Madrid, 22 de diciembre de 2025- La actualización preliminar del estado de las solicitudes de acceso y conexión en 2025 confirma una realidad preocupante: solo el 12% de los que se solicitan acceso a la red eléctrica lo obtienen. El porcentaje de solicitudes concedidas se mantiene en niveles similares a los de 2024.
De hecho, es posible que tras la publicación de los mapas de capacidad —un avance relevante en términos de transparencia y planificación—, haya proyectos industriales que ya ni siquiera soliciten acceso, al tener información de que no hay capacidad disponible alguna en su zona de conexión.
En 2025 se han solicitado en torno a 40 GW de acceso y conexión, de los cuales solo un 12% (4,5 GW) ha sido concedido, el 66% (25 GW) no han podido ser atendidos, mientras que el 22% restante (8,5 GW) continúa en tramitación.
Estos datos evidencian que el problema ya no es de información ni de procedimiento, sino estructural. La falta de capacidad en la red española de distribución sigue siendo una barrera que impide a nuevos proyectos implantarse allí donde realmente lo necesitan, obligándolos a desplazarse a zonas que, aun contando con capacidad disponible, no siempre responden a criterios industriales, logísticos o económicos adecuados.
El impacto es especialmente grave para la industria ya instalada. Empresas ubicadas en puntos concretos del territorio ven limitada —o directamente bloqueada— la electrificación de sus procesos productivos, frenando mejoras clave en competitividad, eficiencia y productividad, y comprometiendo tanto su desarrollo futuro como el cumplimiento de los objetivos de transición energética.
Estas cifras ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad urgente de adecuar y reforzar la red de distribución para incrementar su capacidad y poder atender una demanda que ya está solicitando electrificarse.
Para lograrlo, es imprescindible contar con un marco regulatorio y retributivo que incentive las inversiones necesarias. Por un lado, se requiere un modelo de retribución claro y estable y sólido jurídicamente, que garantice la recuperación de las inversiones y cubra adecuadamente los costes de operación y mantenimiento.
Por otro, resulta fundamental disponer de una tasa de retribución financiera suficiente, no inferior al 7%, alineada con el coste real de la financiación y capaz de atraer capital en un contexto de creciente competencia internacional.
Estas cuestiones siguen pendientes de la CNMC, actualmente en tramitación tras el dictamen del Consejo de Estado. Recientemente se ha incrementado la tasa de retribución en el Reino Unido y en Portugal por lo que confiamos en que la CNMC, ante estas evidencias que han ocurrido tras su propuesta de tasa, proceda a un ajuste al alza para poder competir por el capital y que la industria española tenga las mismas oportunidades de acceder a la red que la británica o la portuguesa.
Si no se abordan de forma ágil y eficaz, no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España.
Es el momento de apostar decididamente por las redes eléctricas como habilitadoras de la electrificación y la reindustrialización. No hacerlo supondría perder una oportunidad país clave construida con el esfuerzo realizado hasta la fecha.
