La semana pasada culminó en Davos-Klosters, Suiza, la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial. Este evento, cuyo lema para este año fue “El espíritu del diálogo”, se celebró con la participación de líderes globales para debatir retos geopolíticos y tecnológicos que preocupan a todas nuestras sociedades.
Más allá de los discursos oficiales, tras los bastidores de estos foros, se reproducen y consolidan normas y estructuras que debilitan el diálogo social para favorecer una concentración extrema del poder económico. Cuando una minoría —en torno al 10 % de la población mundial según datos del World Inequality Lab — controla la mayor parte de la riqueza, también concentra la capacidad de influir en las reglas del juego, vaciando de contenido los mecanismos de negociación colectiva y participación democrática.
Esta desconexión entre discurso y realidad queda claramente reflejada en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), publicado a finales de 2025.
Este estudio anual monitorea de forma exhaustiva la situación del derecho de asociación, negociación colectiva, derecho a huelga, acceso a la justicia y a la libertad de expresión y de reunión en 151 países del mundo. En su 12ª edición, el informe muestra una realidad incómoda: el mundo no ha mejorado, sino empeorado en los últimos años.
Este escenario político y económico, atravesado por un avance sin precedentes de la extrema derecha, la deriva autoritaria incluso en democracias formales, y el cierre o reducción de los espacios cívicos a nivel mundial, son evidencia de que los derechos se han convertido en un territorio en disputa.
La economía global y los intereses de un número muy reducido de personas avanzan más de prisa que las democracias, consolidándose, así como una tendencia estructural del modelo económico dominante.En nuestra labor de vigilancia, la capacidad que tenemos de someter estas decisiones al interés general se ve limitada.
De ello alertaba recientemente UGT cuando recordaba que la conocida como tercera ola de autocratización sigue avanzando en el planeta y 2025 concluyó con casi tres de cada cuatro personas (72 %) en el mundo viviendo bajo gobiernos autocráticos, lo que supone la cifra más elevada desde 1978.
Así, mientras cada año el Foro de Davos se presentaba como un espacio de reflexión compartida sobre cuestiones clave como las transiciones verdes o democráticas, la innovación, la seguridad y la estabilidad global, las élites económicas y políticas continúan moviendo –tras bambalinas– las decisiones que determinan el rumbo que toman las vidas de millones de personas a nivel mundial.
El retroceso de los derechos, un deterioro sistémico
La contradicción entre la mejora aparente de los indicadores económicos globales, frente al deterioro de los derechos laborales y la negociación colectiva a nivel global no es puntual ni coyuntural. Se trata de un fenómeno con raíces profundas en un sistema que construye narrativas de exclusión que luego se traducen en políticas públicas, acuerdos comerciales y marcos regulatorios en los que las reivindicaciones sindicales rara vez se sitúan en un lugar central.
El Índice de la CSI nos muestra que, mientras en un plano discursivo se promueven transiciones tecnológicas, energéticas o productivas, en la práctica se debilitan los mecanismos de participación y control social:
- se limita la negociación colectiva,
- se criminaliza la protesta,
- se restringe el derecho de huelga,
- y se reduce el acceso efectivo a la justicia laboral.
Sin embargo, la historia reciente y no tan reciente nos demuestran que la consolidación democrática, la estabilidad y la paz social se cimientan sobre el Estado de derecho y el cumplimiento de los derechos humanos. Se trata, pues, de condiciones habilitantes para el desarrollo.
El resultado es una paradoja evidente. A la vez que se habla de resiliencia económica, se vacía de contenidos el significado de la resiliencia democrática, social y de gobernabilidad de nuestras sociedades.
Invasiones, autoritarismos y democracias que se vuelven contra su ciudadanía
El deterioro de los derechos laborales no puede (ni debe) analizarse al margen del actual contexto geopolítico. Las invasiones militares, los conflictos armados prolongados y el aumento de la inseguridad global han servido, en muchos países en los que trabajamos, como justificación para recortar derechos y libertades o para justificar el uso desproporcionado de la fuerza en contra de la ciudadanía.
Este fenómeno no se limita a regímenes autoritarios. El citado Índice evidencia cómo las democracias formales adoptan prácticas que erosionan, cada día más, el Estado de derecho. Algunas de estas prácticas son la aprobación de leyes que restringen la acción sindical y de la sociedad civil; la aplicación de estados de excepción prolongados; el uso desproporcionado de la fuerza frente a la protesta social; o el uso de discursos oficiales que presentan a los sindicatos y a las ONG como “enemigos internos”.
