Recientemente, España ha sido testigo de un hecho que debería alarmar a cualquier observador internacional: la Policía Nacional llevó a cabo un registro en la sede de Sidenor, en Basauri (País Vasco), en busca de información sobre supuestas ventas de acero a Israel. Aunque se presentó como un procedimiento judicial, su contexto más amplio revela algo más que una investigación rutinaria: un patrón de presión política sobre actores económicos por razones ideológicas.
Sidenor no es un actor marginal. Es uno de los principales productores de acero de España, proveedor estratégico para los sectores de automoción, infraestructuras e industria pesada, y un importante empleador industrial en el norte del país. Su presidente, José Antonio Jainaga, es una figura industrial destacada que también preside Talgo, uno de los fabricantes ferroviarios emblemáticos de España. La escalada ya había comenzado antes, cuando Jainaga fue citado a declarar por acusaciones formuladas como “colaboración con el genocidio”, un lenguaje que va mucho más allá de las investigaciones habituales sobre control de exportaciones o cumplimiento normativo y que apunta a un intento de criminalizar la actividad comercial ordinaria mediante categorías jurídicas cargadas de contenido político.
Lo que debería haber sido un proceso administrativo de cumplimiento se percibe cada vez más como una demostración de fuerza de un gobierno que se ha alejado de los estándares de transparencia, proporcionalidad y seguridad jurídica promovidos por la Unión Europea. La combinación de intervención estatal con un clima político que tolera —y a veces fomenta— un activismo agresivo contra Israel y sus socios crea un escenario en el que las libertades civiles y la seguridad jurídica de empresas y ciudadanos se erosionan de forma constante.
Gobernar por decreto y presunciones ideológicas
Bajo Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), las normas democráticas están sometidas a una presión creciente. Una manifestación clara de ello es la aprobación de un Real Decreto-ley que impone amplias restricciones a las relaciones con Israel, aprobado sin el nivel de escrutinio parlamentario que normalmente exigirían medidas de tanto alcance.
En su preámbulo, el decreto da por sentada la afirmación de que Israel está cometiendo “genocidio en Gaza” y utiliza esa aseveración controvertida como base moral y jurídica para imponer amplias restricciones al comercio, la contratación pública, el tránsito y la cooperación. Adoptar medidas urgentes de política exterior mediante decreto ejecutivo —y sobre la base de supuestos políticamente cargados— plantea serias preocupaciones sobre un posible exceso del poder ejecutivo y la erosión de la rendición de cuentas democrática.
Criminalización del comercio y efectos extraterritoriales
El decreto criminaliza de facto amplias categorías de intercambios comerciales e industriales con Israel, especialmente en tecnologías de defensa y de doble uso. Su impacto va mucho más allá de las fronteras españolas, generando efectos extraterritoriales en las cadenas de suministro multinacionales y en empresas con sede en otros países de la UE y en Estados Unidos.
El caso de Airbus lo ilustra con claridad. El gigante aeroespacial europeo, con importantes operaciones industriales en España, se vio obligado a solicitar una exención especial al gobierno español para poder seguir utilizando tecnología de origen israelí en determinados programas. Cuando un grupo industrial global debe negociar dispensas políticas ad hoc para preservar sus cadenas de producción, la seguridad jurídica ya ha sido sustituida por el poder discrecional.
Puertos, buques y aeronaves: ampliación del control coercitivo
España ha ido más allá al prohibir que buques con destino a Israel —incluidos barcos con bandera estadounidense— hagan escala en puertos españoles cuando transporten carga considerada militar o de doble uso. Esta decisión ya ha provocado una reacción en Washington: la Comisión Federal Marítima de EE. UU. ha abierto investigaciones y ha mencionado públicamente posibles contramedidas, incluidas restricciones al transporte marítimo español y multas sustanciales, si se concluye que España está creando condiciones discriminatorias para el comercio marítimo.
