Mensajes clave
- Las universidades en Estados Unidos (EEUU) está sufriendo un ataque sin precedentes por parte de la Administración presidida por Donald Trump, con recortes millonarios, investigaciones por supuestas violaciones de normas federales, retirada de visados a estudiantes internacionales y presiones ideológicas que amenazan la autonomía institucional.
- Estas medidas buscan, sobre todo, desmantelar la influencia progresista en la educación superior, en un contexto de paulatino desprestigio de las universidades por su elitismo, cierto sesgo ideológico, altos costes y falta de conexión con amplios sectores de la sociedad.
- Frente a esta crisis, se propone una doble estrategia para las universidades: resistir legal y colectivamente las acciones del gobierno y, al mismo tiempo, acometer reformas internas profundas para recuperar la legitimidad y la confianza ciudadana.
Análisis
La educación superior en EEUU está sufriendo un ataque sin precedentes por parte de la Administración del presidente Trump. Durante la campaña electoral, Trump criticó duramente a las universidades de EEUU, acusándolas de “adoctrinar a la juventud estadounidense” y prometiendo “recuperar nuestras otrora excelentes instituciones educativas de la izquierda radical”. El vicepresidente Vance llegó incluso a describirlas en una conferencia como “el enemigo”. Además, el Proyecto 2025, un plan de acción conservador de la Fundación Heritage, que Trump está usando como la base de muchas de sus políticas, incluye propuestas ambiciosas que traerían cambios profundos a la educación superior, incluyendo la privatización de los préstamos estudiantiles, la liquidación del Departamento de Educación, la modificación del Título IX para incluir requisitos de debido proceso, la definición de “sexo” bajo el Título IX para significar únicamente el sexo biológico reconocido al nacer, la modernización del sistema de acreditación y la eliminación de los programas de diversidad.
Motivado por el deseo de castigar a sus enemigos, desmantelar la elite intelectual progresista que piensa que domina los campus y construir una nueva elite que refleje los valores culturales conservadores, Trump ha retirado cientos de millones de dólares de fondos federales a las universidades, y ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra docenas de universidades que según él están incumpliendo las leyes y reglamentos federales por utilizar preferencias raciales en sus procesos de admisión, promover el antisemitismo y no proteger a los judíos en sus campus o a las mujeres en el deporte. La Administración Trump ha cancelado más de 2.500 millones de dólares en fondos federales para la investigación en educación superior a nivel nacional desde fines de abril. El Departamento de Educación abrió investigaciones sobre docenas de universidades por su participación en programas de diversidad, equidad e inclusión, y ha puesto a unas 60 universidades bajo investigación por antisemitismo, amenazándolas con severas sanciones. El gobierno también ha suspendido cientos de millones de dólares en fondos aprobados para instituciones como Brown, Columbia, Harvard, Princeton y la Universidad de Pensilvania exigiendo que cedieran ante sus exigencias para restaurar la financiación. Estos ataques se dirigen en particular contras las universidades de elite: seis de las ocho universidades de la Ivy League se enfrentan a importantes amenazas de cortes en la financiación federal, que ascienden a miles de millones de dólares, mientras que el gobierno federal está investigando a siete de ellas (todas menos la Universidad de Dartmouth) por acusaciones de haber permitido el antisemitismo en sus campus y las amenaza con sancionarlas. Además, congeló 2.200 millones de dólares en subvenciones gubernamentales a Harvard, solicitó al IRS que revocara la exención de impuestos de la universidad y ha revocado su elegibilidad para recibir estudiantes extranjeros. Además, ha desmantelado el Departamento de Educación, despidiendo a la mayoría del personal responsable de las políticas y supervisión de la educación superior, ha declarado inconstitucionales los programas de diversidad (DEI en inglés), ha reformado el sistema de acreditación universitaria y ha iniciado investigaciones sobre universidades a las que acusa de favorecer a estudiantes minoritarios en sus procesos de admisión.
