FUNDACION NACIONAL FRANCISCO FRANCO
La historia de unos hechos admite muchas interpretaciones, pero no la mutación, ocultación o manipulación de esos hechos, como tales, incontrovertibles. El presupuesto de la historia es la libertad para poder señalar los hechos e interpretarlos según el criterio subjetivo de cada parte. Las dos leyes memorialistas pretenden imponernos la verdad en el orden filosófico, racional y lógico, de lo que algunos desearían que hubiera ocurrido. Representan una contradicción iliberal, un desorden mental y existencial, un maniqueísmo del poder ejecutivo inaceptable, sobre una sociedad indocta, anestesiada con falsedades y aturdida por el humo partidista.
La pretensión inicial es la de querer ganar la guerra civil con noventa años de retraso mediante un relato distópico de cómo deberían haber sido los hechos y no de como realmente fueron, asunto ya tratado en los Episodios Nacionales por D. Benito Pérez Galdós. El personaje galdosiano Juan Santiuste, finalmente convertido en Confusio, es hoy Pedro Sánchez. Y acabará igual -si no lo está ya- enloqueciendo. La sociedad admite la novela histórica, pero resulta inadmisible su imposición legal como versión unívoca de la historia con víctimas de distinta consideración, por mucho experto a sueldo que lo refrende.
La intervención política viene dada porque la historia de los hechos no se compadece con la historia del relato. Al imponerse por Ley, con cartera ministerial incluida, puede diseccionarse quienes son las víctimas y quienes los victimarios, temporalidad en que se fijan los hechos e investigaciones a la carta. Aun así, la mayor gravedad estriba en que esa paranoia colectiva sobre el pasado remoto la financiamos nosotros, sale de nuestros impuestos, en un ejemplo palmario de malversación de fondos públicos con la finalidad de demonizar, celebrando su muerte natural, a un personaje de histórico cuya tumba fue profanada por Real Decreto y cuyos restos mortales siguen secuestrados por el gobierno sin otra finalidad que la de fracturar a la sociedad española levantando un muro compuesto de una amalgama de odio y de mentira.
Resulta un despropósito la existencia de una ley totalitaria en una democracia liberal. La propia Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2024, sobre la conciencia histórica europea lo impide, al señalar: “la memoria histórica lleva un claro grado de subjetividad, dado que la elección de qué recordar y cómo se interpreta el pasado implica necesariamente juicios de valor”. Igualmente se indica que “abordar el pasado requiere la máxima imparcialidad y objetividad tanto en la erudición histórica como en el ámbito político” y que “la historia nunca debe relativizarse, distorsionarse o falsificarse con fines políticos”.
La superchería memorialista consiste en eliminar cualquier brizna de legitimidad a la magistratura de Franco y su régimen para llegar al poder y transformar la nación, como lo hizo, hasta su fallecimiento. Lo que fue un levantamiento cívico militar se tacha de golpe militar contra la legalidad republicana, cuando ésta había sido pisoteada por el Frente Popular en su imparable proceso revolucionario. Basta el testimonio histórico de Largo Caballero –reivindicado por Pedro Sánchez– , para ilustrarnos: “La democracia es sólo el primer paso hacia la dictadura del proletariado. No creemos en una democracia que perpetúe el dominio de una clase sobre otra” “La clase trabajadora no puede conformarse con lo que nos da esta República burguesa. Debemos destruir este sistema para construir una verdadera sociedad socialista” “Si no nos permiten conquistar el poder por los votos, lo haremos por la violencia” “La revolución no se hace con palabras, sino con sangre y con fuego” “Si la derecha gana las elecciones, tendremos que ir a la guerra civil. No permitiremos que sigan gobernando contra la clase trabajadora” “Nuestra misión no es mantener esta democracia burguesa, sino destruirla para construir el socialismo” “La lucha de clases no puede resolverse en los parlamentos; debe resolverse en las calles”. Todo ello publicado después de dar un golpe de estado fallido en 1934, y antes de asesinar brutalmente al jefe de la oposición José Calvo Sotelo. Los miles de asesinados en la matanza de Paracuellos o el cruel martirio del Fiscal General de la República D. Marcelino Martin Gamazo y sus tres hijos pudieron atestiguar que iba en serio. Pero hoy no pueden acogerse como víctimas de la represión socialista.
La única finalidad del proyecto ideológico social/comunista/separatista, es la ruptura de la Transición política y el fin de la monarquía restaurada por Franco. Nada importa, frente al nuevo y pertinaz constructo, la evidencia de que el régimen actual proviene del régimen anterior por reforma legislativa y no por ruptura. De lo que se trata es de proceder a la voladura del andamiaje final que sostiene la unidad de la nación, la partitocracia del 78, la institucionalización de las apariencias y el control de todos los contrapesos al poder arbitrario del gobierno. Y en esto no puede soslayarse la responsabilidad del Partido Popular, que el 20 de noviembre de 2002 concedió a la mentira histórica la autoridad del “consenso” al votar junto al PSOE la condena del Régimen de Franco y el alzamiento del 18 de julio yque en el año 2011 incumplió su promesa electoral de derogar la Ley de memoria histórica.
Sólo falta un último error: que la más alta magistratura de la Nación contribuya o se deje utilizar por el aquelarre memorialista contra Franco. Sería la humillación final que haría las delicias de Sánchez y de sus socios antiespañoles y con la que Sánchez quiere devolver al Rey la afrenta insoportable de Paiporta. Las monarquías, de natural hereditarias, dinastía, sólo se sostienen por su utilidad en lo permanente. Los enemigos del actual régimen, manifiestamente mejorable, siguen siendo los mismos republicanos que engañaron a su bisabuelo Alfonso XIII y al General Primo de Rivera conformando gobierno y cambiando de bando el 14 de abril del 1931.
Sánchez sabe de sobra que la presencia de Su Majestad el Rey en uno sólo de los actos programados por el frentismo memorialista, será interpretado como la adhesión implícita a su bando, ofendiendo gratuitamente al resto de los españoles situados al otro lado del “muro”. Salpicaría su magistratura con el lodo cainita de una casta política desconocedora de los fundamentos del arte de gobernar, corrupta y con la doblez necesaria para satisfacer su ambición ilimitada. Sería el final del régimen del 78, de la Monarquía Parlamentaria y, tal vez, de la propia España como Nación, si el pueblo no lo remedia y la Providencia nos vuelve la espalda.
