El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra ha publicado el Informe Anual 2025 de la Renta Garantizada, que permite analizar la evolución de esta prestación, que ha experimentado un notable crecimiento desde 2010. El número de unidades familiares perceptoras ha pasado de 7.448 a 15.962, lo que supone más que duplicarse (+114%), mientras que las personas beneficiarias han aumentado de 17.115 a 32.672 (+91%). Aunque desde el máximo alcanzado en 2021 se aprecia una ligera reducción, las cifras continúan siendo muy elevadas, lo que refleja que la prestación ha adquirido un peso creciente dentro del sistema de protección social navarro.
Según el Think Tank navarro Institución Futuro, la evolución del perfil de los beneficiarios también ha cambiado de forma significativa. En 2010, casi dos tercios de las unidades familiares perceptoras eran de origen autóctono (61,5%), mientras que en 2025 esa proporción se ha reducido al 35,5%. Por el contrario, las unidades familiares de origen migrante representan ya el 64,5% del total. El incremento registrado durante estos años se explica por el aumento de unidades familiares perceptoras de origen extranjero, mientras que el número de hogares autóctonos beneficiarios incluso ha descendido respecto a hace diez años.
Otro aspecto relevante para Institución Futuro es que una parte importante de los hogares perceptores compatibiliza la Renta Garantizada con otras prestaciones públicas. En 2025, 4.101 unidades familiares —más de una de cada cuatro— percibían simultáneamente la Renta Garantizada junto con el Ingreso Mínimo Vital o una pensión no contributiva.
El crecimiento de beneficiarios ha ido acompañado de un fuerte incremento del gasto. El desembolso realizado por el Gobierno de Navarra ha pasado de 29,5 millones de euros en 2010 a casi 109 millones en 2025, tras alcanzar un máximo de 114,5 millones en 2020. Además, en la mayoría de los ejercicios el gasto ejecutado ha superado el presupuesto inicialmente previsto, lo que pone de manifiesto la creciente dificultad para anticipar el coste real de una prestación que ha ido ampliando progresivamente su alcance.El thin Tank navarro destaca como la prestación mensual por unidad familiar ha pasado de 536 euros en 2010 a 698 euros en 2025, un incremento cercano al 30%. Como consecuencia, el gasto total casi se ha cuadruplicado en quince años al combinar un mayor número de beneficiarios con una prestación media más elevada.El informe también permite conocer la situación laboral de los beneficiarios. De las 32.672 personas que percibían la prestación en 2025, 20.396 estaban en edad de trabajar; sin embargo, únicamente 10.740 figuraban como disponibles para el empleo. En otras palabras, solo el 32,9% del total de perceptores de Renta Garantizada estaba disponible para incorporarse al mercado laboral. Se trata de un dato especialmente relevante desde la perspectiva de las políticas de activación e inserción laboral.
Precisamente los datos sobre los incentivos al empleo invitan a la reflexión. En 2025, de los 10.740 perceptores de Renta Garantizada que estaban en edad laboral y disponibles para trabajar, solo 1.187 dejaron de percibir la prestación por haber encontrado un empleo, apenas un 11% de ese colectivo. Al mismo tiempo, el conjunto de los mecanismos de incentivación del empleo se redujo un 23% respecto a 2024. Estos datos sugieren que la capacidad de la prestación para actuar como un puente hacia el empleo se está debilitando.
Institución Futuro concluye que la Renta Garantizada cumple una función esencial como red de protección para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, su objetivo último debe ser siempre ayudar a las personas a recuperar su autonomía económica y reincorporarse al empleo cuando ello sea posible. Los datos del informe muestran que el número de beneficiarios continúa siendo muy elevado, el gasto se ha consolidado en niveles históricamente altos y cada vez son menos quienes abandonan la prestación por haber encontrado trabajo. El verdadero éxito de este tipo de políticas no se mide por el número de personas que permanecen en ellas, sino por las que consiguen dejar de necesitarlas gracias a su incorporación al mercado laboral.
