¿Sabes qué pasó? Boletín de Derechos Humanos – Octubre 2024
Comienza en Francia el octavo juicio ruandés de jurisdicción universal
El médico ruandés Eugène Rwamucyo se enfrenta a cargos por los crímenes de genocidio y de lesa humanidad, presuntamente cometidos durante el genocidio de Ruanda de 1994, en el que la minoría étnica tutsi fue masacrada sistemáticamente. Según la acusación, Rwamucyo, que trabajaba como médico y profesor en la Universidad de Butare, habría participado, junto con la milicia hutu, en la ejecución de heridos en hospitales y la ocultación de cadáveres en fosas comunes, tratando de ocultar pruebas del genocidio.
Este proceso supone el octavo juicio en Francia que se celebra bajo la jurisdicción universal, conforme a la cual es posible perseguir y enjuiciar crímenes de guerra y genocidio cometidos fuera de sus fronteras cuando los acusados residen en el país. Rwamucyo fue detenido por la policía francesa el 10 de mayo de 2010, ejecutando la orden de arresto internacional emitida por Ruanda. Durante el juicio, se presentarán testimonios de alrededor de 60 testigos, y el acusado, en caso de ser declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua.
Este proceso subraya el compromiso de países como Francia con la justicia internacional y su respaldo a las víctimas del genocidio, siendo casos como este fundamentales para avanzar en la lucha contra el fin de la impunidad de autores de crímenes internacionales.
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Presunto combatiente de Hezbolá juzgado en Alemania por crímenes de guerra en Siria
En Alemania, un hombre sirio de 32 años se enfrenta a las acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad. El presunto combatiente de una milicia chií, que posteriormente se unió a la milicia libanesa Hezbollah, habría cometido los hechos en Siria, durante el conflicto civil iniciado en 2011, en el que la milicia apoyaba el bando del régimen de Bashar al-Assad.
Los fiscales alemanes afirman que fue responsable de ataques en 2012 en la ciudad de Busra al-Sham, donde cometieron asesinatos y abusos contra población civil, acciones que se enmarcan en crímenes de guerra. Además, se le acusa de haber participado en la captura de civiles sunitas durante 2013 y 2014, quienes habrían sido entregados a los servicios de inteligencia militar de Siria para ser sometidos a torturas.
De nuevo, este juicio ilustra la relevancia de la jurisdicción universal para poder encausar a autores de crímenes internacionales, los cuales, por el contexto en el que se perpetran, en la mayoría de los casos son difícilmente perseguibles en el estado en el que se cometen.
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Israel prohíbe en su territorio la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA)
El Parlamento de Israel ha aprobado una ley que prohíbe a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) operar dentro del país. Asimismo, otra ley impide a trabajadores de dicha organización contactar con cualquier funcionario israelí, lo que dificulta enormemente seguir desempeñando su labor en los territorios palestinos ocupados (Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza).
Esta legislación ha sido criticada por la comunidad internacional, destacando voces como la de Josep Borrell (Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) o la de los ministros de Exteriores de países como Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.
Por su parte, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha afirmado que “este es el último paso en una campaña en curso para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios de desarrollo humano a los refugiados de Palestina”.
La UNRWA, creada conforme a una resolución de la ONU en respuesta al éxodo masivo de refugiados palestinos tras la creación del Estado de Israel, desde 1949 brinda servicios esenciales a millones de refugiados palestinos, siendo especialmente preocupante el impacto que estas restricciones puedan tener en la ya de por sí grave crisis humanitaria en Gaza.
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El Gobierno aprueba la Autoridad de protección del informante
El Gobierno español ha aprobado la creación de una Autoridad independiente de protección del informante, destinada a fomentar la denuncia de casos de corrupción. Esta entidad será autónoma e independiente del Gobierno, aunque se insertará en la estructura bajo el Ministerio de la Presidencia. Su objetivo es proporcionar garantías a quienes colaboren con la Justicia aportando información acerca de infracciones, asegurando su anonimato y protección contra represalias.
Esta medida se enmarca en el Plan de Acción para la Democracia presentado hace unos meses por el Gobierno, siendo uno de sus principales objetivos fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar la persecución penal de este tipo de delitos. No obstante, cabe recalcar que el Gobierno ya se comprometió a la creación de esta autoridad con la aprobación de la Ley 2/2023, por la cual se traspone la Directiva (UE) 1937/2019.
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