Últimamente, crece la tendencia de que para cualquier trabajo vinculado a la comunicación debe hacerse un concurso o presentar distintos presupuestos. Si bien esto era hasta el momento competencia exclusiva de las administraciones públicas, ahora también se ha ampliado a muchas empresas, sobre todo aquellas cotizadas o de una cierta magnitud. Hasta aquí podríamos pensar que existe una evolución hacia las garantías de transparencia y ética en los procesos de selección de proveedores o de adjudicación de tareas, pero la realidad es muy diferente. Se ha entrado en una espiral perversa donde tanto empresas como administraciones e instituciones adjudican sus trabajos –también los de comunicación– en función de un único parámetro: el precio. Y todos sabemos que no existen los duros a cuatro pesetas y que, si quieres calidad, no busques aquello más barato.
Este concepto tan sencillo no parece que lo conozcan ni empresas ni administraciones, que están dispuestas a contratar trabajos a ningún precio por el simple hecho de cumplir un procedimiento que les dice que deben seleccionar el presupuesto más económico. Visto así, parece suicida gestionar la reputación de las organizaciones, públicas o privadas, solo con criterios economicistas y no en función de la calidad que puede determinar si esta gestión se hace bien o no.
Cierto que en los últimos años se ha incorporado un alud de profesionales de los medios de comunicación al mundo de la gestión corporativa y también que, a veces, da la sensación de que algunos están dispuestos a vender sus servicios a precios ridículos, a cambio de conseguir tres o cuatro clientes que ya les permiten redondear un sueldo parecido al que tenían en el medio. Y es cierto que las organizaciones han descubierto este nuevo mercado que les permite justificar que hacen ciertos trabajos o que gestionan la reputación a unos costes como si fueran los de un producto chino. Existe, pero, una cierta responsabilidad inherente en empresas e instituciones sobre qué calidad de comunicación están ofreciendo a sus públicos, o sobre qué estrategia de comunicación aplican o sobre qué planes de gestión de crisis tienen preparados.
¡No nos engañemos! Querer comunicar a bajo coste es no comunicar y, a menudo, es ir en contra de los intereses de la propia organización. Quizás los responsables de los concursos y de las adjudicaciones deberían empezar a enterarse que los profesionales no regalamos nuestro trabajo, ni tampoco hacemos de ONG de ninguna empresa o institución. Mientras, pero, es como si jugáramos a la ruleta rusa con la reputación. Algún día nos dispararemos a los pies por ahorrarnos unos euros o por comprar barato.