Este giro se ve reforzado por el avance político de la extrema derecha, que instrumentaliza el miedo, la inseguridad y las crisis económicas para deslegitimar la acción colectiva, cuestionar los derechos laborales y debilitar los contrapesos democráticos. En definitiva, se trata de un cierre deliberado de los espacios cívicos que atenta contra el desarrollo sostenible y contra los cimientos de las democracias.
En ISCOD UGT vemos con una inmensa preocupación estos mensajes en muchos de los contextos donde trabajamos, ya que socavan las bases del diálogo social mediante la criminalización de la acción sindical. Las restricciones a la protesta, la persecución judicial, las reformas laborales regresivas o la impunidad frente a la violencia antisindical forman parte de un mismo patrón.
El cierre de los espacios cívicos: una amenaza directa al desarrollo
El escenario global actual plantea una pregunta incómoda al sistema de cooperación internacional y, desde luego, a los agentes sociales que participamos en ella: ¿podemos permitirnos seguir actuando como si los retrocesos democráticos fueran un “riesgo externo” y no un elemento central del modelo de desarrollo dominante? Dicho de otra forma, ¿podemos cambiar el sistema sin transformarlo de raíz?
Desde una perspectiva de solidaridad internacional y de coherencia de políticas para el desarrollo, no podemos leer la sucesión de vulneraciones a los derechos humanos como hechos aislados. En nuestra visión, son la expresión de tendencias estructurales que afectan directamente al desarrollo, a la reducción de las desigualdades y a la reducción de la cohesión social a escala global.
La restricción del espacio cívico y la destrucción de los entornos favorecedores para su existencia son uno de los mayores desafíos, pero no es el único. La experiencia de nuestro trabajo en América Latina y Caribe, África, y Europa nos demuestra que donde hay organizaciones sindicales fuertes, hay mayor capacidad para defender derechos, reducir desigualdades y construir políticas públicas más inclusivas.
Consecuentemente, de lo que se trata es de orientar las decisiones en políticas públicas, las decisiones geoestratégicas y las que afectan a los derechos humanos de forma coherente con la sostenibilidad de la vida y del planeta. Orientar la acción internacional a garantizar que existen estos espacios y los medios necesarios para acción de los agentes sociales.
En ISCOD UGT, como actores de la cooperación internacional, interpretamos este contexto más allá de un diagnóstico como un desafío político directo en materia de orientación de nuestra acción internacional.
Nuestra visión es que la cooperación internacional y la acción exterior no puede debatirse entre la coherencia con el desarrollo sostenible y cumplir con las exigencias de un guion cada vez más exigente en materia económica, política y comercial. No podemos limitar nuestra acción a gestionar los impactos de decisiones políticas o poner parches, sino anticiparnos y adoptar posiciones más transformadoras.
Para nosotros sigue siendo esencial un posicionamiento valiente y progresista que defienda los derechos humanos, el diálogo social y el espacio cívico como pilares del desarrollo sostenible. Para ello, es imprescindible poner la coherencia de políticas al centro de las decisiones, especialmente en materia comercial, energética, migratoria, de transición ecológica, digital y verde. Los derechos laborales y sindicales tienen que seguir siendo considerados un eje transversal de la acción exterior y de la cooperación. Por último, no podemos olvidar nuestro deber y responsabilidad de proteger a los actores sociales frente a las derivas autoritarias que buscan silenciar la acción colectiva.
Para nosotros, no hay desarrollo sin derechos, ni transiciones justas sin sindicatos fuertes y sin espacios cívicos abiertos. Por ello, hoy más que nunca, revindicamos una democratización de los foros globales en los que el poder económico y los intereses de los tecno-oligarcas deje de avanzar sin contrapesos democráticos.
Desde nuestro papel en la cooperación internacional, en línea con la postura internacional de UGT, reivindicamos la cooperación como un espacio de resistencia y de articulación de alternativas, capaz de poner límites, generar alternativas y construir alianzas para defender los derechos frente a su erosión sistemática. Porque cuando los derechos se convierten en un territorio en disputa, no tomar partido también es una forma de renuncia.
Datos clave del Índice Global de Derechos 2025
✔️ En el 72 % de los países, el acceso de las personas trabajadoras a la justicia está restringido, el peor nivel registrado hasta ahora.
✔️ El derecho a organizar sindicatos está bloqueado en más del 74 % de los países.
✔️ El derecho a la negociación colectiva está limitado en el 80 % de los países.
✔️ Más del 87 % de los países han vulnerado el derecho de huelga.
Además, solo 7 países de los 151 evaluados alcanzan la mejor calificación por respeto a los derechos laborales, y la tendencia apunta a que si no se toman medidas, en 10 años ningún país obtendrá esa máxima puntuación.
Consulta el informe completo en esta página.