1. Primeras consecuencias
La creciente confrontación con el gobierno federal ha generado un gran temor en los campus estadounidenses, socavando la libertad académica y la libertad de expresión, y está afectando a sus presupuestos (con muchas universidades viéndose forzadas a despedir a cientos de trabajadores para hacer frente a los recortes) y planificación estratégica. Además, la eliminación de miles de programas de investigación está dinamitando la investigación en proyectos científicos, medicina y tecnología, incluyendo programas que podrían salvar millones de vidas. El ataque, entre otros, a las universidades de Columbia (que ha accedido a las demandas de Trump) y de Harvard (que se ha opuesto y le ha llevado a los tribunales) son sólo la punta del iceberg de una estrategia concertada para microgestionar los campus, y terminar con la libertad de expresión y de cátedra, y es una continuación de la implementación de estrategias autoritarias para debilitar las universidades y la independencia del sector, como se ha visto ya en países como Hungría y Turquía. Este ataque al sector merece una oposición implacable y denuncia rotundas.
Sin embargo, este ataque deplorable que retrotrae a la época del McCarthysmo, no debe de obviar los errores que se han cometido en las universidades durante las últimas décadas, que han llevado a una situación de vulnerabilidad y debilidad que ha allanado el terreno para los ataques de Trump y los Republicanos, dejando pocos apoyos entre la sociedad. Además, dichos ataques contra la educación superior están ocurriendo en un momento de gran vulnerabilidad financiera para muchas universidades, que se enfrentan a las consecuencias de lo que se denomina “precipicio demográfico” causado por la disminución proyectada en el número de estudiantes que ingresarán a la universidad (según el censo de EEUU, se proyecta que el número de jóvenes de 18 años se contraiga tras alcanzar un máximo de alrededor de 4,2 millones de personas en 2033, reduciéndose a alrededor de 3,8 millones para 2039), con su impacto concomitante en la matrícula y los presupuestos universitarios, y que ya ha llevado al cierre o fusión de al menos 79 universidades públicas o privadas sin ánimo de lucro desde marzo de 2020.
La llegada de Trump al poder ha exacerbado considerablemente los desafíos políticos y de relaciones públicas que la educación superior ha afrontado durante los últimos años. En éste momento se precisa del apoyo de la sociedad civil en la confrontación contra Trump, tal y como reconoció la presidenta de la universidad MIT, Sally Kornbluth, en una reciente reunión de la universidad de la que informó el diario Boston Globe: “lo único que cambiará las cosas es cuando el público estadounidense en general se ponga de pie y diga que lo que está sucediendo es inaceptable y que está increíblemente preocupado por ello”. Sin embargo, hasta ahora la respuesta de la sociedad estadounidense a la ofensiva autoritaria del gobierno de Trump ha sido en general decepcionante. A través de órdenes ejecutivas, sus discursos, entrevistas y mensajes en las redes sociales, y las acciones de los miembros de su Administración a cargo del Departamento de Justicia y otras ministerios y agencias del gobierno, las acciones de Trump están paralizando instituciones que se erigen como pilares de la sociedad civil independiente de EEUU. Al enfrentarse a estas amenazas, los líderes cívicos (desde políticos a directivos de empresas y bufetes de abogados, a editores de periódico y presidentes de universidad) se enfrentan a un complejo problema de acción colectiva ya que el precio de oponerse al gobierno puede ser muy alto en perdida de financiación federal o de contratos públicos, en costes de litigación contra el gobierno, o en costos reputacionales… para sus organizaciones, y al tener la responsabilidad fiduciaria de proteger a sus instituciones tienen incentivos para apaciguar o mantenerse al margen, en lugar de oponerse, a estas acciones, esperando que alguien más dé un paso al frente. Por ello no debe sorprender que algunos de los líderes de la sociedad civil, así como líderes de los bufetes más prestigiosos, de universidades como Columbia, y de instituciones culturales o empresas (incluyendo las de comunicación como ABC o Paramount) hayan adoptado estrategias de autopreservación y hayan escogido mantenerse en silencio, o en muchos casos aceptado la intimidación autoritaria de Trump y otros miembros de su Administración llegando a acuerdos con su gobierno.
