Claves de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

VI. ¿Quién está legitimado ante el orden contencioso-administrativo?

Cuando hablamos de legitimación, se exige la concurrencia de un interés legítimo para poder ser parte en el proceso. Esto implica la existencia de un vínculo real y efectivo entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de modo que la eventual anulación del acto produzca efectos positivos o negativos, presentes o futuros, para quien interviene en el proceso. En definitiva, se requiere una conexión material entre la persona y la pretensión jurídica ejercitada que justifique su intervención como demandante o demandado.

Dependiendo de la posición que ocupe en el procedimiento judicial, estaríamos hablando de:

1. Legitimación activa, referida a quienes pueden demandar de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2. Legitimación pasiva o contra quien se demanda, conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

VII. ¿Cuándo se necesita abogado y procurador según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa?

Cuando el procedimiento se sustancia ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia o ante las Secciones de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia, la intervención de abogado es preceptiva, mientras que la representación por procurador tiene carácter facultativo. En el supuesto de que la parte no confiera su representación a procurador, esta será asumida por el propio abogado que la asista.

En cambio, cuando el procedimiento se sigue ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa exige de forma obligatoria la intervención conjunta de abogado y procurador.

VIII. Reformas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa tras la Ley 1/2025.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante, Ley 1/2025), se introdujo una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con la finalidad de incorporar medidas de agilización procesal. Dichas modificaciones persiguen dotar a este orden jurisdiccional de instrumentos procesales más eficaces que permitan facilitar y acelerar tanto la tramitación de los procedimientos como su resolución, contribuyendo así a una tutela judicial más eficiente.

A tal efecto, pueden mencionarse, entre otras, las siguientes medidas:

1. En el ámbito competencial de la Audiencia Nacional, corresponde a esta conocer de los recursos que se interpongan contra las disposiciones generales y los actos dictados por los Ministros, incluso cuando dichos actos se adopten previa deliberación, informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
2. Se reconoce la legitimación de los sindicatos, además de las ya existentes, para actuar en defensa de los derechos individuales del personal funcionario y estatutario afiliado, siempre que cuenten con su autorización expresa, produciéndose los efectos del proceso exclusivamente respecto de dichos afiliados. Como consecuencia de ello, se modifica el artículo 45.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
3. Se modifica el procedimiento abreviado, a tales fines:

1. Se sustituye la figura del “Secretario judicial”incluyendo en su lugar, la figura de “letrado o la letrada de la Administración de Justicia”.
2. En cuanto a la celebración de la vista, se requerirá a la: “…Administración demandada que remita el expediente administrativo en soporte electrónico…”.
3. Se establece, que: “…si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia acordará lo que corresponda para posibilitar su práctica, sin perjuicio de lo que el juez o tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio”
4. Además, si el actor solicita en su demanda que el recurso se resuelva sin recibimiento de prueba ni celebración de vista, se exigirá a la parte demandada que, junto con su solicitud de celebración de vista, exponga los argumentos que permitan al órgano jurisdiccional valorar su conveniencia, indicando los hechos en los que exista disconformidad y los medios de prueba, distintos de los ya obrantes, que deban practicarse para resolverla. El juez resolverá dicha solicitud mediante auto, que no será recurrible si acuerda la celebración de la vista. Asimismo, se contempla la posibilidad de que el demandante solicite en su demanda la práctica de un trámite probatorio y/o la evacuación de conclusiones en caso de que se rechace la celebración de la vista.

4. Se establece, además, que cuando el juez o la jueza aprecie que una prueba relevante no puede practicarse en el acto de la vista, sin que exista mala fe por parte de quien tenga la carga de aportarla, podrá acordarse la suspensión, señalándose en ese mismo acto, y sin necesidad de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse. No obstante, si el letrado o la letrada de la Administración de Justicia no hubiera asistido a la vista, el nuevo señalamiento se efectuará en el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera acordado la suspensión.
5. En cuanto a la resolución del procedimiento, se abre la posibilidad de que el Juez pueda dictar oralmente la sentencia al concluir el acto de vista, con los requisitos de forma y consecuencias previstas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y pronunciando su fallo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68 a 71 de la Ley 1/2025.