- La aprobación por parte de la Asamblea Nacional senegalesa de una ley que duplica las penas de prisión por mantener relaciones homosexuales supone un preocupante endurecimiento.
- Este texto eleva las penas a cinco y a diez años de prisión y amplía la represión a la llamada "promoción" de la homosexualidad.
- Esta legislación infringe las obligaciones internacionales de Senegal y expone aún más a las personas LGBTIQ+, o que se perciben como tales, a la estigmatización, la violencia y las detenciones arbitrarias.
- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) insta a Bassirou Diomaye Faye, Presidente de la República de Senegal, a no promulgar una ley profundamente discriminatoria contra una parte de su población.
París, Dakar, 17 de marzo de 2026. Una nueva ley, aprobada el 11 de marzo de 2026 por la Asamblea Nacional senegalesa, refuerza de manera drástica la represión contra las personas LGBTIQ+. Al elevar a cinco y a diez años de prisión las penas previstas por el Código Penal por "actos contra natura" y al introducir sanciones contra toda forma de supuesta "promoción" de la homosexualidad, el poder legislativo da un paso más en la penalización de la homosexualidad. En un contexto que ya se caracteriza por las detenciones y los actos de violencia contra las personas "acusadas" de ser homosexuales, este cambio legislativo no puede sino alimentar este clima de hostilidad asfixiante.
"Hoy, Senegal ha elegido endurecer una legislación que se dirige contra una parte de su población y la estigmatiza. Al hacer extensiva la represión a las personas que defienden los derechos de las personas LGBTIQ+, las autoridades senegalesas contradicen claramente sus compromisos internacionales", declara Drissa Traoré, secretario general de la FIDH. "Una ley de este tipo no protege a nadie: expone aún más a personas ya en situación de vulnerabilidad a la violencia, a la detención arbitraria y a las humillaciones."
Por otra parte, esta ley supone una grave amenaza contra la libertad de expresión y de asociación, así como contra las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, las y los periodistas y la abogacía comprometida con la protección de los derechos fundamentales. Al prohibir, en términos mal definidos, todo acto o apoyo que tenga por objeto "promover la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad", este texto puede criminalizar las actividades legítimas de defensa de los derechos humanos. Al hacer referencia a las "prácticas asimiladas, de la misma manera que la zoofilia y la necrofilia", la redacción del texto muestra claramente la influencia de grupos conservadores de retórica conspirativa que llevan años intentando que se apruebe una ley de este tipo, sin dudar, como en este caso, en lanzar acusaciones tan grotescas como violentas.
En un contexto en el que el espacio cívico ya se encuentra sometido a una gran presión, una disposición de este tipo expone a sus protagonistas a la persecución judicial, actos de intimidación y a campañas de estigmatización, lo que vulnera las garantías reconocidas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Defensoras y los Defensores de los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes luchan pacíficamente por los derechos y la dignidad de todas las personas.
En un contexto en el que el espacio cívico ya se encuentra sometido a una gran presión, una disposición de este tipo expone a sus protagonistas a la persecución judicial, actos de intimidación y a campañas de estigmatización, lo que vulnera las garantías reconocidas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Defensoras y los Defensores de los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes luchan pacíficamente por los derechos y la dignidad de todas las personas.
El discurso político de varios miembros de la Asamblea y de diversas personalidades senegalesas, que presenta la homosexualidad como un "ataque cultural occidental y neocolonial" para justificar esta persecución, refleja un imaginario hábilmente instrumentalizado que pretende inscribir la homofobia en un discurso soberanista. El legado colonial de las legislaciones anti-LGBT+ está demostrado.
Por otra parte, la aprobación de esta ley constituye una victoria para los movimientos antiderechos y antigénero de Senegal, algunos de los cuales abogan por el establecimiento de una sociedad regulada por normas conservadoras. Asimismo, esta situación presagia futuros ataques contra los derechos fundamentales de otros grupos minoritarios
En estos momentos, resulta urgente exigir que se abandone esta ley y se adapte la legislación senegalesa a las obligaciones regionales e internacionales del país, con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.
