El estudio publicado por la International Energy Agency destaca la necesidad de incorporar una fuerte dimensión laboral en las transiciones energéticas, asegurando que sean justas, inclusivas y centradas en las personas.
El documento subraya que los trabajadores son el eje del sistema energético: en el año 2023, 67,5 millones de personas trabajaban en el sector energético, incluyendo 34,8 millones de personas en energías limpias, superando por primera vez a los empleos en fósiles.
Los autores explican que el crecimiento del empleo en energía limpia implica desafíos en términos de cualificación, condiciones laborales y equidad. Las transiciones deben garantizar empleos dignos, con derechos laborales, negociación colectiva, seguridad social y oportunidades reales de reconversión profesional. A pesar de los avances, solo el 14 % de los trabajadores del carbón en los países más dependientes están cubiertos por políticas de transición justa.
El informe presenta ejemplos de políticas integradas como el Collie Industrial Transition Fund en Australia y el enfoque del Just Energy Transition Plan en Sudáfrica, que promueven el desarrollo industrial inclusivo vinculado a movilidad eléctrica, hidrógeno y redes inteligentes. En España, se destaca el diálogo tripartito entre los sindicatos, las empresas y el gobierno como base para planes de reconversión con impacto real en regiones afectadas.
Uno de los problemas estructurales más señalados es la escasez de mano de obra cualificada. En Europa, existe gran demanda de perfiles técnicos como soldadores, electricistas y mecánicos. La solución pasa por sistemas educativos reformados, formación flexible, certificación de competencias y mayor inversión público-privada en formación. También se destaca el rol de los convenios colectivos, como el firmado entre la compañía de energía EDF e IndustriALL Global Union, que incluye mecanismos de capacitación anticipada.
Por último, la International Energy Agency insta a fortalecer los sistemas de protección social, incluir a los trabajadores informales, especialmente en países en desarrollo, y mantener la participación activa de los sindicatos en todas las fases del proceso. El informe concluye que la transición energética no debe ser solo verde, sino también justa.
