Como venimos anunciando desde el Colegio Nacional, la puesta en marcha de la oficina judicial del tribunal de instancia no iba a ser ni tan inmediata ni tan pacífica, como se está anunciando. No podemos concretar cómo va a ser en real, porque seguimos en periodo inhábil, y los órganos judiciales no han empezado a funcionar, pero aun así, ya podemos identificar demasiados problemas, en los servicios de guardia y de violencia sobre la mujer, y diversidad de criterios en distintas CCAA, que decían que tenían hechos los deberes.
Según el trabajo de campo realizado por nuestras delegaciones podemos decir que en las CCAA con competencias transferidas la situación es la siguiente:
En Andalucía se han dictado diversas Instrucciones de similar tenor por los distintos Secretarios Coordinadores que dibujan un proceso para poner en marcha la nueva estructura que terminará el 31 de marzo. Hasta entonces no se materializará el cambio ni la puesta en marcha de la LO 1/2025.
Aragón: en Aragón aún no ha salido el acoplamiento de funcionarios. Por ello todo sigue igual que antes, y está previsto que hasta febrero no llegue el cambio informático.
En Asturias entraron Langreo y Mieres, aunque con problemas de reparto. En Gijón, Oviedo y Avilés la Oficina Judicial del TI está oficialmente postpuesta hasta el 15 de febrero.
En Canarias el acoplamiento de funcionarios titulares se publicó el día 31 de diciembre y se han detectado importantes errores; las recolocaciones físicas con cambios de ubicación en los edificios se iniciarán a partir del 7 de enero; y no hay noticias de cuando se procederá al traspaso de expedientes a los nuevos servicios.
En Gran Canaria está previsto que hasta el 31 de enero todos los LAJ y funcionarios seguirán en los mismos sitios y con las mismas funciones que tenían antes del 31 de diciembre, salvo que con anterioridad pueda empezar a funcionarse con arreglo a la distribución de tareas en servicios comunes. Faltan muchos funcionarios y LAJ por incorporarse de vacaciones, así que para que los servicios no queden descubiertos y pueda seguir atendiéndose al ciudadano, se continuará con las mismas funciones hasta tanto puedan distribuirse las nuevas, para lo que se ha puesto el plazo máximo del 31 de enero.
En TENERIFE tampoco se ha empezado con el desempeño de nuevas funciones. Se hará de manera progresiva. Aún están realizando las funciones que tenían asignadas con anterioridad al 31 de diciembre.
También en Galicia la implantación también será progresiva según el cronograma previsto.
En el País Vasco, tal y como había anunciado, el proceso va lento y está previsto que se retrase varios meses. A ello se une la supresión de los servicios comunes de ejecución criticada por todos.
En la Comunidad Valenciana tampoco se está funcionando con la nueva estructura. Aún está pendiente la confirmación/adjudicación de los puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos generales. Únicamente se ha iniciado la llamada fase de estabilización el 31 de diciembre, y que debe finalizar el 31 de marzo de 2026 , una vez cerrado definitivamente el acoplamiento del personal y los traslados de ubicación.
En Madrid y Cataluña, en teoría, nos dicen que ya se ha materializado la implantación. Pero por su entidad creemos que lo más adecuado y prudente es esperar unos días para comprobar cual es la realidad. Sí hemos detectado importantes complicaciones en la gestión de los nuevos usuarios, con altas indebidas que impiden el acceso a los sistemas, y en definitiva el trabajo; y del hecho de que hay obstáculos en el reparto, que en ocasiones no puede realizarse o derivados de que se están repartiendo asuntos presentados incluso a mediados de diciembre, que iban destinadas a los antiguos juzgados inexistentes a día de hoy.
También hay CCAA como Cantabria o la Rioja en las que el cambio de organización se ha hecho de forma más correcta.
En territorio Ministerio la adaptación ha sido “atropellada” (no nos cansaremos de repetirlo), sin criterios claros y con absoluta falta de previsión. No sabemos cómo van a ir las cosas cuando se empiece a trabajar de verdad, pero aun cuando ha sido únicamente un día los problemas han sido importantes:
- Los contadores de la aplicación de gestión Atenea no han funcionado correctamente, dan números repetidos a los asuntos que se van incoando.
- La aplicación que gestiona los medios personales,
Ainoa, no está funcionando, cuando precisamente es el aplicativo que tiene que generar las tomas de posesión y los ceses en los nuevos puestos. - Faltan órdenes y protocolos específicos, puesto que los que se han dictado son muy generales, y no resuelven los problemas de relación con los jueces.
- Hay descoordinación con los servicios del CGPJ, concretamente en la gestión de los exhortos.
- Destacan en todo el territorio nacional dificultades en las Unidades de Guardia o a la Sección de Violencia sobre la Mujer esencialmente porque las guardias se están encargando a personas que no la han hecho nunca, y que no tienen acceso a las aplicaciones ni al sistema de registro de medidas cautelares SIRAJ lo que es muy grave.
En definitiva, hoy estamos ante la puesta en marcha del tribunal de instancia que se ha materializado el 1 de enero en aplicación de la transitoriedad de la LO 1/2025, que carece en gran parte del territorio nacional de la oficina judicial que le debe dar soporte. Ante ello nos preguntamos si no hay juzgados desde el día 1, sin que se ha generado el cambio organizativo, ¿cómo se van a ejercer funciones procesales, la fe pública, la ordenación del proceso, o la dación de cuenta, por los LAJ desde estructuras inexistentes? Nos gustaría que alguien nos diera la respuesta.
El Colegio quiere ser transparente, porque están en juego los derechos de todos los justiciables, de los que depositan su confianza en la Administración de Justicia, de los profesionales del derecho y por supuesto, también, de nuestros compañeros Letrados de la Administración de Justicia. Por eso hemos insistido en que la adjudicación de los nuevos puestos dejara claro el recurso posible, para que todos los que se consideren perjudicados en sus derechos laborales, que son muchos, puedan ejercerlos. Y por eso seguiremos ofreciendo nuestro punto de vista de la realidad de la Administración de Justicia.
