El Comercio Justo se ha reconocido como fórmula innovadora y palanca de cambio para la transformación de sistemas de producción y comercialización más responsable, justo y verde.
Este hito coincide con el 40 aniversario del movimiento, desde que se abrió la primera tienda especializada de productos de Comercio Justo en el Estado.
La nueva Ley Integral de Economía Social, aprobada ayer en el Congreso, permite la definición y el reconocimiento explícito del Comercio Justo como sector de la Economía Social, definiendo con claridad las entidades que forman parte de esta.
En particular, la nueva legislación potenciará e impulsará el Comercio Justo como fórmula innovadora de la economía social, entre otros sectores. En concreto, el Artículo 8 de la Ley insta a los poderes público a incluir entre los objetivos de sus políticas la promoción del Comercio Justo como sector estratégico para la transición socioecológica justa.
De igual modo, la Ley define en la Disposición adicional a las Entidades de comercio justo cuya finalidad esencial es promover una mayor equidad, sostenibilidad ambiental y transparencia en comercio global, a través de mejores condiciones comerciales, garantizando salarios dignos, derechos de las personas productoras y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad.
De esta forma, se siguen los pasos de Francia, que ya definió el Comercio Justo en su Ley de Economía Social en 2014, mostrando un desarrollo exponencial del sector en el país desde entonces.
“Este reconocimiento debería ser catalizador para impulsar el potencial de este modelo que ha tenido durante décadas impacto en personas productoras y territorios del Sur Global pero que también fomenta iniciativas de comercio justo local, como ha sido el caso de Francia” explica Marta Mangrané, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
En la actualidad, el sector en el Estado español cuenta con una facturación de unos 158 millones de euros anuales, lo que supone un gasto medio por habitante de 3,20 euros anuales, situándose lejos todavía del caso francés con una media de 30 euros por habitante. “Este reconocimiento debería ser catalizador para impulsar el potencial de este modelo que ha tenido durante décadas impacto en personas productoras y territorios del Sur Global pero que también fomenta iniciativas de comercio justo local, como ha sido el caso de Francia”, señala Marta Mangrané, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
“Coincidiendo con el 40 aniversario del Comercio Justo en España, el reconocimiento de este modelo supone un avance histórico para el movimiento. Esperamos que este nuevo marco legislativo facilite la incorporación del Comercio Justo en la compra responsable de actores públicos y privados, así como a hacer más accesible la opción de consumo responsable y sostenible para la ciudanía” explica.
El Comercio Justo es un movimiento internacional que lucha por una mayor justicia global en lo económico, social, humano y medioambiental. Para ello ha desarrollado un modelo que actúa como palanca de cambio para la transformación a sistemas de producción y comercialización que aseguren los derechos humanos, laborales y sociales a través de salarios dignos, las condiciones laborales adecuadas y seguras, los precios justos, la lucha contra la explotación infantil y la igualdad de género; y que fomenten las prácticas justas a través de relaciones comerciales estables, libertad sindical, democracia en la toma de decisiones. Además, el Comercio Justo promueve las técnicas de producción ecológicas y respetuosas con el entorno.
El movimiento celebra este hito y confía en que este reconocimiento sirva para impulsar verdaderamente las iniciativas que, desarrolladas bajo los principios del Comercio Justo, contribuyan a la consolidación de la Economía Social como modelo de referencia que pone en el centro a las personas, el trabajo digno, el arraigo territorial y el interés general.
