Introducción
El desperdicio alimentario es un problema global con graves repercusiones económicas, sociales y ambientales. En respuesta a esta situación se ha aprobado la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que busca reducir el desperdicio de alimentos en toda la cadena agroalimentaria y promover un sistema de producción y consumo más sostenible.
A nivel global, se pierde el 14% de los alimentos entre la cosecha y la venta minorista (datos de la ONU de 2019), con causas que van desde malas prácticas en la cadena de suministro hasta hábitos de consumo irresponsables. Este desperdicio también supone un mal uso de los recursos empleados para producirlos, los esfuerzos humanos, técnicos y económicos invertidos y el valor agregado logrado, suponiendo incluso un freno para el desarrollo económico, especialmente en zonas rurales. También supone un obstáculo para la política ambiental, ya que los alimentos desperdiciados generan una elevada huella hídrica y carbónica (casi un 30 % de la superficie agrícola del mundo se usa anualmente para producir alimentos que se pierden o desperdician)
Esta nueva ley se alinea con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Política Agrícola Común (PAC), integrando objetivos como reducir un 50% el desperdicio en venta al por menor y hogares para 2030. Combina medidas coercitivas con incentivos, buscando reforzar la economía circular y la seguridad alimentaria.
Objetivos y alcance de la ley
La Ley 1/2025 tiene como objetivo principal prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Para ello, establece estrategias y medidas concretas alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 12: Producción y Consumo Responsables.
Entre sus fines específicos destacan:
- Disminuir el desperdicio de alimentos a través de una gestión eficiente de los recursos y el fomento de la economía circular.
- Promover la donación y redistribución de alimentos, garantizando su seguridad y trazabilidad.
- Fomentar la investigación e innovación para identificar y reducir las causas del desperdicio.
- Medir de manera rigurosa el desperdicio alimentario en diferentes eslabones de la cadena.
- Apoyar financieramente a entidades sin ánimo de lucro para la logística de distribución de alimentos.
- Sensibilizar e informar a todos los agentes del sistema alimentario y a la ciudadanía.
Ámbito de aplicación
Esta ley se aplica a todas las actividades que realizan en territorio español los agentes de la cadena alimentaria, abarcando la producción, transformación, distribución, hostelería y restauración, así como entidades que gestionan alimentos donados. Sin embargo, quedan excluidas las actividades de retirada de productos por las medidas de gestión de crisis en los Programas Operativos de Frutas y Hortalizas, las retiradas del plátano en el marco del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias u otras medidas al amparo de algún mecanismo de prevención y gestión de crisis o de regulación del mercado previsto en la legislación comunitaria.
Medidas clave para reducir el desperdicio alimentario
La ley establece una jerarquía de prioridades para la gestión de alimentos no comercializados:
- Prevención: Reducción en origen de la generación de desperdicio.
- Reutilización y redistribución: Fomento de la donación y recuperación de excedentes.
- Reciclaje y valorización: Uso de alimentos no aptos para consumo humano en otros procesos productivos.
- Eliminación responsable: Como última opción, gestión adecuada de residuos.
Además, todos los agentes de la cadena alimentaria tendrán la obligación de implementar planes de prevención del desperdicio alimentario y reportar periódicamente sobre sus resultados.
Contribución a la sostenibilidad y economía circular
La normativa se alinea con otras estrategias nacionales e internacionales, como la Estrategia Española de Economía Circular y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Además, contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los compromisos climáticos de España.
La Ley 1/2025 representa un paso clave hacia un sistema alimentario más eficiente y sostenible. Su aplicación permitirá reducir el desperdicio alimentario, optimizar recursos y fomentar la colaboración entre todos los agentes de la cadena alimentaria.
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