Plena inclusión refuerza la seguridad digital de sus federaciones para proteger mejor la información y reducir riesgos - Plena inclusión

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Plena inclusión está impulsando una línea de trabajo específica para mejorar la seguridad digital de sus federaciones, con el objetivo de proteger mejor la información sensible y garantizar el buen funcionamiento de las entidades sociales. Esta iniciativa, financiada con cargo al 0,7% del IRPF, forma parte de la apuesta de la Confederación por la digitalización del tercer sector y la prevención de riesgos digitales crecientes.

Las federaciones de Plena inclusión gestionan cada día información clave relacionada con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, servicios, proyectos, equipos profesionales y entidades colaboradoras. En un contexto de digitalización acelerada y aumento de los ciberataques, la seguridad digital se convierte en una condición imprescindible para proteger derechos, asegurar la continuidad de los apoyos y reforzar la confianza en las organizaciones.

Para dar respuesta a esta realidad, la Confederación ha acompañado a varias federaciones en un proceso de diagnóstico y mejora de la seguridad en sus entornos digitales, centrado especialmente en el uso de Microsoft 365. El trabajo se ha desarrollado junto a la empresa especializada BiMind e incluye auditorías de seguridad, detección de vulnerabilidades y la definición de propuestas de mejora concretas y adaptadas a cada entidad.

Rafael Robledo, responsable del área de Tecnología de Plena inclusión España, explica que en los últimos años “el uso de herramientas digitales y sistemas de colaboración ha crecido mucho en las entidades del movimiento asociativo, lo que hace imprescindible revisar cómo protegemos la información que gestionamos”. Según señala, este proyecto nace de la necesidad de “tener una visión clara y realista del nivel de seguridad y de los riesgos existentes, para poder tomar decisiones informadas”.

Desde las federaciones participantes, el proceso responde a una motivación clara: “la necesidad cada vez más relevante de aumentar la seguridad informática y nuestro plan de digitalización”, explica Iván Herrán, de Plena inclusión Castilla-La Mancha. En su caso, la situación de partida incluía “VPN en todos los móviles y ordenadores, hardware de seguridad Cisco Meraki y un antivirus con información centralizada”, lo que ha servido como base para seguir avanzando en la protección digital.

Aunque el proceso de diagnóstico aún no ha finalizado y “todavía no hemos recibido la devolución completa de los datos”, el acompañamiento ya ha impulsado mejoras concretas. “Antes de la devolución de la empresa estamos integrando la doble autentificación en todas las cuentas de Microsoft 365 y Google Workspace, ya que antes solo la tenían los administradores”, señala Iván. Además, añade que “este año vamos a volcar todos nuestros datos de Microsoft 365 en una copia de seguridad externa”.

El proceso también ha abierto nuevas oportunidades internas de mejora. “Hemos tenido la oportunidad de acoger a un alumno en prácticas que ha realizado un curso de ciberseguridad avanzado y nos está ayudando a revisar la seguridad de la organización”, explica. Una vez recibidas las conclusiones del diagnóstico, asegura que “implementaremos las propuestas que nos traslade la empresa”.

Para Rafael Robledo, uno de los principales valores del proyecto es que “no se queda en un análisis técnico, sino que permite traducir los resultados en una hoja de ruta clara, ajustada a la realidad del tercer sector y orientada a la mejora continua”. Esta combinación de diagnóstico, acompañamiento y acción resulta clave para avanzar de forma realista y sostenible.

Desde BiMind, empresa responsable del diagnóstico, destacan el esfuerzo por adaptar las prácticas de ciberseguridad a organizaciones sociales, teniendo en cuenta tanto sus recursos como su misión. En este sentido, Rafael Robledo subraya que “mejorar la seguridad digital no es solo una cuestión tecnológica, sino una responsabilidad organizativa que impacta directamente en la calidad y la confianza de los servicios que prestamos”.

Esta iniciativa demuestra cómo el uso de fondos públicos del 0,7% del IRPF puede traducirse en mejoras estructurales para las entidades sociales, reduciendo riesgos reales como accesos indebidos, ataques o pérdida de información, y fortaleciendo su capacidad para operar de forma más segura.

Ante el contexto actual, Iván Herrán lanza un mensaje a otras entidades: “ante el avance de la inteligencia artificial para detectar brechas de seguridad en el software y el aumento de los ataques informáticos, resulta urgente generar todas las medidas de seguridad de las que seamos capaces, realizando consultorías externas sobre la seguridad de nuestras organizaciones”.