Ana Yerro, directora de Institución Futuro, sobre los efectos de topar los precios del alquiler en Navarra

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El acceso a la vivienda se ha convertido ya en la segunda gran preocupación de los navarros, solo por detrás de la sanidad. No se trata de un debate teórico ni ideológico, sino una dificultad cotidiana que afecta cada vez a más ciudadanos. En este contexto, el Gobierno foral presume de los primeros resultados de la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado y de la limitación de precios del alquiler. Los datos oficiales indican que, efectivamente, el precio medio del alquiler ha descendido un 8,6% en esos municipios, pasando de 848,7 euros mensuales en el segundo trimestre de 2025 a 774,3 euros en el cuarto. Estarán de acuerdo conmigo en que la cifra es resultona y hasta políticamente rentable, pero la realidad del mercado inmobiliario, como casi siempre, es bastante más compleja.

Porque junto a esa bajada de precios se ha producido un efecto inmediato y previsible: la contracción de la oferta. Según el propio Registro de Contratos de Arrendamiento del Gobierno, en los municipios declarados tensionados los contratos de alquiler de larga duración se han reducido de forma drástica, al pasar de 1.204 en el segundo trimestre a solo 672 en el cuarto, es decir, 532 contratos menos en apenas seis meses. Paralelamente, los contratos de temporada han aumentado con fuerza y ya representan el 11% del total en 2025, frente al 5% del año anterior. No es una casualidad ni una anomalía estadística, sino una reacción lógica de los propietarios ante un marco regulatorio más rígido y sancionador, que empuja a retirar viviendas del mercado tradicional o a optar por fórmulas menos estables.

Quizá ha llegado el momento de reconocer que la solución a la vivienda pasa por aumentar la oferta, liberar suelo y facilitar la promoción de nueva vivienda, también en alquiler. Son medidas imprescindibles, pero no inmediatas: requieren planificación, seguridad jurídica y tiempo. Precisamente por eso, cuanto antes se adopten, antes empezarán a notarse sus efectos, y menos necesario será recurrir a políticas de emergencia como la de topar los precios que, a la larga, agravan el problema que pretenden resolver.

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