Cada verano se repiten con más frecuencia e intensidad imágenes de montes envueltos en llamas, pueblos evacuados y paisajes reducidos a cenizas. Esta situación tan difícil de afrontar genera un impacto trágico sobre el ecosistema y las personas que no debemos banalizar.
Además de los enormes costes materiales y ambientales que se ven a simple vista, existe un impacto a primeras invisible, pero que condiciona de forma directa nuestro futuro: las emisiones y la huella de carbono.
El humo que no vemos
Los incendios ya no son un evento estacional aislado; son una crisis recurrente y global. Factores como el abandono rural y el cambio climático como acelerador, nos sitúan en un escenario de vulnerabilidad inédito al que no estamos preparados.
Los bosques son auténticos depósitos de vida, una pieza fundamental del conjunto de ecosistemas que forman nuestro territorio. Además de actuar como reserva de biosfera y fuente de recursos, cumplen otra función invisible, son enormes almacenes de carbono.
A lo largo de las décadas, la vegetación y el suelo absorben dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera mediante la fotosíntesis, y lo fijan en forma de materia orgánica. Pero cuando el fuego devora el monte, ese equilibrio se rompe de manera drástica. En cuestión de horas, el carbono acumulado durante décadas se libera masivamente. Según un estudio de la Universidad de Lleida, se estima que las emisiones generadas en grandes incendios forestales oscilan entre 13,6 y 70,4 toneladas de CO2 equivalente por hectárea.
Según datos de la OMS, los incendios forestales en toda Europa han aumentado un 57 % en los últimos cuatro años. En el caso de España, contamos con una superficie forestal de 28,4 millones de ha, el 55,3% de todo nuestro territorio nacional.
En el año 2025, se registraron un total de 354.747 ha de superficie forestal quemadas por incendios (MITECO), lo que supone un aumento de más del 230% con respecto a la media anual del último decenio.
De esta forma, la proliferación de los incendios ha generado además un aumento en la liberación de GEI a la atmósfera. En este sentido, según datos del sistema GFAS (Global Fire Assimilation System) del CAMS, los incendios estivales del 2025 en la Unión Europea y Reino Unido emitieron unas 47,3 Mt de CO2 (cifra récord en 23 años). Sólo la Península Ibérica (España y Portugal), aportaron casi tres cuartas partes del total, con unas 35 MT de CO2
Además, el incendio no sólo genera un aumento de las emisiones, también reduce los sumideros naturales de carbono atmosférico. Una hectárea de bosque absorbe al año entre 3,5 y 6 toneladas de CO2 a través de la fotosíntesis y el crecimiento de la materia vegetal. La masa forestal de España supone un sumidero natural de carbono que almacena anualmente unas 50 Mt de CO2 (datos de 2024). Esta cifra se encuentra en descenso a causa de la pérdida por los incendios.
Para tener una perspectiva de la dimensión, el total de emisiones de GEI de España en el año 2024 es de aproximadamente 267,7 Mt de CO2e (MITECO). Nuestros bosques actualmente sólo son capaces de absorber el 18-20 % de lo que emitimos cada año, y esta cifra se encuentra en peligro de reducirse aún más.
La inacción en inversión y conservación no es neutra: dejar de cuidar el bosque, no invertir en mitigación y prevención de incendios, se traduce en más superficie quemada, más CO2 liberado y una menor capacidad de absorción futura. La falta de gestión preventiva tiene su propia huella de carbono.
En la industria, sabemos cuánto nos cuesta cada tonelada de CO2 que emitimos o dejamos de emitir, pero ¿cuánto cuestan las emisiones de cada incendio? Ese carbono también tiene un precio, y cuantificarlo puede ser un primer paso para medir el coste que nos suponen los incendios.
¿Cuánto nos cuesta realmente el CO₂ que arde en nuestros bosques?
El Mercado Europeo de Derechos de Emisión (EU ETS) obliga a las industrias intensivas a pagar por sus emisiones. En la actualidad, el coste de emitir una tonelada de CO₂ en este mercado roza los 80 €/t (según datos de SENDECO2).
Si trasladamos esta cifra a la realidad del monte, durante las olas de incendios de 2025, como pudimos ver en nuestro último post al respecto, el sistema GFAS registró 35 millones de toneladas (Mt) de CO₂ liberadas solo en la Península Ibérica. Si trasladamos esa cifra al valor del mercado europeo (~80 €/t), el valor contable de esas emisiones equivale a unos 2.800 millones de euros.
A esta cifra hay que añadir la reducción del sumidero de carbono derivada de la pérdida de masa forestal: cada hectárea quemada, se deja de absorber entre 3,5 y 6 toneladas de CO₂ al año. Además, solo la restauración forestal tras el fuego exige un gasto mínimo de 2.500 €/ha (según estimaciones del sector forestal), esto sin contar los costes operativos que supone la extinción de estos incendios.
