga burocrática es una enorme losa para las pymes. Con más de 3,5 normas al día, la incertidumbre regulatoria y los recursos humanos y materiales destinados a cumplimentar estos requisitos lastran la capacidad de las pymes para realizar su labor de producción de bienes y servicios y reducen los recursos que deberían destinarse a la inversión.
Esta sobrecarga administrativa es patente en ámbitos como el de la sostenibilidad y el medio ambiente, que afectan en gran medida a las empresas de reciclaje de papel y cartón.
4. El marco regulatorio en materia ambiental evoluciona con gran rapidez, con nuevas normativas europeas y nacionales en camino. ¿Cómo puede garantizarse la seguridad jurídica necesaria para que las pymes inviertan con confianza a largo plazo?
Desde mi responsabilidad como vicepresidenta de SMEunited —la organización empresarial europea que representa a las pequeñas y medianas empresas—, la cuestión de la seguridad jurídica en el actual entorno de creciente regulación ambiental es clave para garantizar que las pymes puedan invertir con confianza. El principio Think Small First no es una opción, es una necesidad. Y es especialmente relevante porque no todas las empresas tienen la misma capacidad para absorber el impacto regulatorio: una gran empresa puede asumir estructuras complejas, equipos especializados y costes de cumplimiento elevados, pero una pequeña empresa no dispone de esos mismos recursos. Por eso, lo que puede ser asumible para una gran compañía puede convertirse en una barrera insalvable para una pyme.
De ahí la importancia de diseñar la regulación desde el inicio pensando en las pymes, y no como una adaptación posterior.
Por eso defendemos que la seguridad jurídica debe basarse en tres pilares fundamentales:
• Estabilidad y previsibilidad normativa, con marcos claros y transiciones realistas
• Evaluaciones de impacto específicas para pymes, que reflejen su realidad operativa
• Proporcionalidad real en las obligaciones, evitando cargas que no se ajusten a su tamaño y capacidad
Además, es imprescindible reforzar la coherencia entre el nivel europeo y los marcos nacionales, para evitar fragmentación normativa que genere incertidumbre y frene la inversión.
La transición ecológica solo será viable si es también justa con la estructura empresarial europea. Y eso implica reconocer una realidad básica: la regulación no puede diseñarse con la lógica de la gran empresa y después trasladarse a la pequeña sin ajustes.
Por ello, Think Small First debe ser el punto de partida de cualquier política pública, garantizando que las pymes puedan cumplir, competir e invertir sin quedar excluidas por su tamaño.
5. La falta de armonización normativa entre territorios es otra de las preocupaciones recurrentes del sector. ¿Qué impacto tiene esta situación en las pymes y cómo podría abordarse desde los poderes públicos?
La falta de armonización normativa entre territorios rompe la unidad de mercado y añade complejidad, inseguridad jurídica y sobrecostes a las empresas. En la práctica, las pymes se ven obligadas a adaptarse a requisitos distintos según la comunidad autónoma o incluso el ámbito local. Esto fragmenta el mercado y penaliza especialmente a las empresas que operan en varios territorios, limitando su capacidad de crecer y competir en igualdad de condiciones.
Sería necesario avanzar hacia una mayor coordinación y coherencia regulatoria, reforzando la armonización normativa, tanto en la trasposición de la legislación europea como en su aplicación práctica. En definitiva, trabajando para lograr un marco normativo más homogéneo, estable y predecible, que reduzca las cargas administrativas, y permita liberar recursos para la inversión.
6. El reciclaje de papel y cartón depende en gran medida de una cadena de valor compleja. ¿Qué importancia tiene, desde su punto de vista, la colaboración entre empresas, asociaciones y administraciones públicas?
La colaboración público-privada es una herramienta eficaz en el sector del reciclaje, que permite aprovechar sinergias y recursos y generar beneficios para el conjunto de la sociedad, avanzando en la transformación hacia la sostenibilidad, que es un objetivo compartido.
7. CEPYME ha advertido del elevado coste de la morosidad para las pymes. ¿Qué medidas urgentes considera necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago y proteger la liquidez de las empresas recicladoras?
La lucha contra la morosidad es uno de los principios de la estrategia de CEPYME desde hace ya muchos años. Hemos participado en los proyectos de regulación también a nivel europeo para acabar con esta negativa práctica comercial, que reduce la liquidez y la capacidad de financiación de las pymes.
Desde nuestra perspectiva, es clave reforzar el cumplimiento efectivo de la normativa de morosidad y a largo plazo, avanzar en un cambio de cultura empresarial que penalice estas prácticas. La morosidad no puede seguir siendo una práctica tolerada, porque afecta directamente a la viabilidad de muchas pymes.
8. Desde CEPYME se ha señalado que las cargas laborales son uno de los principales frenos al crecimiento empresarial. En este contexto, ¿cómo valora el impacto del absentismo en la productividad de las pymes y qué soluciones propone para abordarlo?
El absentismo es uno de los mayores problemas de las empresas, especialmente de las de menor dimensión. Es evidente que, en una empresa con uno o dos trabajadores, la ausencia de uno de ellos supone un importante trastorno para la actividad. En su conjunto, el absentismo supone para nuestro país un coste de 33.000 millones de euros, de los que la mitad los asumen las empresas. Es la segunda partida después de las pensiones. Es, por tanto, un problema que debemos afrontar sin dilación.
Desde las empresas, pedimos una mejora del seguimiento y control de las bajas y una mayor colaboración de las mutuas de trabajo, que llevan años realizando estas labores y que pueden contribuir a mejorar la gestión de las bajas.
9. Muchas empresas del reciclaje son pymes familiares con retos de crecimiento y modernización. ¿Cómo pueden iniciativas como las impulsadas por CEPYME, contribuir a su digitalización y a ganar tamaño empresarial?
La digitalización es hoy por hoy un reto ineludible para todas las empresas y también una oportunidad para mejorar la competitividad. Muchas de nuestras pymes han abordado procesos de transformación digital y el reto es avanzar en estos procesos para que las pymes no se queden rezagadas en un cambio que afecta a todos y en el que nos jugamos la competitividad de nuestras empresas y del conjunto de la economía.
10. Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a las empresas del reciclaje de papel y cartón?
Como presidenta de CEPYME quiero trasladarles nuestro apoyo y consideración por el trabajo que desarrollan a diario, y por su sólido compromiso con la economía circular, el empleo y la sostenibilidad. Y la seguridad de que desde CEPYME pueden contar con toda la colaboración y respaldo para seguir impulsando a este sector.
