El informe de la International Energy Agency ofrece una visión amplia visión del estado de las políticas energéticas en 2025, en un contexto marcado por una sucesión de crisis que han reforzado el papel de la energía como eje central de la seguridad económica y geopolítica.
Las disrupciones en cadenas de suministro tras la pandemia, la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales y los conflictos en regiones clave han generado un entorno de alta incertidumbre que ha impulsado una intensa actividad regulatoria a nivel global. El documento subraya que, si bien no existe una única narrativa dominante, tres factores han ganado protagonismo en la agenda política: el coste de la energía para los consumidores, la competitividad industrial y la resiliencia de las cadenas de suministro. Estos objetivos se superponen con prioridades tradicionales como la seguridad de suministro, la eficiencia energética y la sostenibilidad, configurando un enfoque cada vez más multidimensional de la política energética.
Uno de los principales hallazgos es que las bases institucionales construidas desde las crisis del petróleo de los años setenta han mejorado la capacidad de respuesta ante shocks de suministro. Hoy, la gran mayoría de los países importadores cuenta con mecanismos de emergencia, como las reservas estratégicas de petróleo y, más recientemente, de gas. Sin embargo, el informe advierte que ningún país está completamente protegido frente a perturbaciones, especialmente en un sistema energético cada vez más interdependiente.
En paralelo, los gobiernos están prestando mayor atención a riesgos emergentes, particularmente la concentración geográfica en la producción de minerales críticos y tecnologías limpias. La elevada dependencia de unos pocos países en la fabricación de componentes clave, como baterías o paneles solares, se ha convertido en una vulnerabilidad estratégica, y esto , lo que ha motivado nuevas políticas industriales, incentivos a la producción local y restricciones comerciales.
El informe también destaca el fuerte aumento del gasto público en energía, que se ha duplicado desde 2019. Este incremento responde en gran medida parte a medidas de emergencia para mitigar el impacto de los altos precios energéticos, aunque muchas de estas intervenciones han sido poco focalizadas. A pesar de ciertos recortes recientes, el nivel de apoyo público se mantiene elevado y seguirá condicionado por la volatilidad de los mercados.
Finalmente, el análisis apunta a una desaceleración del impulso regulatorio en áreas clave como la eficiencia energética y la mitigación de emisiones. Las nuevas contribuciones climáticas no implican una aceleración significativa en la reducción de emisiones a medio plazo, lo que sugiere una creciente tensión entre objetivos climáticos, restricciones fiscales y preocupaciones económicas inmediatas.
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