Niñas y Niños a la Guerra: El Mundo Donde No Queremos Vivir
A miles de menores se les roba su infancia al ser forzados a participar en conflictos armados. Ya sea como combatientes, espías, esclavos sexuales o en otras funciones dentro de grupos armados, son testigos de asesinatos y víctimas de torturas, malos tratos y violaciones sexuales. Las secuelas físicas y psicológicas que enfrentan son devastadoras.
Actualmente, según Naciones Unidas, en el Informe “25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra”, entre 2005 y 2020, más de 93.000 niñas y niños fueron reclutados y utilizados en conflictos armados. Durante dicho período, las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niñas y niños. En 2021, la violencia sexual y los secuestros de niños y niñas en zonas de conflicto aumentaron un 20%, según el informe anual de la ONU sobre los Niños y los Conflictos Armados.
Por ello, en este 12 de febrero, Día Internacional contra el Uso de Niñas y Niños Soldado, es fundamental visibilizar esta realidad, generar conciencia y promover acciones concretas para erradicar esta práctica deshumanizante.
El término “niña o niño soldado» está definido en los Principios de Ciudad del Cabo Principios de Ciudad del Cabo (1997) como cualquier menor de 18 años reclutado o utilizado por fuerzas o grupos armados en cualquier función, incluyendo a niñas sometidas a violaciones y matrimonios forzados.
Para combatir el reclutamiento infantil en conflictos armados, se ha desarrollado un marco normativo internacional:
- Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra (1977): Fijan en 15 años la edad mínima para el reclutamiento y participación en hostilidades.
- Convención sobre los Derechos del Niño (1989): Incluye el conjunto de los derechos fundamentales de niñas y niños. El artículo 38 establece que los Estados adoptarán todas las medidas posibles para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades.
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998): Considera crimen de guerra el reclutamiento y uso de menores de 15 años en conflictos armados.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (2002): Vinculante para los Estados firmantes, eleva a 18 años la edad mínima para participar en hostilidades y prohíbe el reclutamiento forzoso de menores.
- Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1539 (2004) y 1612 (2005): Establecen mecanismos para el monitoreo, la denuncia y la rendición de cuentas ante las violaciones graves de los derechos de la infancia en conflictos armados.
- Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Compromete a los Estados a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, incluyendo la utilización de niñas y niños soldado para 2025.
Cabe señalar, asimismo, que la situación de las niñas es especialmente alarmante porque, además de ser reclutadas para el combate, muchas son sometidas a esclavitud sexual, matrimonios forzados y tratos degradantes. Se estima que el 40% de los menores soldados son niñas. En Haití, por ejemplo, en 2024, el número de denuncias de casos de violencia sexual contra menores aumentó un 1000% de acuerdo con lo informado por la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.
Estas agresiones exponen a las niñas a embarazos forzados, enfermedades de transmisión sexual y profundos traumas psicológicos. Al ser liberadas, muchas veces enfrentan el rechazo de sus familias y comunidades, lo que agrava su sufrimiento.
Ante esta realidad, las estrategias de prevención y reintegración son claves. Diversas organizaciones trabajan para liberar y rehabilitar a niñas y niños soldados. UNICEF, por ejemplo, lidera programas a través de los cuales brinda atención psicológica, educación y capacitación para facilitar su reincorporación a la sociedad. En Colombia, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han apoyado a más de 2.500 menores desmovilizados con asistencia sanitaria, educativa y jurídica.
Sin embargo, la responsabilidad principal recae en los Estados, que deben cumplir con las obligaciones que surgen del marco jurídico, garantizar la implementación de leyes que penalicen el reclutamiento de menores y fortalecer las actividades de rehabilitación física y psicosocial de reintegración de niñas y niños víctimas de conflictos armados.
La sociedad civil también tiene un rol crucial y debe exigir:
- La ratificación y aplicación efectiva del Protocolo Facultativo sobre la participación de niños y niñas en conflictos armados.
- Reformas legislativas que penalicen el reclutamiento y la explotación infantil en conflictos armados.
- La asignación de recursos para la atención, reparación y reinserción de niñas y niños afectados.
En conclusión, tanto los Estados como los grupos armados deben rendir cuentas por la utilización de menores en hostilidades. Es momento de cambiar la narrativa, romper con esta realidad intolerable y exigir el fin definitivo del reclutamiento y explotación de niñas y niños en conflictos armados.
Mariana Larrosa Fernández, colaboradora de FIBGAR
