En Burkina Faso, el régimen de transición se encuentra en punto muerto y la vuelta al orden constitucional no parece estar a la orden del día. A pesar de sus compromisos iniciales, las autoridades que tomaron el poder hace dos años mediante un golpe de Estado han cerrado el espacio cívico y democrático para acallar todas las voces críticas y obstaculizar las libertades fundamentales. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) condena estas numerosas violaciones de los derechos humanos y pide el restablecimiento del Estado de derecho.
Nairobi, Dakar, París, 30 de septiembre de 2024. Las autoridades burkinesas, en el poder tras el golpe militar del 30 de septiembre de 2022, han instaurado progresivamente un sistema de represión contra toda crítica o denuncia de violaciones de los derechos humanos. Periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición política son objetivo diario de ataques, detenciones, secuestros, desapariciones forzosas, reclutamientos forzosos y amenazas contra sus familias. Este clima de miedo está alimentado por los discursos de odio y violencia difundidos en las redes sociales por activistas próximos al gobierno.
Por ello, la FIDH hace un llamamiento a las autoridades de Burkina Faso para que pongan fin inmediatamente a estos ataques y pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Les insta asimismo a que respeten los compromisos nacionales, regionales e internacionales adquiridos en materia de derechos humanos.
“La mordaza impuesta a la sociedad civil y la represión de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y opositores es inaceptable, especialmente en un momento de transición en el que se preconiza la refundación del Estado y una mejora de la gobernanza”, afirmó Drissa Traoré, secretario general de la FIDH. “Es necesario proteger a la sociedad civil y para ello es fundamental para la libertad de expresión preservar los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación, de reunión y de prensa.”
A pesar de que el régimen ha declarado que su prioridad era la resolución del conflicto armado que asola el país, la FIDH ha constatado un recrudecimiento de la violencia y de las violaciones cometidas contra la población civil por todas las partes implicadas en el conflicto. El 24 de agosto de 2024, un atentado reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) se dirigió contra civiles, fuerzas de defensa y de seguridad y Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), causando varias decenas de víctimas. Estos graves crímenes han sido condenados por la FIDH y la coalición ciudadana para el Sahel.
Reclutamiento forzoso de personas defensoras, periodistas y miembros de la oposición
Desde finales de noviembre de 2023, las autoridades han sistematizado el reclutamiento forzoso de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y opositores políticos como reservistas del ejército. En represalia por sus críticas o denuncias de violaciones de los derechos humanos, una docena de personas fueron secuestradas y enviadas al frente, en virtud del Decreto sobre movilización general y alerta, adoptado en abril de 2023. Entre ellas se encuentran el Dr. Daouda Diallo, defensor de los derechos humanos y figura de la sociedad civil, y Ablassé Ouédraogo, personalidad política.
Este reclutamiento afecta también a miembros de la magistratura, en violación del principio de separación de poderes y de la independencia del poder judicial. En agosto de 2024, se requisaron y alistaron por la fuerza al menos cinco magistrados, entre ellos fiscales, que habían abierto investigaciones judiciales o adoptado medidas en procedimientos en los que estaban implicadas personas conocidas por ser próximas al régimen. Se requisó a los fiscales de Burkina Faso de los tribunales superiores de Uagadugú 1, Boromo, Bobo-Dioulasso y Gaoua, así como el juez de instrucción superior del tribunal superior de Ziniaré y un fiscal adjunto de Bobo-Dioulasso, para el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 13 de noviembre de 2024.
“Es inaceptable que se envíe al frente a miembros de la magistratura y agentes del orden en represalia por haber dictado sentencias judiciales contra personas próximas al régimen. Las autoridades de Burkina Faso confirman una preocupante tendencia: la obstrucción de las libertades fundamentales, condenada reiteradamente por las Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y nuestras organizaciones de defensa de los derechos humanos”, declaró Alice Mogwe, presidenta de la FIDH. “El Estado de Burkina Faso está infringiendo tanto su propia Constitución como las obligaciones que le incumben en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como todos los instrumentos y convenios internacionales que ha suscrito, en particular los que protegen a las personas defensoras de los derechos humanos.”
El fin de la libertad de prensa
Las autoridades de Burkina Faso han restringido progresivamente el derecho a la información y la libertad de prensa. Los medios de comunicación locales se encuentran bajo control y los grandes medios internacionales están prohibidos. Los/as periodistas tienen la obligación de adoptar un “tratamiento patriótico” de la información, es decir, favorable al gobierno, y son objeto de constantes ataques y amenazas. La autocensura se está generalizando. Atiana Serge Oulon, periodista de investigación y director de la revista bimensual L’Événement, fue secuestrado en su domicilio por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) el 24 de junio de 2024 y desde entonces su familia no ha tenido noticias de él. Se había suspendido la publicación de su periódico durante un mes el 20 de junio. Entre el 19 y el 28 de junio de 2024, Kalifara Séré y Adama Bayala, comentarista y columnista respectivamente en BF1, permanecieron secuestrados tras la suspensión del programa “7 Infos” en la cadena de televisión privada BF1. La CADHP había expresado “su profunda preocupación por esta situación, que constituye una grave amenaza para la integridad física y moral de los periodistas y puede privarles de la protección de la ley y menoscabar su libertad de expresión y de opinión”.
