La flotilla Sumud no es un episodio aislado. Es la expresión más reciente de una red de complicidades entre el terrorismo palestino y el independentismo violento vasco que lleva más de cuatro décadas operando — con el mismo sustrato ideológico, los mismos circuitos de apoyo, y la misma permisividad del Gobierno de Sánchez.
- EL VÍNCULO HISTÓRICO
● El FPLP entrenó a ETA. En 1980, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) instruyó a una docena de etarras en un campo de Yemen durante 60 días. Los comandos aprendieron el manejo de armas automáticas y morteros. El contacto fue gestionado por Josu Ternera — el etarra más buscado de la historia de España.
● Una colaboración documentada y verificada. La fuente: la tesis doctoral del investigador Florencio Domínguez (UPV-EHU), «ETA: Estrategia Organizativa y Actuaciones 1978-1992». Cuatro de los etarras que participaron — José Manuel Arzalluz Eguiguren, Juan Ignacio Urrutibeascoa, José Antonio Aguirrebarrena y Juan Carlos Yurrebaso Atutxa — fueron detenidos en Ámsterdam por la policía holandesa al regresar de Yemen. El resto se incorporó a comandos como Araba, Goierri y Donosti — algunos de los más sanguinarios de la historia de ETA.
● El FPLP: organización terrorista reconocida. Está clasificada como organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Su historial incluye secuestros de aviones, ataques con granadas a embajadas israelíes, y episodios en territorio español: el asalto a la embajada de Egipto en Madrid (1975) y el asesinato de un corresponsal del FPLP en Madrid (1982).
● En 2024, el FPLP desfiló por Madrid. Ese mismo grupo participó en una manifestación pro-palestina en Madrid autorizada por la Delegación del Gobierno. La ministra de Juventud Sira Rego marchó detrás de sus pancartas. Israel solicitó formalmente al Gobierno que tomara medidas. El Gobierno no respondió.
● El vínculo no es solo histórico: Samidoun visitó el FPLP en 2021. En julio de 2021, una delegación de Samidoun — la red detrás de la flotilla Sumud — viajó a Líbano, visitó las oficinas del FPLP y rindió homenaje a sus terroristas. Samidoun está sancionada como organización terrorista por EE.UU. y Canadá, e ilegalizada en Alemania desde 2023. La conexión ETA-FPLP no es arqueología política: es una red viva que en 2026 organizó 22 barcos hacia Gaza.
● Saif Abu Keshek: ciudadano español sancionado por el Tesoro de EE.UU. El coordinador principal de la flotilla porta pasaporte español y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) el 19 de mayo de 2026 como miembro de la Secretaría General de la PCPA — organización designada terrorista por el Tesoro por financiar a Hamás y por Israel desde 2021. Documentos de Hamás capturados en Gaza lo identifican como operativo nº 25 de la PCPA en España. Es el eslabón que une la flotilla, el FPLP y la red que entrenó a ETA.
- LA MISMA ESTRUCTURA
● Los mismos monitores, con condenas por ETA. En la flotilla de 2026 participó José Javier Oses, condenado en Francia a ocho años de prisión por pertenecer a ETA — y fue uno de los cuatro detenidos en el aeropuerto de Loiu al regresar. En la flotilla de 2025 participó Itziar Moreno, condenada a 15 años de cárcel por herir de bala a un gendarme francés, también por vinculación a ETA, recibida en Loiu con vítores y banderas palestinas. No son «vínculos con el entorno independentista vasco»: son condenas firmes por terrorismo, en dos ediciones consecutivas de la misma flotilla. (Fuente: EFE, 26 de mayo de 2026.)
● Al servicio del victimismo. El manual es literal. En el «manual de detenidos» incautado en la operación policial contra el comando Araba (1998) y confirmado en el sumario judicial de Gestoras Pro Amnistía, ETA ordenaba a sus militantes denunciar torturas sistemáticamente tras cualquier detención — con independencia de si se habían producido. La instrucción era explícita: denunciar siempre, contra todos los agentes posibles, y «usar la imaginación». Gestoras Pro Amnistía era el brazo visible de ese sistema: activaba la denuncia, la amplificaba y la hacía llegar a los medios afines. Los organizadores de la flotilla Sumud han seguido ese mismo protocolo con precisión milimétrica: antes de zarpar ya tenían preparada la narrativa de «brutalidad» y «piratería»; en cuanto Israel interceptó los barcos, los canales afines la difundieron como hecho probado. El incidente se fabrica para ser explotado. La narrativa precede al hecho.
