Ayer se celebró, en el marco de la iniciativa Smart Chemistry de Expoquimia 2026, la mesa redonda “Hacia un precio energético competitivo: una prioridad para la industria química”, en la que se abordó el impacto de los costes energéticos, que continúan siendo el principal factor de pérdida de competitividad para buena parte de la industria química española y condicionan su futuro.
La sesión analizó tanto el precio de la electricidad como el del gas, subrayando la necesidad de adoptar medidas urgentes y estructurales que permitan operar en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno y aportar previsibilidad a las inversiones.
Asimismo, se abordaron otras prioridades clave para el sector, como los instrumentos de impulso a la financiación para la descarbonización, las compensaciones por emisiones indirectas de CO2, la simplificación regulatoria y la defensa comercial frente a prácticas desleales.
El debate, moderado por Juan Antonio Labat, director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), contó con la participación de Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE); Verónica Rivière, presidenta ejecutiva de GasIndustrial; y Agustín Franco, presidente de la Comisión de Energía de Feique y director de operaciones y miembro del Comité Ejecutivo de Ercros.
Juan Antonio Labat abrió la sesión destacando que la energía sigue siendo hoy el principal factor de pérdida de competitividad para buena parte de la industria química. Al cierre de 2025, el precio medio del gas se situó un 145% por encima de los niveles precrisis de 2019, los derechos de emisión acumularon un incremento del 170% y los precios eléctricos —incluyendo los servicios de ajuste— fueron un 65% superiores.
Asimismo, señaló que, en los últimos 17 años, la producción industrial media europea ha caído un 14%, y que solo los sectores farmacéutico, químico, alimentario y de refino han logrado mantener sus volúmenes.
Los tres ponentes coincidieron en el diagnóstico: la industria española no es competitiva en costes energéticos frente a sus homólogos europeos, lo que requiere medidas estructurales que permitan corregir esta situación. González señaló que un cliente industrial en Francia paga una factura eléctrica cercana a la mitad, mientras que Franco insistió en la dificultad de competir con países que, además de ofrecer precios más bajos, cuentan con marcos de subvenciones muy potentes.
En este sentido, Agustín Franco destacó la necesidad de disponer de un marco estructural que actúe sobre la fiscalidad eléctrica, incluyendo la derogación —o tipo cero— del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) para el conjunto de la industria; la ampliación de la base de beneficiarios de la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, actualmente del 85%; el establecimiento de forma permanente de una reducción del 80% de los peajes de acceso a empresas electrointensivas; y la solución al alto impacto de los servicios de ajuste, especialmente las restricciones técnicas, en los precios eléctricos.
Ante esta situación, señaló que resulta imprescindible que las medidas coyunturales adoptadas se conviertan en estructurales para poder competir en igualdad de condiciones con respecto al resto de competidores europeos. Asimismo, destacó que, si se aplicaran todas estas medidas, la industria española podría disponer de un precio eléctrico de 40 €/MWh, lo que permitiría reforzar su competitividad. En este mismo sentido, González recalcó que la competitividad se juega en el conjunto de la factura y que es necesario reducir la carga impositiva al máximo permitido por Europa.
Por otra parte, también se puso el acento en las compensaciones por costes indirectos de CO2, que centraron buena parte de la conversación. González explicó que el traslado de los derechos de emisión al precio eléctrico supone un sobrecoste de más de 20 € por MWh y que, aunque la Comisión Europea permite a los Estados compensar a su industria, España destina actualmente 600 millones de euros sin alcanzar el máximo autorizado.
Tanto AEGE como Franco consideran que esa cifra debería situarse entre 900 y 1.000 millones de euros para equipararse a lo que hacen otros Estados miembros, y citaron como referencia el compromiso de Alemania de mantener sus compensaciones en máximos durante cinco años.
En este sentido, el sector considera necesario modificar la redacción del artículo 30.4 de la Ley 7/2021 para eliminar el tope fijado del 25% como presupuesto máximo de los ingresos procedentes de las subastas que puede dedicarse a la compensación de costes indirectos, e incorporar una redacción que garantice la percepción del máximo de compensaciones respetando la normativa comunitaria.
Esto permitiría generar una previsibilidad a largo plazo de gran valor para la industria frente al modelo actual, en el que en cada ejercicio debe negociarse la cuantía de la ayuda. Cabe recordar que Francia y Alemania superan ampliamente este límite, con un 44,1% y un 31,6%, respectivamente.
Por su parte, Verónica Rivière trasladó el foco al gas, recordando que la industria química consume prácticamente el doble de gas que de electricidad y que Europa apenas cuenta con producción propia, lo que genera una dependencia estructural de mercados exteriores.
Para mejorar la competitividad, defendió la necesidad de actuar sobre los peajes y cargos que encarecen el precio final más allá del coste de la molécula. Asimismo, reclamó el desarrollo de un verdadero Estatuto de Consumidores Gasintensivos.
En este sentido, el sector químico reclama el desarrollo de un Estatuto de Consumidores Gasintensivos que establezca mecanismos de apoyo permanentes, como la reducción estructural de peajes, un marco fiscal e incentivos a los proyectos de descarbonización industrial y eficiencia energética, así como fórmulas que permitan acotar debidamente los sectores y empresas perceptoras de eventuales medidas de apoyo ante entornos de volatilidad prolongada de los precios del gas, como los que actualmente está generando el conflicto de Oriente Medio o el precedente de Ucrania.
Sobre las alternativas, Rivière consideró el biometano una opción más cercana que el hidrógeno para los sectores que no pueden electrificarse, pero se mostró crítica con el Real Decreto de Impulso del Biometano por imponer cuotas obligatorias a los consumidores cuando el mercado aún no está maduro.
En cuanto al hidrógeno, señaló que solo se ha ejecutado un 7% de los proyectos previstos y que los retos de distribución siguen siendo considerables.
La sesión se cerró con un mensaje transversal: la industria necesita medidas estructurales y no parches coyunturales. Franco reclamó una armonización fiscal real y un marco regulatorio equiparable al de los países con los que España compite.
Asimismo, los tres ponentes coincidieron en la urgencia de reforzar los instrumentos de defensa comercial para evitar que Europa siga importando productos de terceros países que no cumplen los mismos estándares medioambientales.
Sin un marco que aborde de forma integral el precio de la energía, maximice las compensaciones permitidas y proteja al sector frente a la competencia desleal, advirtieron, el tejido industrial europeo seguirá adelgazándose.