2. Pérdida de confianza en las universidades
En el caso específico de las universidades estadounidenses hay poco apoyo entre la sociedad porque durante la última década se ha producido una erosión profunda de la confianza en la educación superior: una encuesta de Gallup muestra que una proporción cada vez mayor de adultos estadounidenses afirma tener poca o ninguna confianza en la educación superior. Cuando Gallup midió por primera vez la confianza en la educación superior en 2015, el 57% tenía mucha o bastante confianza y el 10% poca o ninguna. Ahora, un 32% tiene cierta confianza, un 32% poca o ninguna confianza y sólo un 36% mucha o bastante. Ninguna otra institución ha experimentado una caída tan pronunciada de la confianza entre 2015 y 2023, y la división partidista es aún más profunda: tres cuartas partes de los Demócratas consideran las contribuciones de la educación superior de forma positiva, mientras que sólo un 37% de los Republicanos lo ven así. Y esto ocurre en un momento en que hay un descontento generalizado de cómo se han gestionado las protestas en los campus contra la guerra en Gaza, lo que ha llevado a críticas y continuadas audiencias en el Congreso de EEUU para investigar las acciones de las universidades, y contribuyó a la renuncia de tres presidentes de universidades de la Ivy League tras sus desastrosas comparecencias en el Congreso.
Esta pérdida de confianza en las universidades se fundamenta en tres grandes razones. En primer lugar, la percepción generalizada de que son instituciones partidistas que han adoptado una agenda liberal progresista y que se han alineado demasiado con las prioridades y políticas del Partido Demócrata y/o de la izquierda radical. El apoyo a programas de diversidad, a los derechos de las personas transgénero y LGBTQ+ y a políticas económicas progresistas, ha colocado a las universidades en el punto de mira de políticos y activistas conservadores, muchos de los cuales ahora ocupan puestos de poder en el ejecutivo y el Congreso y critican, a veces no sin razón, la creciente censura en muchos campus, donde a veces estudiantes intolerantes y un profesorado cada vez más izquierdista sofocan el debate abierto, así como la adopción por una parte de las universidades de una ideología académica y una visión del mundo woke que simplifica complejas historias sociales y políticas como luchas maniqueas entre los oprimidos y sus opresores, los débiles y los poderosos, los justos y los malvados. Esto se puso de relieve cuando Hamás lanzó su brutal ataque del 7 de octubre contra civiles israelíes. Todo ello las ha alejado de millones de ciudadanos estadounidenses que las ven como órganos radicales ensimismados en indoctrinar a sus estudiantes en políticas radicales y valores culturales muy distanciados de los suyos, así como adoptar y promover ideologías que consideran repulsivas.
En segundo lugar, se ha contribuido a crear un gravísimo problema de acceso a la educación superior: el coste de las universidades ha alcanzado niveles insostenibles. Según US News, el coste promedio de la matrícula y las cuotas entre las universidades privadas nacionales mejor clasificadas en los rankings ha aumentado alrededor de un 41% desde 2005. Entre 1978 y 1979, asistir a una universidad privada costaba 17,680 dólares al año y a una pública 8,250. Hoy en día, estos costes promedian 48,510 y 21,370 dólares, respectivamente, lo que hace que el acceso a la educación universitaria sea inasequible para millones de familias, y ha contribuido a perpetuar las desigualdades y el resentimiento contra la educación superior. El problema se agrava por la reducción de la financiación pública. Al limitar el acceso, se ha contribuido a un “sistema de segregación” basado en el mito del mérito, que ha enaltecido a la clase con estudios superiores por encima del resto. Y estos costes han contribuido a una explosión de la deuda educativa que, de acuerdo con los datos de Education Data Initiative, ya asciende a 1,693 billones de dólares. Por ponerlo en perspectiva, el estudiante promedio de una universidad pública solicita un préstamo de 31.960 dólares para obtener una licenciatura, y 42.7 millones de estudiantes tienen deudas por préstamos federales con un saldo promedio total (incluyendo la deuda privada) de 41.618 dólares, de los que un 4,86% se encontraba en mora al cuarto trimestre financiero de 2024. Una situación deplorable e insostenible que explica el resentimiento contra la educación superior.