● La misma presión callejera. Al día siguiente de los incidentes en Loiu (23 de mayo de 2026), se convocó en Bilbao una manifestación bajo el lema: «Ertzaintza y Gobierno Vasco cómplices de Israel. Destruir el sionismo, liberar Palestina.» No es un caso aislado: en los días previos, una turba intentó entrar en el Teatro Arriaga de Bilbao para boicotear la actuación de la compañía israelí Hofesh Shechter. El patrón — interceptación o presencia israelí, alerta a la red, presión callejera inmediata — reproduce con exactitud la estructura de movilización que el entorno de ETA activaba ante cada detención de sus militantes. El mismo mecanismo, las mismas redes, cuatro décadas después.
● La misma dependencia de regímenes totalitarios. ETA se financió y entrenó con el apoyo de Libia, Cuba, Nicaragua sandinista y la URSS — regímenes que le proporcionaron campos de entrenamiento, armas y cobertura diplomática. Hamás depende de Irán, que según el Departamento del Tesoro de EE.UU. le transfiere entre 100 y 200 millones de dólares anuales, y de Catar, que aloja su cúpula política. La flotilla Sumud recaudó más de 4 millones de euros en campañas de financiación colectiva coordinadas desde España, a través de organizaciones como la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la que Abu Keshek era miembro de la junta directiva. En ambos casos — ETA y Hamás — sin el patrocinio exterior, el terrorismo no tendría capacidad operativa sostenida. La red no desaparece con la organización: se reconfigura.
- LA CONNIVENCIA POLÍTICA
● El consejero de Seguridad defiende a los activistas frente a su propia policía. Bingen Zupiria, consejero vasco de Seguridad, compareció en el Parlamento Vasco para lamentar los incidentes en Loiu y calificar de «provocaciones» la actuación policial de la Ertzaintza. Lo hizo después de que uno de los activistas — José Javier Oses, condenado en Francia a ocho años de prisión por pertenencia a ETA — empujara y golpeara a un agente, lo que provocó la carga policial. Un responsable de Seguridad pública pidió perdón por la actuación de su propia policía tras un incidente iniciado por un terrorista condenado. Los agentes de la Ertzaintza merecen, en todo caso, el reconocimiento que su consejero les negó.
● Sumar, Podemos y Bildu usan el Parlamento para dar tribuna a un sancionado por el Tesoro de EE.UU. Tras la intercepción de la flotilla, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís solicitaron conjuntamente la comparecencia en el Congreso de Saif Abu Keshek — designado terrorista por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 19 de mayo de 2026 — para que relatara su detención. En paralelo, Sumar, ERC y Bildu pidieron la comparecencia del ministro Albares para que explicara las medidas adoptadas tras lo que calificaron de “secuestro” de la flotilla. EH Bildu exigió la liberación inmediata de los detenidos en Loiu. Podemos Euskadi condenó las cargas de la Ertzaintza. Sumar Mugimendua las calificó de “intolerable”. Tres partidos con representación parlamentaria pusieron sus instituciones al servicio de la narrativa de una red sancionada por Washington. (Fuentes: Agencia EFE; Infobae, 13 y 21 de mayo de 2026.)
● Sánchez saca a ETA de la lista terrorista de la UE y exige la liberación del coordinador de la flotilla. En enero de 2026, el Gobierno pactó con Bildu no renovar la presencia de ETA en la lista de organizaciones terroristas de la UE — una lista en la que ETA figuraba desde 2001, tras el 11-S, y que se revisa semestralmente. El mismo Gobierno que en esa misma semana no movió un dedo para evitar la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en esa lista, se negó a renovar la de ETA: 800 asesinatos, miles de heridos, 376 crímenes sin esclarecer, y ningún etarra que haya colaborado con la justicia. Las asociaciones de víctimas — AVT, Dignidad y Justicia — lo calificaron de traición. En ese mismo período, el ministro Albares desplegó presión diplomática para exigir la liberación de Saif Abu Keshek, coordinador de la flotilla, detenido legalmente por Israel y sancionado por el Tesoro de EE.UU. por financiación del terrorismo.
