El inicio de 2026 abre un nuevo ciclo de planificación estratégica en el ámbito de la salud, marcado por una agenda normativa y organizativa que tendrá impacto directo en la forma en que se evalúa, se gestiona y se incorpora la innovación en el sistema sanitario. Varios procesos regulatorios y estructurales configurarán el contexto en el que operarán la industria farmacéutica, las administraciones públicas y los profesionales sanitarios durante los próximos meses.
Entre los hitos que previsiblemente concentrarán la atención del sector se encuentra la Ley de Salud Digital, concebida para avanzar en la interoperabilidad de la información clínica, el uso responsable de los datos en salud y la integración de herramientas tecnológicas en la práctica asistencial. Este marco abre la puerta a nuevos modelos de trabajo digital y de gestión de la información, pero también plantea el reto de garantizar su aplicación de forma homogénea y sostenible en los distintos niveles del sistema sanitario.
Otro elemento clave será la ampliación del ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias (HTA), en línea con las dinámicas europeas y con la necesidad de integrar, de manera más estructurada, la evidencia clínica con el impacto organizativo, presupuestario y asistencial. La extensión de estos procesos a nuevas áreas y tipologías de innovación refuerza la importancia de contar con metodologías claras, criterios consistentes y espacios de coordinación entre los distintos niveles de decisión.
Asimismo, el Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes avanza en la definición de un marco jurídico específico para estas entidades, orientado a ordenar su reconocimiento institucional y su participación en ámbitos de información, representación y colaboración con las administraciones públicas y los agentes del sistema sanitario. Este proceso puede contribuir a consolidar su papel en entornos de diálogo y consulta estructurada.
Otro de los procesos normativos relevantes será el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, actualmente en fase de revisión técnica y de alegaciones. Esta iniciativa busca actualizar el marco regulatorio existente, reforzando aspectos relacionados con la calidad, la seguridad, la trazabilidad y el uso adecuado de los medicamentos y los productos sanitarios, así como ordenar determinados procedimientos vinculados a su evaluación, autorización y seguimiento. Su desarrollo tendrá implicaciones tanto para la práctica asistencial como para la organización de los procesos de acceso y gestión farmacéutica dentro del sistema sanitario.
A ello se suma el debate en torno a la revisión del modelo de aportación farmacéutica, que sitúa el foco en el equilibrio entre protección de colectivos vulnerables, equidad en el acceso y sostenibilidad del sistema. Cualquier ajuste en los criterios de contribución o en los mecanismos de protección tendrá implicaciones tanto para la política farmacéutica como para la experiencia cotidiana de los pacientes.
En paralelo, la puesta en marcha progresiva de la Agencia Estatal de Salud Pública consolidará un espacio de coordinación técnica en materia de vigilancia, prevención y preparación ante riesgos sanitarios, con capacidad para reforzar la cooperación interterritorial y la planificación basada en datos y evidencia.
Estos procesos configuran un escenario en el que la innovación científica y tecnológica convive con marcos de evaluación más exigentes, estructuras de gobernanza complejas y una creciente necesidad de alineación entre niveles asistenciales y territoriales. En este contexto, los asuntos públicos adquieren un papel especialmente relevante como herramienta para interpretar el entorno, ordenar prioridades y facilitar la conexión entre actores.
El verdadero reto para la industria farmacéutica y para el sistema sanitario estará en cómo se entiende, se integra y se sostiene la innovación en la práctica real.
Así pues, la industria farmacéutica seguirá desempeñando un papel esencial como motor de la investigación y del desarrollo de nuevas opciones terapéuticas, asumiendo riesgos a largo plazo en áreas que requieren continuidad, especialización y compromiso sostenido. Ese esfuerzo es el que hace posible que hoy se abran oportunidades que durante años parecían inalcanzables.
Para que ese avance se traduzca en resultados reales, los asuntos públicos cobrarán una relevancia creciente como procesos de conexión entre todos los actores implicados. La clave va más allá de la evaluación y de la aprobación formal. Está en cómo se articula una conversación estructurada entre quienes desarrollan la innovación, quienes la gestionan dentro del sistema y quienes la aplican en la práctica asistencial.
En este contexto, 2026 exigirá trabajar simultáneamente en varios frentes: comprender los procesos de decisión y acceso, acompañar la implementación en las comunidades autónomas, integrar la visión de los gestores sanitarios, incorporar el criterio de los profesionales clínicos y tener en cuenta la experiencia de pacientes y familias. Solo desde esa visión conjunta es posible que la innovación llegue de forma efectiva y equitativa a quienes la necesitan.
Todo ello refuerza un modelo de asuntos públicos más transversal, orientado a ordenar la complejidad del sistema, identificar los puntos que facilitan o bloquean el avance y construir recorridos compartidos entre ciencia, gestión, práctica clínica y experiencia de las personas.
Desde Levin Public Health Affairs trabajamos con esa convicción: facilitar que las distintas piezas del sistema sanitario se encuentren, se conecten y avancen de forma coherente, para que el bienestar de las personas sea, de verdad, el centro de las decisiones.
