Hay reuniones que terminan y todo sigue igual. Y hay reuniones donde algo, aunque sea pequeño, se mueve. Esta, como colofón de un año entero de trabajo, fue de las segundas donde se avanza para transformar.
En algún momento de la jornada —entre el intercambio de pareceres y de experiencias, y papeles con anotaciones al margen— alguien dijo lo que casi nunca se dice en voz alta en el sector minero: “la seguridad no puede depender de la buena voluntad de nadie, sino de acciones concretas y medibles”. Que eso, exactamente eso, es lo que lleva décadas matando a la gente en el sector minero del Perú.
Este espacio de trabajo, de los que no generan titular pero sí generan músculo, se realizó en el marco del proyecto “Apoyando el trabajo decente y alianzas para la sostenibilidad en el sector minero en Perú”, impulsado por ISCOD, la CATP y financiado por la AACID. En el encuentro, representantes sindicales de distintas regiones se sentaron a cruzar experiencias sobre su trabajo y las necesidades más urgentes en materia de seguridad en el trabajo. Sin protocolo excesivo, pero sí con una agenda que marca la realidad de su día a día: riesgos laborales, enfermedades profesionales, derechos colectivos, capacidad real de incidir en pos de un trabajo en condiciones dignas.
La minería peruana concentra riqueza, conflictos y una historia larga de luchas que rara vez aparece en los informes de sostenibilidad. En ese contexto, el diálogo social no es una palabra amable, sino que es una herramienta de disputa. Y para que funcione como tal, las organizaciones sindicales necesitan algo más que buenas intenciones. Necesitan formación, articulación y espacios donde compartir lo que se sabe desde dentro, no desde los despachos.
Eso es, precisamente, lo que el proyecto ha intentado construir.
Uno de los ejes que atravesó el encuentro fue la seguridad y salud en el trabajo. No como componente técnico de un formulario, sino como derecho fundamental con nombre y apellido. Cada estadística de accidentalidad en minería tiene detrás una familia, una historia y, con frecuencia, una negligencia que alguien decidió no documentar. El acompañamiento sindical que impulsa el proyecto apunta hacia la generación de evidencia, el refuerzo de capacidades de fiscalización y exigir que la normativa —nacional e internacional— no quede en papel mojado. Porque la prevención no se delega en la buena voluntad empresarial.
Hubo otro eje que en este encuentro que se identificó como un desafío aún pendiente y en el que ponemos especial atención. Las cuestiones de género, así como la presencia de las mujeres siguen siendo minoría visible en el sector, pero no en las desigualdades. Están ahí, en los turnos, en los campamentos, en los contratos precarios, en los silencios que nadie registra. Hablar de trabajo decente en minería sin poner nombre a esas brechas de desigualdad es hablar de la mitad.
En este sentido, en el proyecto se ha puesto un acento en la integración transversal y específica de la necesidad de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres lo sabe como parte del diagnóstico desde el principio.
Eso, en un sector con la cultura que tiene la minería, ya es una posición y una voluntad de transformación de las realidades tan complejas por parte de todos los actores presentes e implicados.
El encuentro tampoco miró solo hacia adentro. La necesidad de alianzas con otros actores sociales estuvo sobre la mesa porque ninguna transformación profunda del sector se logra en soledad, y porque lo laboral, lo ambiental y lo humano no pueden seguir siendo compartimentos separados en las negociaciones.
Es un trabajo lento, pero necesario y estratégico siempre.
Este encuentro no resolvió los problemas de la minería peruana. Pero dejó algo que no se mide en el corto plazo, sino como un resultado de tiempo de trabajo conjunto: capacidades fortalecidas, redes que se tejen, debates que ya no pueden volver a cerrarse. En un sector como este, eso ya un gran paso adelante.