● Las subvenciones públicas y la opacidad financiera. Organizaciones identificadas en el ecosistema de apoyo a la flotilla han recibido subvenciones públicas durante años. NGO Monitor identifica al Gobierno Vasco como la institución pública que más subvenciones ha otorgado en Europa a Addameer — ONG designada formalmente por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en junio de 2025 por actuar en nombre del FPLP, con 15 miembros de su junta directiva con vínculos documentados con esa organización terrorista. Las transferencias verificables desde fuentes públicas del propio Gobierno Vasco incluyen 150.000 € (2021) y 78.000 € adicionales vía eLankidetza, más cientos de miles adicionales a través de intermediarios como Mundubat. Los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Donostia también financiaron a Addameer directamente. El total estimado desde 2014: al menos 6 millones de euros a ONGs palestinas con vínculos documentados con el FPLP. Ninguna autoridad española ha abierto una investigación. La normativa antilavado obliga a justificar el origen del dinero en transacciones de esta escala. La pregunta es cuánto tiempo más puede el Gobierno ignorar esa obligación legal.
- LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
EE.UU. confirma lo que España niega. El 19 de mayo de 2026, el Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) sancionó a Saif Abu Keshek — ciudadano español, coordinador de la flotilla Sumud — como miembro de la Secretaría General de la PCPA, organización designada terrorista por el Tesoro por financiar a Hamás y por Israel desde 2021. La misma red que conecta la flotilla con el FPLP — el grupo que entrenó a ETA en Yemen — ha sido identificada y sancionada por Washington. El Gobierno de Sánchez, mientras tanto, envió al ministro Albares a pedir su liberación.
Cuatro preguntas que el Gobierno de Sánchez no ha respondido:
- ¿Cómo obtuvo Saif Abu Keshek la nacionalidad española? Un individuo con antecedentes documentados de colaboración con Hamás — operativo nº 25 de la PCPA según documentos capturados en Gaza y publicados por Israel — porta pasaporte español y opera libremente desde España. Nadie ha explicado el proceso de naturalización ni si los servicios de seguridad conocían sus antecedentes.
- ¿Por qué el Gobierno no investiga Cyber Neptune? Cyber Neptune SL (CIF B22434260, domicilio en Barcelona) fue transferida a Abu Keshek el 22 de agosto de 2025 — nueve días antes de la partida de la flotilla — y cambió su objeto social de inmobiliaria a transporte marítimo. Documentos capturados por las FDI en Gaza, cuya autenticidad coincide en formato y lenguaje con comunicados oficiales de Hamás, identifican a la empresa como pantalla propietaria de decenas de los barcos de la flotilla Sumud. El Ministerio de Defensa de Israel designó a la PCPA, organización de la que Abu Keshek es miembro de la Secretaría General, como «institución establecida por Hamás» en agosto de 2021. Cyber Neptune sigue operando en España sin que las autoridades hayan abierto ninguna investigación. La normativa anti-lavado obliga a los bancos a justificar el origen del dinero en transacciones millonarias. ¿Qué banco tramitó las operaciones de esta empresa? ¿Quién lo autorizó?
- ¿Por qué el Ministerio del Interior no ha abierto una investigación? En las flotillas de 2025 y 2026 participaron personas con condenas firmes por terrorismo vinculado a ETA. José Javier Oses (flotilla 2026) cumplió ocho años de prisión en Francia por pertenencia a ETA. Itziar Moreno (flotilla 2025) fue condenada a 15 años por herir de bala a un gendarme francés. Su participación en operaciones organizadas por una red sancionada por el Tesoro de EE.UU. no ha generado ninguna respuesta del Ministerio del Interior. La pregunta no es retórica: es una obligación legal.
- ¿Por qué el Gobierno presionó por la liberación de Abu Keshek? El ministro Albares desplegó presión diplomática para lograr la liberación de un individuo detenido legalmente en el ejercicio del derecho naval internacional. No es política exterior: es subordinación ideológica que compromete la credibilidad de España como socio fiable en la lucha contra el terrorismo.
La conexión ETA-FPLP no es historia. Es el antecedente de un patrón que se repite hoy con nombres distintos. El terrorismo internacional se retroalimenta, comparte técnicas y estructuras, y busca la complicidad de Estados débiles o ideológicamente afines.