Según datos de ASEMFO, el coste derivado de la extinción de incendios en España en el 2025 asciende a los 6.700 millones de euros. Lo que llevamos de año 2026, el coste acumulado es de 3.275 millones de euros y en aumento.
Sin embargo, el precio del mercado regulado (EU ETS) responde a dinámicas financieras y de oferta-demanda industrial. No refleja la factura real que paga el planeta y la sociedad.
Aquí entra el concepto de Coste Social del Carbono, una métrica académica que evalúa el daño económico, sanitario y ecológico real que causa cada tonelada emitida. Un estudio de referencia publicado en Nature (Rennert et al., 2022) sitúa el coste social central en 185 $/t, unos 170 €/t.
Bajo este prisma, las 35 Mt de CO₂ emitidas no representarían 2.800 millones de euros, sino casi 6.000 millones de euros en daños climáticos y sociales agregados. Una factura invisible que repercute en la salud pública, la pérdida de biodiversidad y los daños generados durante eventos climáticos extremos.
La inacción por tanto es un riesgo cuantificable, que genera un impacto ambiental, social y económico que podemos medir. De esta forma, la prevención debe tenerse en cuenta como una inversión prioritaria. No se trata solo de un compromiso ecológico, sino de preservar el valor en nuestro capital ambiental, social, y económico.
Cuantificar esta factura nos lleva inevitablemente a la siguiente pregunta: ¿cómo pasamos del coste económico a la acción real?
Por qué la inacción no salva nuestros bosques
En los incendios forestales, prevenir es más económico y eficiente que apagar y restaurar. Según estimaciones de la ASEMFO, combatir un incendio con medios terrestres y aéreos supone un coste entre 10.000 y 19.000 €/ ha. En el caso de grandes incendios, puede elevarse hasta 30.000 €/ha (datos del IUCA). Frente a estas cifras, las labores de selvicultura preventiva (desbroces, clareos, y quemas prescritas) suponen una inversión media de entre 1.000 € y 3.000 €/ha, lo que equivale a menos del 10 % del coste de apagar el fuego.
Según el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes por cada 1 € invertido en prevención y gestión forestal activa se reducen o evitan hasta 100 € en costes posteriores de extinción y reparación.
Existe un debate delicado en torno a la conservación: la idea de que la mejor forma de proteger el monte es dejarlo “intocable”. Sin embargo, una visión mal entendida de lo “natural”, la no intervención, puede ser uno de los mayores riesgos.
El éxodo rural y la falta de gestión activa provocan una acumulación masiva de matorral y biomasa seca. Cuando llega el fuego, no encuentra barreras y arde con una intensidad devastadora.
Organizaciones como WWF o Greenpeace, e instituciones como ASEMFO o la FAO defienden la necesidad de una gestión forestal activa:
- Desbroces y podas selectivas.
- Creación y mantenimiento de cortafuegos.
- Quemas programadas y configuración de paisajes en mosaico.
Por otro lado, el cambio climático genera olas de calor cada vez más intensas, actuando como acelerador de incendios. Además, alarga los periodos de sequía y estrecha las ventanas de tiempo seguras para realizar quemas controladas.
Las empresas no deben limitarse a la compra de créditos de carbono para compensar emisiones, pueden actuar de forma activa y evitando caer en el greenwashing:
- Invertir en prevención y gestión territorial: Financiar proyectos de dinamización rural y silvicultura preventiva.
- Medir el impacto real: Exigir trazabilidad y métricas transparentes en las actividades que impactan su dimensión ambiental.
- Evitar impactos ambientales: Incluir el impacto ambiental en la toma de decisiones. Hay acciones al alcance de todos, como el reempleo o la reutilización.
En SURUS compartimos el compromiso de promover una gestión activa que reduzca los impactos negativos y conserve los recursos. A través del reempleo y de nuestro modelo de desimplantación circular, acompañamos a las empresas a gestionar activos en desuso, excedentes de materiales o instalaciones paradas; generando un impacto ambiental positivo que maximiza la preservación de los recursos y minimiza los impactos negativos en el entorno.
Lo que no se gestiona, con el tiempo, se acaba convirtiendo en un coste económico, social y ambiental.
Para crear soluciones reales contra los incendios, hay que analizar todos los impactos: emisiones de CO2, pérdida de sumideros de carbono y costes de extinción y restauración. Solo así cada sector podrá contribuir desde su posición a preservar el valor de nuestro entorno.
En SURUS, acompañamos a quienes nos rodean en la transición de modelos de negocio lineales a modelos más circulares y sostenibles. SURUS fue creada en el año 2010 para dar respuesta a una necesidad existente en el mercado nacional en cuanto a la venta especializada de activos en el mercado secundario maximizando el valor económico, social y medioambiental y así ofrecer los mejores resultados en nuestros proyectos que además certificamos mediante herramientas de medición y la emisión de informes.
