Plena inclusión España
valora de forma positiva
el Real Decreto 17/2026.
Este Real Decreto
aumenta el dinero del Estado
para el Sistema de Dependencia.
Las nuevas cantidades
serán estas cada mes:
- 660 euros
para las personas
con el grado III. - 260 euros
para para las personas
con el grado II. - 90 euros
para para las personas
con el grado I. - 4.930 euros
para grado III+,
que es dependencia extrema.
Plena inclusión cree
que esta medida es una buena noticia.
Pero también dice
que ese dinero
debe convertirse pronto
en mejoras reales.
Por ejemplo:
- Menos listas de espera.
- Valoraciones más rápidas.
- Más apoyos personalizados.
- Servicios cercanos.
- Apoyos para la vida en la comunidad.
La organización recuerda
que las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo
necesitan apoyos estables, accesibles
y adaptados a cada persona.
También pide información clara
y en lectura fácil,
para que todas las personas
conozcan sus derechos.
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- La organización considera que el Real Decreto 17/2026 supone un avance importante para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pero recuerda que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo necesitan apoyos personalizados, estables y accesibles.
Madrid, 25 de junio de 2026. Plena inclusión España valora de forma positiva el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La norma aumenta la financiación estatal del Sistema de Dependencia y actualiza las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado. Este nivel mínimo es la cantidad que el Estado aporta por cada persona beneficiaria para financiar prestaciones y servicios del sistema.
Según el texto publicado en el BOE, las nuevas cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado serán de 660 euros al mes para personas con grado III, 260 euros para grado II y 90 euros para grado I. Además, se fija una financiación de 4.930 euros al mes para las personas incluidas en el grado III+ de dependencia extrema.
Plena inclusión España considera que este aumento de financiación es una buena noticia para las personas en situación de dependencia y sus familias. También para muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que necesitan apoyos a lo largo de su vida para tomar decisiones, participar en la comunidad, vivir en su casa o acceder a servicios de calidad.
La organización destaca que el principal avance de la norma es el refuerzo de la corresponsabilidad del Estado en la financiación del sistema, que supone una oportunidad para reducir el copago a las personas y familias. En 2026, la aportación de la Administración General del Estado al SAAD ascenderá a 5.513 millones de euros, sumando el nivel mínimo y el nivel convenido de protección.
Para Plena inclusión, este incremento debe servir para reducir listas de espera, agilizar valoraciones, mejorar los programas individuales de atención y garantizar apoyos suficientes en todos los territorios. Los derechos de las personas no pueden depender del lugar de España en el que viven. También es una oportunidad para reducir el copago que ahoga a las familias y las personas, sobre todo en los servicios residenciales de muchas comunidades autónomas.
La norma también conecta con el nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que reconoce la obligación de los poderes públicos de garantizar la autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad. En este sentido, Plena inclusión España recuerda que la dependencia no debe abordarse solo desde la atención asistencial, sino desde un enfoque de derechos, de apoyos personalizados y de inclusión real en la comunidad.
“Este Real Decreto va en la buena dirección porque refuerza la financiación del sistema. Pero el verdadero impacto se medirá en la vida de las personas: menos tiempo de espera, mejores apoyos y vivir donde elijan, con quien elijan y participando en su comunidad”, ha señalado Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.
La organización pide que las comunidades autónomas y el Gobierno trabajen de forma coordinada para que esta financiación se traduzca en medidas efectivas en los servicios y prestaciones cuanto antes. Entre ellos, apoyos en el hogar, asistencia personal, vivienda en comunidad, apoyos a familias cuidadoras, servicios de proximidad y programas que prevengan y reviertan situaciones de institucionalización.
Plena inclusión España también reclama que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias puedan participar en el diseño, seguimiento y evaluación de las medidas a través de sus organizaciones representativas. Además, pide información clara y accesible, también en lectura fácil, para que todas las personas conozcan sus derechos y sepan cómo acceder a este tipo de apoyos.
La organización considera que invertir en dependencia es invertir en derechos, inclusión y cuidados de calidad. Por eso, insiste en que este avance presupuestario debe consolidarse en el tiempo y orientarse a transformar el modelo de cuidados hacia una vida en la comunidad.
Sobre Plena inclusión
Plena inclusión agrupa a más de 950 asociaciones en toda España que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Y lo hace en 4.000 centros y servicios en los que trabajan 46.000 profesionales en proyectos donde colaboran más de 8.000 personas voluntarias. Su misión es lograr una sociedad más justa e inclusiva a través de la defensa de los derechos de las personas y sus familias, la innovación social y la participación comunitaria.