La política también se ha extendido al ámbito aéreo. España ha restringido o denegado permisos de sobrevuelo y tránsito a aeronaves que transportan material militar destinado a Israel y, según se informa, ha bloqueado ciertos movimientos logísticos vinculados a la cooperación de defensa entre Estados Unidos e Israel a través de territorio y bases españolas. Estas medidas van mucho más allá de la diplomacia simbólica y suponen una afirmación unilateral de control político sobre las redes logísticas internacionales.
Cancelaciones arbitrarias de contratos de defensa
Más allá del comercio y el tránsito, la política española ha llevado a la cancelación o paralización de programas concretos de defensa de gran valor que implicaban a importantes proveedores israelíes y socios industriales españoles, con efectos en cascada sobre las cadenas de suministro.
Entre las empresas israelíes afectadas:
• Elbit Systems — España se movió para cancelar el programa de artillería cohete SILAM/PULS, un acuerdo valorado en torno a 700 millones de euros. El sistema, basado en la tecnología de lanzamiento múltiple PULS de Elbit, estaba destinado a modernizar la artillería del Ejército español. La cancelación cortó abruptamente a Elbit como proveedor tecnológico principal y obligó a España a replantear o volver a licitar todo el programa.
• Rafael Advanced Defense Systems — Varios programas vinculados a Rafael se vieron afectados, incluida la adquisición prevista de pods de designación y guiado para la flota de Eurofighter Typhoon de España y el programa de misiles anticarro Spike LR2, seleccionado para reemplazar sistemas más antiguos en servicio. Ambos fueron suspendidos o cancelados bajo las nuevas restricciones.
• IMI Systems (ahora parte de Elbit) — También se congelaron o rescindieron contratos relacionados con el suministro de munición, incluidos pedidos vinculados a las fuerzas de seguridad españolas.
Estimaciones del sector y de la prensa sugieren que el valor total de los contratos cancelados o frustrados vinculados a Israel se acerca —o supera— los 1.000 millones de euros.
No se trataba de acuerdos “solo extranjeros”. Varios socios industriales españoles y europeos estaban integrados en los programas afectados:
• Rheinmetall Expal Munitions (España) — Productor clave de municiones y sistemas de cohetes, vio alterada la producción prevista y su carga de trabajo.
• Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) (España) — Importante proveedor de electrónica de defensa y estaciones de armas remotas, ahora enfrentado a cancelaciones y rediseños.
• Indra (España) — Integrador insignia de sistemas de defensa, obligado a asumir retrasos, rediseños y costes adicionales.
• Airbus (Europa/España) — Aunque no se canceló un contrato como tal, se vio directamente afectada y tuvo que solicitar exenciones especiales para seguir utilizando tecnología israelí.
Estas decisiones no se limitaron a “señalar” una postura política. Anularon programas de adquisición firmados o en fase avanzada, alteraron la planificación industrial española e introdujeron incertidumbre jurídica y financiera tanto para los contratistas israelíes como para los subcontratistas españoles. Los programas tuvieron que volver a licitarse, rediseñarse o retrasarse, con un coste significativo para los contribuyentes y para la propia capacidad defensiva de España.
El frente académico y los tribunales
La misma lógica se ha extendido al ámbito académico. Varias universidades públicas españolas han anunciado la suspensión o ruptura de acuerdos de cooperación con instituciones israelíes, afectando asociaciones de investigación, intercambios y programas conjuntos.
En respuesta, la organización de la sociedad civil ACOM ha presentado acciones legales ante los tribunales españoles, argumentando que estos boicots académicos vulneran los principios de neutralidad institucional, no discriminación y derechos fundamentales. Los tribunales han admitido y, en algunos casos, respaldado estas impugnaciones, dejando claro que las universidades públicas no son libres de imponer boicots políticamente motivados cuando tales decisiones entran en conflicto con los estándares constitucionales y legales. Estos fallos subrayan que el Estado de derecho aún ofrece ciertos contrapesos, pero también hasta qué punto la politización ha avanzado en las instituciones públicas.
