En el marco del 192º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y algunas de sus organizaciones miembro en América Latina, junto con Transparency International (TI), secciones nacionales de TI, y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ilustraron el impacto de la corrupción en los derechos humanos con casos concretos, enfatizando la necesidad de dar un mayor espacio a las víctimas de la corrupción.
Washington, 3 de marzo de 2025. En América Latina la corrupción estructural está deteriorando la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, lo cual requiere mayor respuesta de los Estados. Así lo reconoció un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil en una presentación ante la Audiencia Pública Regional “Obligaciones estatales de derechos humanos en contextos de corrupción”, donde se destacaron casos concretos de corrupción en República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela y Brasil.
“A pesar de la existencia de marcos legislativos extensos a nivel nacional y compromisos internacionales y regionales para luchar contra este mal, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2024 muestra una falta de avances y retrocesos significativos en varios países. La falta de medidas efectivas para luchar contra la corrupción por parte de los Estados socava la democracia, fomenta la violación de los derechos humanos y constituye un incumplimiento a la obligación estatal de prevenir la violación de los derechos humanos,” resaltó Luciana Torchiaro, de Transparency International.
Las organizaciones enfatizaron la importancia de darle visibilidad a las víctimas de corrupción. “El hecho de darle visibilidad al vínculo entre hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos nos permite ponerle una cara y circunscribir quienes son esas víctimas. Eso requiere romper los silos entre el mundo de los derechos humanos y el mundo de la lucha contra la corrupción y también documentar, denunciar, describir los hechos, los nexos causales y los impactos,” afirmó Jimena Reyes, directora de las Américas de la FIDH.
Por otro lado, se resaltó durante la audiencia cómo la corrupción ha afectado el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Por ejemplo, en Colombia, Rosa María Mateus, del CAJAR, resaltó que las tácticas de interferencia de las industrias extractivas se aprovechan de “de vacíos (legales) para obtener licencias de exploración, explotación, y permisos de vertimiento que pueden poner en riesgo otros derechos humanos y ambientales de comunidades”, advirtiendo igualmente acerca de prácticas de “cooptación de líderes comunitarios de zonas vulnerables.”
A su vez, la audiencia resaltó cómo la corrupción del Estado por parte de empresas, ejemplificada en el caso Odebrecht, ha tenido un impacto grave en varios países. En República Dominicana, sobornos por parte de esta empresa al gobierno dominicano llevaron a la aprobación irregular de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), la cual ha generado graves impactos ambientales y de derechos humanos, incluyendo enfermedades relacionadas a la inhalación de gases tóxicos y el fallecimiento de más de 6 mil personas. Euren Cuevas Medina, de INSAPROMA, explicó que, mediante un informe que se elaboró conjuntamente con la FIDH, “se pudo evidenciar cómo la contaminación generada por la CTPC vulnera derechos fundamentales como a la salud, a un ambiente sano y una vida digna de la población de Peravia. Todo esto en franca violación del mandato constitucional y legal de la descarbonización, violación de los derechos humanos y ambientales. Todavía al día de hoy el acto de corrupción de Punta Catalina no ha sido sometido a la justicia, lo que se traduce en impunidad corporativa.”
La impunidad respecto a la corrupción no se limita a casos corporativos, si no que afecta también el acceso a la justicia de múltiples maneras. Como resaltó Lissette González, de PROVEA, en Venezuela, se han constatado “diversas formas de corrupción judicial. En este mismo sentido, los medios de comunicación reportaron durante 2024 múltiples denuncias de extorsión por parte de funcionarios hacia las víctimas de la represión post electoral; exigiendo pagos para que estas personas pudieran obtener su liberación o mejoras en sus condiciones de reclusión. Esto es una violación del derecho a la libertad y a la integridad personal.”
Las organizaciones solicitaron de forma enérgica a la CIDH seguir visibilizando el impacto negativo de la corrupción. En particular sugirieron a la Comisión “incorporar en su planificación institucional una área específica de corrupción y derechos humanos, así como designar a uno de sus funcionarios como punto focal y especialista en el tema”, como destacó Ramiro Orias, de la Fundación para el debido proceso (DPLF), contribuyendo así al crucial reconocimiento de las víctimas de corrupción como víctimas de violaciones a los derechos humanos.
