El sector eólico valora el RDL 7/26 como un impulso clave para la repotenciación, la electrificación y la seguridad energética - Asociación Empresarial Eólica

La eólica destaca su papel como tecnología autóctona, competitiva y clave para la estabilidad del sistema eléctrico y la reindustrialización del país.

El sector eólico español valora positivamente la convalidación del RDL 7/26 por parte del Parlamento, al considerar que supone un avance relevante para reforzar la seguridad jurídica de las inversiones, impulsar la repotenciación de los parques eólicos y acelerar la electrificación en un contexto de elevada incertidumbre energética. Asimismo, destaca el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas como una señal positiva en un momento de especial complejidad, en el que resulta clave avanzar en medidas que fortalezcan la competitividad económica, la estabilidad del sistema eléctrico y la autonomía energética del país.

El sector eólico agradece la convalidación del RDL 7/26 ayer en el Parlamento por parte de las fuerzas políticas. Al igual que manifestó públicamente su consternación cuando no se logró convalidar el RDL 7/25 – una pieza normativa que contenía medidas estructurales y políticamente agnósticas, que iban en la buena dirección para ayudar a la competitividad de la economía – en esta ocasión, el sector eólico trasmite un mensaje positivo por la evolución que se ha visto en el Congreso en relación a sumar fuerzas en momentos de crisis de extraordinaria complejidad para nuestro país.

El RDL 7/26 aporta mayor seguridad jurídica para realizar inversiones en energía eólica en nuestro país. En España, en algunos territorios, venía siendo posible la paralización de proyectos eólicos, con la perdida de oportunidades de inversión y la no creación de miles de puestos de trabajo, simplemente por intereses que no representaban a una mayoría. La utilización de resquicios jurídicos permitía dilatar artificialmente el avance de los proyectos hasta llegar a incumplir los hitos administrativos obligatorios en la regulación. La presentación orquestada de recursos – tanto administrativos como contenciosos, sin argumentos sólidos –, que busca simplemente saturar a la administración y los tribunales, ya no va a suponer un riesgo de anulación de los proyectos per se. Con la aprobación del RDL, durante el periodo de tiempo en el que se apliquen medidas cautelares, el contador de tiempo para el cumplimiento de los hitos se detiene.

Por otro lado, el RDL apoya la repotenciación de proyectos eólicos dotándoles de prioridad a la hora de la tramitación administrativa al calificarlos como “Proyectos Energéticos Preferentes”. Se establece que su aprobación ambiental debe llevarse a cabo mediante un enfoque de impacto ambiental diferencial, es decir, evaluando aquellos aspectos que son adicionales respecto a la instalación ya en funcionamiento y no respecto a la situación del terreno en origen. La repotenciación tiene beneficios ambientales y económicos, y también para el sistema eléctrico.  La nueva tecnología eólica genera más energía por MW instalado y proporciona mejores servicios de estabilidad a la operación del sistema eléctrico. El sector eólico pide ahora un siguiente paso: consensuar entre todos los órganos ambientales, de las CCAA y el Ministerio, unos criterios ambientales diferenciales únicos, objetivos y razonables para evaluar el impacto diferencial.

La reducción de la imposición fiscal a la electricidad que aprueba el RDL 7/26 es una medida necesaria en pro de la protección de los consumidores ante la escalada de precios del gas que, aunque en menor proporción que en otros países de nuestro entorno, aún sigue afectando a la formación del precio de la electricidad en España. Esta reducción de impuestos a la electricidad debería consolidarse como permanente principalmente con la eliminación del IVPEE, como medida necesaria para fomentar la electrificación y conseguir mayor competitividad y autonomía para nuestra economía. Hay que lograr desenchufarnos de la dependencia de los entornos de riesgo exterior de los productos energéticos que actualmente son la mayor fuente de inestabilidad económica mundial. Y la electrificación es la solución.

De igual modo, el RDL establece la creación de la Zonas de Aceleración Renovables (ZAR) que deben posibilitar un despliegue de los proyectos más ágil, con mayores garantías para las empresas y con una minimización de los impactos ambientales. El reto está en conseguir definirlas con prontitud y con consenso técnico, evitando debates que se extiendan en el tiempo y terminen consolidando una situación de “parálisis por el análisis”. Las ZAR son una obligación establecida desde Europa y aquellos países que consigan establecerlas con éxito y prontitud atraerán primero las inversiones. No obstante, el debate para la obtención de las ZAR no debe apartar el foco de la necesidad de construir los proyectos eólicos que actualmente ya disponer de los permisos necesarios. España necesita más eólica y la necesita con urgencia, máxime ante la situación geopolítica actual y su posible evolución a futuro.

Otro aspecto también reseñable, el RDL establece la creación de un Estándar de Excelencia Social y Territorial que será de adopción voluntaria y podrá ser utilizado para priorizar aquellos proyectos que más valor dejen en los territorios. El estándar, que realmente aplicará a proyectos a partir de 2029-2030 debe servir para aprovechar las lecciones aprendidas del desarrollo vivido estos años, ayudando a conseguir aunar los intereses energéticos, ambientales y socioeconómicos de los territorios. Es clave obtener unos criterios robustos y objetivos que permitan la aplicación del Estándar de Excelencia, que permitan extraer las externalidades positivas de los proyectos sin dotarles de una complejidad que los haga inviables en lo económico.

Por último, la obligación que establece el RDL de compartir los beneficios con los ayuntamientos para determinadas instalaciones conectadas a la red de transporte, requiere de un análisis en profundidad. En este punto, el sector eólico se ofrece para poder buscar un esquema equilibrado entre las aportaciones a los territorios y la viabilidad económica de las plantas, teniendo en cuenta la ya elevada presión fiscal existente para la energía eólica a nivel local, autonómico y nacional.