El informe publicado por la European Environment Agency analiza cómo integrar la justicia social en las políticas de adaptación al cambio climático en Europa.
El documento sostiene que la preparación ante los impactos climáticos debe garantizar que ningún grupo social quede afuera de las políticas referidas al cambio climático, especialmente aquellos más vulnerables como personas mayores, niños, hogares con bajos ingresos, personas con discapacidad, migrantes o trabajadores al aire libre.
A pesar de que la justicia comienza a integrarse en las políticas de adaptación de la Unión Europea y sus Estados miembros, los autores sostienen que aún existen importantes carencias, principalmente en la implementación. Solo el 4 % de los planes locales de adaptación involucran directamente a grupos vulnerables y apenas un 3 % incluye objetivos explícitos vinculados a la justicia. Además, la mayoría de las estrategias se enfocan en quién sufre los impactos, pero no en quién se beneficia de las medidas de adaptación.
El informe examina cuatro sistemas clave: entorno construido, agricultura y alimentación, agua y transporte. En el entorno construido, el 19% de la población europea no puede mantener su vivienda fresca en verano y menos de la mitad de los residentes urbanos tiene acceso a espacios verdes a menos de 300 metros. Las medidas propuestas incluyen subsidios para reformas energéticas y mecanismos inclusivos de planificación urbana.
En agricultura, los pequeños productores y trabajadores migrantes enfrentan riesgos crecientes por eventos extremos. El estudio recomienda diseñar seguros y apoyos técnicos accesibles, junto con políticas culturalmente sensibles. En el sistema hídrico, el 34 % de la población europea experimenta escasez de agua cada año, por lo que se requieren tarifas sociales y tecnologías de ahorro accesibles. Finalmente, en transporte se propone adaptar la infraestructura con materiales resilientes y aplicar tarifas sociales para mejorar la equidad.
Finalmente, el documento propone una hoja de ruta multinivel para operacionalizar la resiliencia justa, incluyendo marcos de monitoreo, fondos específicos y participación ciudadana. Se espera que el Plan Europeo de Adaptación Climática de 2026 sea una oportunidad clave para integrar estas recomendaciones.
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