A fecha de hoy, 17 de septiembre, los Letrados de la Administración de Justicia seguimos sin conocer qué cantidad se abonará en concepto de productividad correspondiente al segundo semestre de 2025, sin que se haya publicado todavía la resolución que determine el reparto de dicha productividad y sin que se haya abierto en el aplicativo el periodo para la grabación de los datos correspondientes al primer semestre de 2026.
Esta situación resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que el propio Ministerio de Justicia comunicó en la reunión mantenida con las asociaciones profesionales el pasado mes de junio que el abono correspondiente al segundo semestre se efectuaría previsiblemente durante el mes de septiembre y que, para este periodo, se mantendría el sistema de fichas vigente.
Desde el CNLAJ consideramos que no resulta razonable que, avanzado ya el mes de septiembre, el Cuerpo continúe sin conocer las condiciones concretas del abono de una retribución que corresponde al trabajo realizado durante los primeros seis meses del año.
Además, esta situación confirma las dificultades que el Colegio ya había advertido durante la tramitación de la reforma del sistema de productividad. En abril de este año denunciamos que la modificación del modelo se había llevado a cabo sin una verdadera negociación y advertimos expresamente de que, si no se abordaba de manera seria, dialogada y con recursos suficientes, los problemas no solo no se solucionarían, sino que se agravarían en los siguientes periodos.
El problema no se limita, por tanto, al retraso en la tramitación del pago. La falta de información, la ausencia de una resolución publicada y el retraso en la apertura del aplicativo generan una incertidumbre innecesaria para todos los compañeros, especialmente en un momento en el que la implantación de la nueva estructura de la Oficina Judicial está suponiendo un importante esfuerzo de adaptación y reorganización.
Desde el CNLAJ reiteramos nuestras reivindicaciones respecto del sistema de productividad:
- Que la productividad cuente con una dotación económica suficiente, defendiendo que alcance, como mínimo, el 5 % de la masa salarial individual de cada Letrado de la Administración de Justicia, tal y como el Colegio viene reclamando desde hace tiempo. Esta reivindicación ya fue trasladada al Ministerio con ocasión de los trabajos de revisión del sistema.
- Que los criterios de productividad sean objetivos, transparentes, verificables y adaptados al trabajo real que desarrollan los Letrados de la Administración de Justicia.
- Que cualquier modificación del sistema sea objeto de una verdadera negociación con las organizaciones representativas del Cuerpo, y no una mera comunicación de decisiones previamente adoptadas.
- Que se avance en la automatización y simplificación de la obtención de los datos, evitando cargas burocráticas innecesarias para los compañeros.
- Y, especialmente, que se garantice una mayor previsibilidad y seguridad en todo el procedimiento, de manera que los Letrados conozcan con suficiente antelación los criterios aplicables, los plazos y las cuantías correspondientes.
Por todo ello, el CNLAJ solicita al Ministerio de Justicia que proceda con carácter inmediato a publicar la resolución correspondiente al segundo semestre de 2025 y a abrir el aplicativo para que los Letrados puedan introducir los datos de productividad en relación al primer semestre 2026, adoptando todas las medidas necesarias para que el abono se produzca sin más demoras.
Asimismo, el Colegio reitera la necesidad de retomar los trabajos de revisión del sistema de productividad desde una perspectiva global, con participación efectiva de las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, recursos económicos suficientes y criterios que respondan a la realidad de las nuevas estructuras organizativas y a las funciones que actualmente desempeña el Cuerpo.
No podemos seguir afrontando cada semestre con incertidumbre sobre los criterios aplicables, los plazos de grabación y las cantidades que finalmente se percibirán. La productividad debe ser un sistema objetivo, transparente, previsible y adecuadamente dotado, no una fuente permanente de incertidumbre para los Letrados de la Administración de Justicia.
