Imágenes: Franco inaugura los estudios de Prado del Rey / Filmoteca Española. Pedro Sánchez anuncia la herramienta Hodio / Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
- 70 años después de que RTVE empezara a emitir, seguimos teniendo medios de comunicación de propiedad estatal
- También se influye de diferentes formas sobre los medios teóricamente privados, y se pretende controlar las redes sociales
- El Partido Libertario está comprometido con la desaparición de toda forma de control estatal de la opinión pública
El próximo 28 de octubre se cumplirán 70 años del inicio de las emisiones de la televisión en España en 1956. Lo que hubiera significado un gran avance de la información en un entorno de libertad, en plena dictadura de Franco se convirtió con el tiempo en una de las más potentes armas de control de la opinión pública de la dictadura. Si no directamente, la más potente.
En estos últimos días se está hablando mucho (como es lógico) del anuncio por parte del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de la nueva plataforma HODIO (“La Huella del Odio y la Polarización”).
Ambos eventos, con casi 70 años de distancia en el tiempo, parecerían pertenecer a dos mundos sin conexión alguna. Uno, a una España en Blanco y negro que ya ha ¿desaparecido? Otro, al entorno digital actual de redes sociales. Sin embargo, tienen mucha más relación de lo que parece.
Una aberración normalizada
La pulsión de control de la opinión pública por parte de gobiernos de todo tipo (no necesariamente dictatoriales), es antiquísima. La televisión fue simplemente el más reciente y perfeccionado vehículo de propaganda en su momento, como antes lo fueron la radiodifusión, la prensa escrita, y muchos otros.
Casi 70 años después, en España sigue habiendo medios de comunicación estatales. Algo que hemos normalizado por haber convivido con ello toda la vida, y porque ocurre también en otros países del llamado mundo libre. Pero que no deja de ser una aberración.
Porque, ¿por qué razón debería un Estado poseer medios de comunicación? ¿Qué supuesto motivo lo hace recomendable?
Incluso los (fallidos) argumentos colectivistas habituales hacen aquí agua de forma estrepitosa. ¿Acaso todas las emisiones televisivas son de pago por lo que las personas con pocos recursos quedarían sin acceso a las mismas? ¿Es que es una necesidad humana básica ver la televisión o escuchar la radio? ¿Acaso se requiere la intervención del Estado por no haber una buena cantidad de medios de comunicación no estatales?
Probablemente el “mejor” (nótese la ironía) de estos argumentos sea que es necesario que el Estado tenga medios de comunicación para que los ciudadanos tengan acceso una fuente de información objetiva. ¿Realmente alguien puede creerse que los medios estatales son objetivos?
Y, que quede claro, aquí no estamos hablando (solo) de Pedro Sánchez, de los gobiernos del PSOE, o de Radiotelevisión Española.
No, los informativos de Televisión Española no son objetivos. Pero, ¿lo eran cuando gobernaba el PP?, ¿lo son acaso los de Telemadrid, o de cualquier cadena autonómica?
Son, obviamente, herramientas al servicio de los intereses informativos del gobierno de turno, como el control de la cultura y la educación.
Y, además, son una agencia de colocación para los amigos. Porque, lejos de limitarse a los informativos, las cadenas estatales ofrecen todo tipo de programas de entretenimiento a cargo del contribuyente. Y reclaman todavía más dinero.
Personas en situación de pobreza energética pagan con sus impuestos honorarios de lujo de presentadores famosos para que conduzcan programas que aquellos que están pagando no han pedido. Jóvenes trabajadores subempleados que no pueden permitirse pagar una casa, mantienen de forma forzosa vía fiscal a personas que cobran varias veces más que ellos, aunque no tengan interés en ver sus programas.
Nuevos medios, nuevas formas de control
Y eso no es todo. Con la proliferación, al llegar la democracia, de medios no estatales, aparecieron nuevas formas de influencia sobre los medios teóricamente privados.
Mediante el control del espacio radioeléctrico, la concesión de licencias de emisión y las subvenciones.
Y mediante campañas institucionales: no es raro que el principal cliente publicitario de un medio sea el Estado mediante la contratación de anuncios de este tipo de campañas.
Como resultado, en la práctica, apenas hay medios realmente independientes en España.
Nuevas “soluciones” a nuevos “problemas”
No obstante, en los últimos años se ha producido un fenómeno que, sin duda supone un desafío al monopolio estatal de la información. Internet ha supuesto una diversificación de las fuentes. Primero los blogs, y luego las redes sociales y diversas plataformas de vídeo, podcasts de audio… han conformado un universo de información mucho más distribuido y mucho más difícil de controlar.
Pero, para sorpresa de nadie, nuestros gobernantes no iban a darse por vencidos.
En una situación de máximo histórico recaudatorio, ahora subvencionamos con nuestros impuestos a YouTubers y a otros influencers y creadores de contenido. Al parecer, un nuevo “servicio básico” que el Estado “debe” sufragar con cargo nuestros bolsillos, como si no hubiera una disponibilidad masiva y gratuita de este tipo de contenido.
Pero, como la zanahoria informativa no basta para nuestros gobernantes, ahora es necesaria complementarla con el palo. Con herramientas como la anunciada por Sánchez.
Ya hemos hablado de la amenaza para nuestras libertades que suponen herramientas como HODIO, al igual que lo han hecho otros. El racismo, la xenofobia, y otras muestras de intolerancia, pueden y deben ser rechazados públicamente por la sociedad civil. Y en caso de haber amenazas o delitos de cualquier tipo, deben ser combatidos por un poder judicial independiente.
Los argumentos que se han dado para meter al ejecutivo en la ecuación ni son creíbles, ni son reales. Pero tampoco son nada realmente nuevo. Tan solo una nueva forma de un fenómeno antiguo.
El Partido Libertario se opone a cualquier medida de control gubernamental de la opinión pública. A cualquier forma de influencia sobre los medios privados, directa o indirecta mediante subvenciones o publicidad institucional. Y defiende que los medios de comunicación que actualmente son de propiedad estatal pasen a ser propiedad de la sociedad civil, ya sea mediante venta, conversión en cooperativas de sus trabajadores, o reparto de participaciones entre los ciudadanos.
Unos medios de comunicación independientes son uno de los requisitos de una sociedad libre.
