FAMMA denuncia la ocupación indebida de rebajes y accesos PMR por motocicletas en Madrid y exige medidas urgentes
- La federación alerta de situaciones de riesgo y vulneración de derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida.
- FAMMA advierte de que estas ocupaciones anulan en muchos casos la funcionalidad real de las plazas reservadas.
- La situación obliga a las personas con discapacidad a invadir la calzada, realizar maniobras peligrosas o asumir riesgos innecesarios para poder acceder a la acera de forma segura.
- La entidad exige medidas urgentes al Ayuntamiento de Madrid, entre ellas el refuerzo de la vigilancia policial y sancionadora.
- También pide mejoras en la señalización de los entornos PMR, campañas de sensibilización dirigidas a motoristas y actuaciones urbanísticas que impidan la ocupación de estos espacios esenciales para la movilidad y la igualdad de las personas con discapacidad.
Madrid, 25 de mayo de 2026.- La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) ha trasladado al delegado del Área Gobierno de Urbanismo y Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid su preocupación por una problemática “recurrente y generalizada” que afecta gravemente a la seguridad, accesibilidad y autonomía personal de las personas con movilidad reducida en la ciudad.
FAMMA denuncia el estacionamiento indebido de motocicletas y ciclomotores sobre aceras y, especialmente, frente a los rebajes de bordillo vinculados a plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).
Según advierte FAMMA, esta práctica impide o dificulta gravemente el acceso seguro y autónomo entre la calzada y la acera, anulando en muchos casos la funcionalidad real de las plazas PMR correctamente señalizadas.
Según el presidente de FAMMA, Javier Font, “La accesibilidad no puede quedar bloqueada por la falta de civismo o de control. Impedir el acceso seguro a una plaza PMR supone limitar derechos básicos como la movilidad, la autonomía personal y la participación en igualdad de condiciones”.
La federación alerta de que esta situación obliga frecuentemente a las personas con movilidad reducida a invadir la calzada para buscar accesos alternativos, realizar maniobras peligrosas sobre bordillos no adaptados o asumir riesgos innecesarios que comprometen su integridad física y su autonomía personal.
FAMMA recuerda que esta conducta vulnera de manera directa la normativa vigente en materia de accesibilidad y movilidad. En particular, la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid prohíbe expresamente el estacionamiento de motocicletas en el ámbito peatonal de las reservas destinadas a personas con movilidad reducida, así como en cualquier punto que obstaculice itinerarios peatonales accesibles.
Asimismo, la entidad subraya que tanto la Orden TMA/851/2021 como el Real Decreto 505/2007 establecen la obligación de garantizar itinerarios peatonales continuos, libres de obstáculos y seguros para el uso autónomo de las personas con discapacidad. Del mismo modo, la Ley 8/1993 de la Comunidad de Madrid obliga a mantener libres de ocupaciones indebidas los accesos, vados y zonas vinculadas a plazas reservadas.
Pese a la existencia de este amplio marco normativo, FAMMA considera que la falta de vigilancia y control efectivo ha contribuido a normalizar este tipo de comportamientos, generando una situación de discriminación indirecta hacia las personas con discapacidad.
Por ello, la federación solicita al Ayuntamiento de Madrid la adopción urgente de medidas concretas, entre ellas:
1.- Refuerzo de la vigilancia y control del estacionamiento de motocicletas en aceras y accesos PMR.
2.- Mayor intervención de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, incluyendo actuaciones sancionadoras cuando proceda.
3.- Mejora de la señalización horizontal y vertical en entornos de plazas PMR y rebajes de bordillo.
4.- Desarrollo de campañas de información y sensibilización dirigidas a usuarios de motocicletas.
FAMMA recuerda que garantizar la accesibilidad universal no constituye únicamente una obligación legal, sino también un compromiso institucional y social con los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las personas con discapacidad.
