Feique y el Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic) han mostrado su respaldo a la propuesta de Industrial Accelerator Act (IAA) publicada el pasado 4 de marzo por la Comisión Europea, una iniciativa destinada a impulsar la demanda de tecnologías y productos industriales bajos en carbono fabricados en Europa y a facilitar el desarrollo de proyectos industriales y de descarbonización.

La nueva propuesta legislativa busca reforzar la base industrial europea, impulsar la producción manufacturera y acelerar la descarbonización de sectores estratégicos, entre ellos la industria química. Asimismo, pretende fortalecer la competitividad y resiliencia de la industria europea y fija como objetivo que la industria manufacturera alcance el 20% del PIB de la UE en 2035, consolidando así su papel como motor de crecimiento económico y transición hacia la neutralidad climática.

Entre las principales medidas que recoge la propuesta de Reglamento destacan la aceleración y simplificación de los procedimientos de autorización para proyectos industriales, incluidos los proyectos de descarbonización de sectores intensivos en energía, así como el desarrollo de mercados líderes para productos industriales europeos con bajas emisiones de carbono (“Made in Europe”), mediante requisitos de origen europeo o de huella de carbono en determinados procesos de contratación pública y esquemas de apoyo público.

La propuesta contempla también mecanismos destinados a reforzar las cadenas de valor industriales estratégicas en Europa, así como un marco para evaluar determinadas inversiones extranjeras directas en sectores emergentes considerados críticos para la seguridad económica europea.

Asimismo, el texto prevé la creación de áreas de aceleración para la actividad industrial, que podrán ser designadas por los Estados miembros con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos manufactureros y de descarbonización mediante procedimientos administrativos más ágiles y condiciones favorables para la inversión.

La propuesta deberá ahora ser negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su eventual adopción y entrada en vigor.