La tragedia ferroviaria de Adamuz ha traído, como si fuese inevitable, un aluvión de opiniones y de conclusiones técnicas inmediatas sobre las causas del accidente. La transparencia exigida y exigible a la administración competente, es decir, al Ministerio debería haberse traducido, precisamente, en informar a la ciudadanía que se necesitarían días, sino semanas, para conocer las verdaderas razones de esta catástrofe. Dar la sensación de que en horas ya sabremos exactamente qué pasó forma parte de la temeridad y alimenta la especulación continua.
Si respetásemos y contásemos en nuestro país con organismos realmente independientes, llevaríamos un gran trecho ganado en la credibilidad de la acción pública; hoy tan mancillada. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios CIAF existe. Y aunque su configuración esté cuestionada por no respetar los estándares europeos, es lo que tenemos y es mucho más que no tener nada y dejar todo a la especulación y el cañoneo.
Es el presidente de la CIAF quien tendría que haber dado la cara públicamente desde el primer día. Y es de esperar que la CIAF haga su trabajo de forma solvente y sea este organismo técnico quien ofrezca la información última y veraz.
Dicho todo lo anterior, sí que es posible posicionarse sobre algo realmente incuestionable y es la sistemática falta de inversión pública en el mantenimiento de las infraestructuras. Ahí sí que hay responsabilidad política. Es muy lamentable que tras el inmenso esfuerzo inversor hecho por el conjunto de España en la transformación radical de sus infraestructuras de transporte (ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos) se permita su deterioro sistémico.
No gastar en conservar un bien, lejos de ahorrar te hace cada día más pobre. Tan solo en la red de carreteras españolas (donde intervienen cerca de 60 Administraciones diferentes) la Asociación Española de Carreteras ha evaluado un déficit total de más de 13.000 millones de euros para su arreglo y puesta al día. Por supuesto y a la vista está, Navarra forma parte de ese escenario. Saber cuánto es el déficit acumulado para mantener al día los 4.000 kilómetros de la Alta Velocidad española parece misión imposible. Pero manifestaciones ministeriales atribuyendo a que el deterioro de la red de AV se debe al incremento de tráfico y, a la vez, decir que estamos en la Edad de Oro del ferrocarril es un contrasentido y un sinsentido.
Tristemente las políticas actuales, donde gran parte del inmenso dinero recaudado parece ir a subvencionar medidas más que cuestionables, o a empobrecer al Estado transfiriendo hasta 20.000 millones de euros adicionales a las CCAA, no son compatibles con gastar dinero en algo que no se ve, como es el mantenimiento de las infraestructuras públicas. Infraestructuras que, por cierto, son patrimonio de todos los españoles, incluidos los navarros, pues las hemos pagado con nuestros impuestos. Si esta inmensa tragedia sirve, al menos, para rectificar en este sentido, no habrá sido en balde la pérdida de tantas vidas.