La política declarada de Washington: palabras que ahora exigen acción contra España
La administración Trump no ha sido ambigua respecto a cómo percibe los intentos de aislar a Israel mediante presión legal, económica o institucional. En declaraciones oficiales y acciones ejecutivas, la Casa Blanca ha dejado claro que tales esfuerzos no se tratarán como decisiones políticas neutrales, sino como actos hostiles con consecuencias concretas.
En una de sus formulaciones más explícitas, la administración declaró que las acciones dirigidas contra Estados Unidos o sus aliados, incluido Israel, “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, y afirmó que Washington está preparado para responder con medidas que incluyen el bloqueo de bienes y activos y la suspensión de entrada en Estados Unidos para los responsables. El mismo marco político enfatiza que Estados Unidos “utilizará todas las medidas apropiadas y disponibles” para proteger a su personal, a sus aliados y a sus intereses estratégicos frente a una guerra legal y económica motivada políticamente.
No se trata de retórica abstracta. Altos funcionarios estadounidenses y líderes del Congreso alineados con la administración han advertido repetidamente que los gobiernos o instituciones que promuevan o hagan cumplir boicots contra Israel deben esperar consecuencias tangibles, incluida su inclusión en listas antiboycot y represalias financieras, comerciales y regulatorias bajo la legislación estadounidense. El mensaje ha sido constante y público: utilizar el comercio, el tránsito o el poder regulatorio para atacar a Israel no es gratis.
En este contexto, las acciones de España —bloquear o desalentar el acceso a puertos para buques con destino a Israel, restringir el tránsito aéreo, interrumpir cadenas de suministro de defensa y de doble uso que implican a empresas estadounidenses y cancelar grandes contratos con firmas israelíes— encajan plenamente en la categoría de medidas que la administración Trump ha dicho estar dispuesta a confrontar. No son gestos simbólicos; afectan directamente a intereses comerciales, estratégicos y de seguridad de Estados Unidos.
Una erosión más amplia de las normas democráticas — y qué debería hacerse
Cuando el Estado despliega registros policiales contra grandes grupos industriales, cita a líderes empresariales bajo acusaciones formuladas en términos de “genocidio”, redefine el comercio y la contratación mediante decreto ejecutivo y condiciona el acceso a puertos, espacio aéreo e instituciones públicas a la alineación política, el efecto acumulativo no es una serie de medidas aisladas, sino un cambio sistémico en la forma de ejercer el poder. La seguridad jurídica es reemplazada por la discrecionalidad política; la neutralidad, por pruebas ideológicas; y la presunción de legalidad, por la sospecha impulsada desde arriba.
Esta deriva también tiene un elevado coste internacional. España, tradicionalmente vista como una democracia europea estable alineada con las normas de la UE y el mundo transatlántico, proyecta cada vez más la imagen de un país dispuesto a subordinar el Estado de derecho y la previsibilidad económica a gestos políticos de corto plazo.
Nuestra posición es clara: la administración Trump debería cumplir su política declarada e imponer sanciones a los países que adopten medidas hostiles y discriminatorias contra Israel, especialmente cuando estas perjudiquen directamente los intereses estratégicos, comerciales o de seguridad de Estados Unidos. Las acciones de España alcanzan ese umbral.
En teoría, la Unión Europea también debería actuar para defender la seguridad jurídica, la no discriminación y la integridad del mercado único. En la práctica, no cabe esperar nada significativo de la UE. Eso deja a Estados Unidos como el único actor dispuesto y capaz de hacer cumplir las líneas rojas que ya ha trazado.
Si las sanciones han de significar algo, deben aplicarse cuando se cruza el umbral. En el caso de España, ese umbral ya ha sido superado —no en la retórica, sino en acciones que perturban el comercio estadounidense, el transporte marítimo, la cooperación en defensa y las alianzas industriales. No responder enviaría la señal de que la hostilidad revestida de “valores” no tiene coste. Y eso sería una invitación a una mayor escalada, no a la contención.
