Desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) queremos trasladar a la opinión pública y, muy especialmente, a todos los compañeros y compañeras del Cuerpo, nuestra más firme oposición ante la reciente modificación del sistema de productividad aprobada por la Secretaría General de la Administración de Justicia.
En primer lugar, debemos advertir de manera clara y contundente que tras una primera reunión de un grupo de trabajo de productividad en la que expusimos concretamente nuestros puntos de vista no se ha negociado en ningún momento el proceso de reforma de la estructura y fichas de productividad. Esta reforma, que afecta directamente a nuestras condiciones de trabajo y a nuestra retribución variable, se ha elaborado, redactado y decidido de manera unilateral por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sin que se haya contado con nosotros más que para realizar un traslado formal por correo electrónico de lo que ya está decidido. No somos responsables de esta decisión, ni compartimos el procedimiento seguido ni el contenido material de la misma. La falta de diálogo social es absoluta, lo que no es admisible en una cuestión tan sensible como la retribución de los LAJ, que necesariamente debe ser realmente negociada con nosotros.
Ya lo anunciamos con suficiente antelación y con total claridad: ante la falta de respuesta y la parálisis del Ministerio en todas las mesas de negociación que afectan a los LAJ, advertimos que acabaríamos en una situación como la actual. Dijimos públicamente que si no se abordaba de forma seria, dialogada y con recursos suficientes la productividad de los LAJ, acabaríamos así, porque no se estaba asumiendo la realidad de la nueva estructura de oficina, y peor y más difícil será en el siguiente trimestre.
Lamentablemente, nuestras previsiones se han cumplido al pie de la letra, y hoy nos encontramos ante una reforma que no solo no resuelve los problemas históricos, sino que los agrava con elementos de discrecionalidad sin precedentes. Como ya hemos expuesto en su momento, directamente en el Ministerio, consideramos fundamental para que podamos hablar realmente de productividad e incentivos, que la cuantía total destinada anualmente alcance, como mínimo, el 5% de la masa salarial individual de cada uno de los Letrados de la Administración de Justicia. Por debajo de ese umbral, cualquier discurso sobre productividad es pura cosmética. Sin un peso retributivo real, la productividad no es un incentivo, sino que precisamente puede convertirse en una fuente de discrecionalidad y desmotivación. No estamos dispuestos a que se nos evalúe con criterios opacos y cuantías simbólicas que no compensan la dedicación extraordinaria exigida.
Resulta paradójico que, al mismo tiempo que se nos exige un esfuerzo adicional (que realmente estamos haciendo) para la puesta en marcha de una nueva estructura, se cambien las reglas retributivas a espaldas de los legítimos representantes. Carecemos de los medios materiales necesarios, sin los efectivos personales suficientes, sin planes de formación adecuados y, ahora, sin respeto a la negociación colectiva. Difícilmente se puede exigir implicación y compromiso cuando las reglas se cambian de espaldas a quienes las tienen que aplicar.
Desde el CNLAJ seguiremos defendiendo unos criterios objetivos, transparentes, negociados y suficientemente dotados económicamente. No vamos a avalar, ni a callar, ni a mirar hacia otro lado ante una reforma que nace viciada de origen, que perjudica los intereses legítimos de todos los Letrados. Exigimos la reapertura de una mesa de negociación seria que lleva meses paralizada, con datos reales y con el objetivo de alcanzar un auténtico pacto por la productividad que respete nuestra labor y nuestra dignidad profesional.
Madrid, 29 de abril de 2026.
Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ)