Otro factor clave que ha distanciado las universidades de un gran segmento de la sociedad ha sido la adopción de políticas de diversidad en los procesos de admisiones y reclutamiento. El resultado de estas políticas ha sido que las universidades de elite se han integrado racialmente, pero han segregado económicamente. Las encuestas muestran que los estadounidenses apoyan la diversidad racial, pero no creen que las preferencias raciales sean la forma correcta de lograr ese objetivo, y apoyan los programas de discriminación positiva para los estudiantes económicamente desfavorecidos de todas las razas. La mayoría de los ciudadanos quieren que la educación enfatice lo que los estadounidenses tienen en común, independientemente de su raza. Un estudio reciente de Raj Chetty muestra que, en los últimos años, la brecha de movilidad económica por raza se ha ido cerrando, mientras que la brecha de clase ha aumentado. La Corte Suprema anuló las preferencias raciales en 2023 y muchas universidades han respondido aumentado sus programas de becas para las familias de menos ingresos.
Por último, cada vez hay más escepticismo sobre el valor de un título universitario. De acuerdo con una encuesta de Pell, solo el 22% de los adultos norteamericanos dice que vale la pena el costeo de obtener hoy un título universitario, y cuatro de cada 10 adultos dicen que no es muy importante o nada importante tener un título universitario de cuatro años para conseguir un trabajo bien remunerado. Un reciente estudio de la Reserva Federal de San Luis muestra que la prima por ingresos universitarios (el ingreso adicional que percibe una familia cuya cabeza posee un título universitario, en comparación con el de una familia similar cuyo jefe de familia no posee un título universitario) se mantiene positiva, pero ha disminuido para los recién graduados, y que la educación universitaria y de posgrado puede estar fallando a algunos recién graduados como inversión financiera.
Y éste escepticismo está justificado: la mayoría de los estudiantes no se gradúan de sus universidades (según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, en 2020, la tasa general de graduación a los seis años para estudiantes universitarios en el otoño de 2014 fue del 64%), más de la mitad de los graduados terminan subempleados (según un informe del Strada Institute for the Future of Work and the Burning Glass Institute, el 52% de los graduados universitarios de cuatro años están subempleados un año después de graduarse), y, como se ha visto, la mayoría de los estudiantes se gradúan con niveles crecientes de deuda. Además, al perpetuar el mito de que la educación superior es el único camino hacia la prosperidad, se está dejando fuera al 65% de los estadounidenses que no tienen títulos universitarios, lo que contribuye al resentimiento de la clase trabajadora contra la clase profesional (por ejemplo, las personas con títulos de educación superior) que ha sido un factor tan importante en esta elección.
Trump se ha aprovechado de este contexto tan desalentador para iniciar un ajuste de cuentas que es indefendible porque está violando todas las garantías procesales de las universidades, y está recortando millones de dólares federales en investigación a un número creciente de universidades bajo el pretexto de un “antisemitismo”, que pese a ser innegable, como muestra un reciente informe de la Universidad de Harvard y que hay que atajar de forma decisiva (como la islamofobia y todas las formas de discriminación), no puede servir de argumento para destruir nuestras instituciones de educación superior.
3. ¿Cómo deben responder las universidades a esta crisis?
En primer lugar, hay que partir de la base de que hay que cumplir la ley, de que las universidades tienen una respons
