19 de diciembre de 2025. El proyecto de ley aprobado por el Gobierno del Principado parte de una buena intención social y reconoce correctamente que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de Asturias. Contiene elementos positivos en materia de protección de colectivos vulnerables y refuerzo del parque público, y sitúa la vivienda en el centro de la agenda pública, algo imprescindible. Sin embargo, desde una perspectiva económica y territorial, el texto adolece de una debilidad estructural: pone el foco prioritariamente en la gestión de las consecuencias —precios altos, dificultades de acceso— sin abordar con la suficiente ambición la causa principal del problema, que es la insuficiente oferta de vivienda. Cuando la escasez no se corrige, la regulación acaba convirtiéndose en un mecanismo de racionamiento, con efectos no deseados sobre el mercado, la seguridad jurídica y la inversión.
Asturias se encuentra, no obstante, ante una gran oportunidad. Si esta ley se acompaña de políticas decididas para movilizar suelo, agilizar la tramitación urbanística, ofrecer un marco fiscal coherente y activar una colaboración público-privada real, la vivienda puede convertirse en una palanca de competitividad, atracción de talento y cohesión social. La experiencia comparada demuestra que ni el mercado ni la Administración pueden resolver solos un problema de esta magnitud. La vivienda exige planificación, cuentas claras y cooperación entre todos los agentes: administraciones, promotores, sector financiero y propietarios. De lo contrario, el riesgo es evidente: cronificar la escasez, tensionar el mercado laboral y debilitar la clase media, que es el verdadero sostén económico y social de Asturias.
